Sin subsidio, sin voto: el plan de Marcos de Quinto
La analogía de la comunidad de vecinos funciona sobre el papel. El propietario que no paga la cuota no vota en la junta; puede opinar, pero no decide. Trasladado al conjunto del Estado, el razonamiento de Marcos de Quinto resulta inquietante: si no contribuyes, no eliges. Su propuesta, que circula como reacción al actual sistema de prestaciones, dejaría fuera del censo a los perceptores de subsidio por desempleo y a los beneficiarios de la renta mínima vital. El objetivo declarado: combatir el clientelismo y evitar que una mayoría de mantenidos decida incrementar el gasto público.
Los límites del discurso contra el 'mantenido'
La réplica ha sido inmediata y contundente: la medida señala al eslabón más débil. Si la regla es que quien recibe dinero de las arcas públicas no vota, el recorte debería aplicarse también a los pensionistas, a los funcionarios, a los políticos y a las empresas que viven del Boletín Oficial del Estado. «O aportas o apartas», resumen los partidarios de una versión extendida que incluiría a los jubilados y a los empleados públicos. El problema, apuntan los críticos, es que la propuesta original no busca combatir el parasitismo, sino fomentar el clasismo.
La sombra del sufragio censitario
La discusión no es nueva. La Revolución Francesa ya enfrentó a quienes querían reservar el voto a los propietarios con los defensores del sufragio universal. Condicionar el derecho al voto a la aportación neta al sistema reabre una herida histórica. Hay quien sostiene que la democracia universal ha fracasado y que hay que buscar alternativas. Otros, más cautos, recuerdan que ese camino suele acabar en control de la plebe, no en mejor gobierno.
La pregunta queda abierta: si el voto se paga con cotizaciones, ¿dónde se traza la línea? ¿La paga un pensionista que cotizó cuarenta años? ¿La paga un funcionario que cobra del presupuesto? El plan de Quinto no responde. Sus críticos tampoco.