El Gobierno de Giorgia Meloni plantea penas de hasta 5 años de cárcel y multas de 20.000 euros para quienes participen en disturbios con el rostro cubierto o causen heridas. La medida incluye que los padres respondan económicamente cuando el infractor sea menor.
El Gobierno de Giorgia Meloni plantea penas de hasta 5 años de cárcel y multas de 20.000 euros para quienes participen en disturbios con el rostro cubierto o causen heridas. La medida incluye que los padres respondan económicamente cuando el infractor sea menor.
El Ejecutivo de Giorgia Meloni ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas penales y económicas para atajar los disturbios callejeros. La propuesta contempla penas de hasta 5 años de cárcel y multas que alcanzan los 20.000 euros para quienes participen en altercados con el rostro cubierto o causen lesiones a otras personas. El anuncio llega en un contexto de tensión por las protestas que han sacudido Italia en las últimas semanas.
El texto distingue dos agravantes claras. Si el infractor lleva el rostro cubierto, la pena se eleva. Si además ha herido a alguien, el castigo aumenta todavía más. La lógica es la de disuadir tanto el anonimato como la violencia física durante las manifestaciones.
La horquilla de hasta 5 años sitúa estos delitos en un escalón serio del Código Penal italiano. La multa de 20.000 euros no es una cifra simbólica: para muchos bolsillos supone un golpe difícil de absorber.
El mensaje central de la propuesta es que el coste de los destrozos recaiga sobre quien los causa. Y cuando el infractor es menor de edad, la responsabilidad económica se traslada a sus progenitores. Es decir, los padres tendrían que hacer frente a la multa o a la reparación de los daños.
La medida toca un debate jurídico clásico: hasta dónde puede exigirse a la familia por los actos de un hijo menor. En términos económicos, traslada el incentivo de control al núcleo familiar.
Más allá de la disuasión penal, el plan responde a una preocupación contable: los daños en mobiliario urbano, comercios y vehículos se pagan con dinero público. La fórmula de Meloni busca que ese gasto no recaiga sobre el contribuyente general.
Queda por ver cómo se concreta en la práctica y qué margen deja la legislación italiana vigente. Cualquier interpretación legal del texto corresponde a los tribunales.
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