Marruecos dice a la ONU que con España no hay frontera terrestre
El Gobierno marroquí tenía que explicar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU algo muy concreto: por qué sus fuerzas hicieron un «uso excesivo y letal de la fuerza» contra migrantes de origen africano en el salto masivo a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Rabat respondió hablando de mapas. En su carta, adelantada por Europa Press, el reino alauí deja sentado desde el primer párrafo que «no cuenta con fronteras terrestres con España». Si no hay frontera, no hay valla. Y sin valla, la pregunta incómoda se disuelve sola.
La doctrina del presidio ocupado
La fórmula no es nueva. Rabat no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y hay quien añade Canarias a la lista de agravios. Lo relevante es el escenario: trasladar la tesis a una respuesta formal ante un organismo internacional especializado en derechos humanos convierte la negación de la frontera terrestre en el marco argumental con el que se justifica lo ocurrido en la verja. Melilla, en esa lectura, no es una ciudad española con una frontera, sino un presidio ocupado cuya valla no existe jurídicamente. España sostiene lo contrario desde hace siglos, y el pulso no se dirime en tribunales, sino en la negociación diaria.
Quién defendería Ceuta y Melilla si ese territorio queda fuera del paraguas
Aquí está el punto que más incomoda en Madrid y que explica por qué esta carta se ha leído como algo más que un exabrupto diplomático. El tratado fundacional de la Alianza Atlántica delimita con precisión el ámbito geográfico protegido, y ese ámbito no incluye el suelo africano. Un ataque sobre Ceuta y Melilla, por tanto, no dispara automáticamente la respuesta colectiva. Quien lo recuerda recibe siempre la misma réplica: la disuasión no es una cláusula, es voluntad política, y ningún aliado tiene competencias sobre la política de fronteras ni sobre las ayudas a la inmigración, que son estrictamente españolas. Culpar a la Alianza de lo que pasa en la verja es confundir un seguro de incendios con la brigada municipal de limpieza.
El tratado de Lisboa, el único paraguas que se invoca
La cobertura que sí se cita es europea: la cláusula de asistencia mutua del tratado de Lisboa, que obliga a los Estados miembros a prestarse ayuda en caso de agresión armada. Ceuta y Melilla forman parte del territorio de la Unión, con estatutos particulares en materia aduanera. El problema no es la letra, es el precedente: la cláusula no se ha ensayado nunca. Y en ese hueco crece la desconfianza, la misma que brota cada vez que se compara el trato recibido con el que recibe Gibraltar, colonia británica en suelo ibérico que nadie en Washington cuestiona. Sobre la mesa sigue, además, el episodio del espionaje al presidente del Gobierno con el programa Pegasus, vinculado en las informaciones publicadas a servicios marroquíes.
Del 4% al 6% del PIB: la factura que no paga ningún aliado
La carta ha reanimado el viejo argumento de que la primera defensa de una frontera es el presupuesto propio. Las referencias que se manejan son altas: un compromiso mínimo del 4% del PIB en defensa y escenarios de hasta el 5%-6% para un país que es frontera exterior de la Unión Europea y de la Alianza al mismo tiempo. España no cubría ese objetivo. El modelo que se cita como alternativa realista es el sueco: un país pequeño que fabrica en casa cazas Gripen, submarinos clase Gotland y misiles NLAW precisamente para no depender de que venga nadie a defenderle.
Perejil, la central nuclear y la luz verde que se vigila
En el argumentario hay un precedente que se repite: el islote de Perejil, cuando Washington sí levantó el teléfono para recomponer el statu quo. De ahí la hipótesis que circula con más fuerza: Rabat negocia con Moscú la construcción de una central nuclear, y si ese acuerdo se rompe, se leerá como señal de que ha recibido luz verde para apretar en Ceuta y Melilla. Es una hipótesis sin confirmación oficial y conviene tratarla como tal. Pero explica por qué cada gesto diplomático de Marruecos se escruta ahora como si fuera un semáforo.
Quedan dos certezas incómodas. La primera: un expediente abierto por muertes en una verja se ha convertido en un pleito sobre si esa verja existe. La segunda es el rango de cifras que sobrevuela todo el asunto, entre el 4% y el 6% del PIB. Eso es lo que costaría defenderse sin esperar a nadie. Y eso, hoy, no lo paga ningún aliado.