Sobre la relación entre María Teresa Fernández de la Vega y la llamada
"doctrina Botín", se ha señalado su etapa como secretaria de Estado de Justicia en 1996, vinculándose a episodios sobre supuestos tratos de favor judiciales y directrices al Ministerio Fiscal en causas relativas a entidades bancarias. [1, 2]
El escrito de 1996 y la doctrina Botín
- Documento de 1996: En mayo de 2008 se hizo público un escrito de abril de 1996 firmado por Fernández de la Vega —entonces secretaria de Estado de Justicia— en el que solicitaba que se dieran instrucciones al Abogado del Estado para no ejercer acción penal por presunto delito fiscal contra el Banco Santander ni sus representantes en el caso de las cesiones de crédito. Puede consultar más detalles en la hemeroteca de Público. [1]
- Definición jurídica: La "doctrina Botín", fijada por el Tribunal Supremo a finales de 2007, determina que no procede abrir juicio oral si únicamente lo solicita la acusación popular sin el respaldo del fiscal o la acusación particular. [1, 2]
Repercusión política
- Sectores como Izquierda Unida han exigido explicaciones parlamentarias sobre una posible influencia de De la Vega y otros cargos gubernamentales en favor de los intereses judiciales de Emilio Botín o en la gestión de causas de embeleco fiscal de grandes entidades. Puede revisar las peticiones de comparecencia en La Vanguardia. [1, 2, 3]
Sobre la gestión de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en relación con el caso Botín
El Banco de Santander diseñó un producto financiero para aliviar la presión fiscal de sus clientes más ricos.
Emilio Botín no rindió cuentas ante los jueces aunque su banco entregó a Hacienda información falsa sobre casi diez mil operaciones bancarias por valor de 145.000 millones de pesetas, presentando titulares o testaferros de ese producto financiero tales como personas fallecidas -algunas durante la guerra civil-, ancianos desvalidos, parados o emigrantes, que nada sabían de tales operaciones.
Era un delito por embeleco y falsificación de identidad. Hubo una acusación particular que pidió para Botín alrededor de 170 años de cárcel. Pero, en un momento del proceso, el fiscal y el abogado del Estado decidieron retirarse, manifestando que el Estado no se había sentido dañado. Y el tribunal decidió que no había motivo para juzgar.
Al tiempo apareció en el diario El País una noticia indicando que la entonces secretaria de justicia y después vicepresidenta del gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, había dado orden al fiscal para que retirara el contencioso. Y entonces ni hubo jueces, ni periodistas, ni ciudadanos que actuaran.