Me ha multado la Policía Local y me ha dado que pensar...

Multa de 400 euros por arrancar una Mobilette: la ley contra el sentido común​

Imagínese volver a casa de sus padres tras un año fuera, con la ilusión de poner en marcha la vieja Mobilette Cady que le recuerda su juventud – una moto de 45 kg, 2,7 CV, más pequeña que una bicicleta de montaña. Sale del garaje, la empuja para arrancar (porque así funcionan estos motores antiguos), y a los 30 metros se encuentra con la Policía Local: dos multas que suman 400 euros. Sin casco, ITV caducada, y un error en el portal – el 7 en vez del 5. La anécdota, publicada en un foro, ha encendido un debate profundo sobre la discrecionalidad policial, la recaudación municipal y la pérdida de proporcionalidad en las sanciones de tráfico.

El caso: un ciclomotor de 40 años en la Galicia profunda​

El protagonista reside en un municipio de 14.000 habitantes, en una calle ciega con poco tráfico. Su Mobilette Cady, de más de 40 años, es una auténtica reliquia que solo utiliza para trayectos cortos durante las vacaciones. Según su relato, lleva «mil millones de veces» arrancándola delante del portal sin incidentes. Pero esta vez, un vecino llamó a la policía – harto, según otra versión, del ruido de la moto. La patrulla llegó, le denunció por circular sin casco y con la ITV caducada, y le impuso dos sanciones. El afectado describe a los agentes como «un chaval de menos de 25 años y un panchito» – calificativos que, más allá de su carga, reflejan la percepción de un trato desproporcionado.

¿Tiene margen el policía para no multar?​

El debate jurídico se centra en el famoso «margen de apreciación» del agente. La ley de Tráfico (artículo 87.1) obliga a denunciar las infracciones observadas. Sin embargo, desde el foro se argumenta que un aviso habría cumplido mejor la función pública que imponer dos recetas de 200 euros cada una. Un participante con conocimientos legales matiza: no existe un poder discrecional para perdonar a voluntad; no denunciar podría constituir prevaricación. Pero ahí radica la tensión: entre la legalidad formal y el sentido común. El trayecto era ridículo, la moto una chatarra con valor sentimental, y el riesgo objetivo, mínimo. Aun así, el sistema no admite matices: sin ITV, no puede circular, ni siquiera 30 metros.

Recaudación municipal o persecución al pequeño aficionado​

Una corriente de opinión sostiene que la Policía Local actúa como una máquina recaudadora. Se menciona que en los pueblos pequeños la policía municipal es casi una fuerza de ocupación: multa por cualquier detalle para justificar su existencia. La comparación con los patinetes eléctricos es inevitable: esos vehículos, que pueden superar los 25 km/h y son más peligrosos, no requieren ITV ni seguro obligatorio. Mientras, a un ciclomotor de 45 kg de los años 80 se le exige lo mismo que a un coche. La paradoja enfurece a los aficionados a los vehículos clásicos, que ven cómo su afición se convierte en objetivo fiscal.

Vecinos, ruido y convivencia: la otra cara​

No todo es crítica a la policía. Varios participantes señalan que el denunciante no es una víctima inocente: una moto antigua, con escape original o modificado, puede ser ruidosa. «Arrancar una cady a empujones no es silencioso», apunta uno. Los vecinos que llamaron podrían estar hartos de oírla cada año. El afectado mismo reconoce que sabe que la moto molesta, pero lo ha hecho siempre. La convivencia en los pueblos se resiente cuando un individuo antepone su nostalgia al descanso colectivo. Aquí el debate se bifurca: ¿dónde está el límite entre la libertad personal y el derecho al silencio?

Conclusión: una ley que no distingue entre el peligro y la tradición​

La historia de la Mobilette Cady es una gota en un mar de multas que los ayuntamientos imponen cada día. Muestra cómo la norma, pensada para la seguridad vial, se aplica sin matices, castigando por igual a un temerario y a un aficionado que saca su vehículo clásico una vez al año. Mientras tanto, los patinetes eléctricos – sin ITV, sin seguro y a menudo sin casco – campan a sus anchas. ¿Hasta cuándo el sentido común será arrinconado por el expediente cerrado?