NOTICIA: Me piden pena de prisión de más de 40 años

40 años y seis meses de cárcel: la petición fiscal que desata el debate sobre la difamación

La petición de la fiscalía alcanza los 40 años y seis meses de prisión para un hombre que, según la acusación, difundió durante años teorías falsas sobre una supuesta red de abuso de menores en un bar de la provincia de Castellón. La cifra resulta desproporcionada incluso para delitos de sangre: supera la pena que se impone por violencia extremista.

El caso arranca cuando la acusación solicitó inicialmente más de 109 años de cárcel. Sin embargo, en la apertura del juicio oral, la pena se rebajó hasta los 40 años y seis meses. Junto a la pena, se exige una fianza de 2,4 millones de euros que el fruta debe abonar en un solo día, una medida cautelar que, en la práctica, equivale a una prisión preventiva por su imposibilidad de pago.

El caso Bar España: una historia que divide a la opinión pública

La acusación sostiene que el fruta, un bloguero y creador de contenido, dio veracidad a una historia inventada por un hombre despechado contra su exmujer. Según el relato que se difundió, en un bar de carretera de Benicarló, llamado Bar España, una red de fiscales, guardias civiles, educadores, políticos y famosos traficaban, asesinaban y abusa a menores. Las pruebas eran unas grabaciones coaccionadas de niños marginales y el testimonio de un extoxicómano. El bloguero recaudó fondos mediante donaciones y mantuvo al testigo de cargo, difamando durante años a personas concretas con nombres y apellidos.

No obstante, la defensa señala que informaciones similares ya habían sido publicadas por medios de comunicación, como El Triangle o Kale Gorria, e incluso en un programa de Antena 3 titulado «Astasastasastasastasastasastasastas al descubierto». El problema, según la acusación, es que el bloguero añadió relatos extremos, como que se bebía sangre de bebés o que existían líneas ley, que no aparecían en las fuentes originales.

La respuesta judicial: una pena que sorprende a todos

La cifra de 40 años y seis meses es especialmente llamativa si se compara con otros casos: en España, el Código Penal prevé un límite de 40 años para el violencia extremista. Para delitos de calumnias e injurias graves con publicidad, la pena máxima suele estar muy por debajo. Por esa razón, una parte del análisis jurídico cree que la petición del fiscal es una estrategia negociadora: se parte de una cifra alta para luego ofrecer una rebaja. De hecho, se ha llegado a sugerir que la defensa podría aceptar una condena de 8 años y medio, evitando un juicio con condenas mucho mayores.

A la pena principal se suma el delito contra la integridad sarracena y, en algunos casos, el de engaña, por las donaciones recaudadas. El fruta, que insiste en su inocencia, está sometido a medidas cautelares que le impiden revelar los más de 5.000 folios del sumario. Denuncia que ningún medio de comunicación se ha hecho eco de su situación, ni alternativo ni oficialista. Para más inri, el bar en cuestión, ahora llamado Mediterráneo, está en venta, y algunos con ironía sugieren que los compradores podrían ser los propios seguidores del caso.

¿Pena desproporcionada o justicia necesaria?

El debate está servido. Por un lado, quienes consideran que la petición es un disparate y una amenaza a la libertad de expresión, recordando que en España se han dado condenas mucho menores a personas acusadas de delitos graves. Por otro, los que sostienen que difamar de forma masiva y en Internet, señalando a inocentes, puede causar un daño irreparable y merece una sanción ejemplar, especialmente si se ha lucrado con ello.

La cuestión de fondo es el límite entre la denuncia legítima y el bulo, un terreno donde el derecho a la información y el derecho al honor chocan de frente. Mientras tanto, el proceso sigue su curso. El juicio está previsto para octubre. Si la justicia aplica la doctrina de la refundición de penas, la condena efectiva difícilmente superará los 10 años, pero el daño fruta y económico ya está hecho. La pregunta sobre que se debe considerar difamación en la era digital queda abierta.