MARCHA VERDE 2.0

El comité marroquí para Ceuta y Melilla que alerta a España​

Treinta toneladas de material acarreadas a brazo hasta un peñón perdido en el norte de África, repartidas en 33 jornadas «a destajo». No es una metáfora de manual militar: es el refuerzo que el Ejército de Tierra ha dado por concluido en el Peñón de Alhucemas, uno de los enclaves que Marruecos reclama. La escena, difundida junto al rastro de un patrullero de la Armada rastreando aguas próximas, resume el pulso que se sigue con atención creciente desde Ceuta y Melilla: Rabat mueve piezas civiles y militares, Madrid responde con hormigón y vigilancia, y nadie sabe si esto es disuasión o el primer acto de algo más.

El comité que Rabat pone sobre la mesa​

El detonante de la alerta es un movimiento que se ha venido leyendo como una declaración de intenciones: la formación de un comité orientado a reclamar formalmente la soberanía sobre Ceuta y Melilla. La jugada no es nueva en el fondo —el mapa de reivindicaciones territoriales lleva décadas sobre la mesa— pero sí en la forma y en el momento. A esa pieza se suman otras que dibujan un patrón: una inversión de 50 millones de euros canalizada hacia organizaciones civiles para reclamar Ceuta después del Mundial 2030 y el despliegue, cerca de las dos ciudades autónomas, de batallones especializados en guerra electrónica.

La lectura dominante entre quienes siguen el asunto con lupa es que Rabat ha dejado de moverse solo en el terreno diplomático y ha empezado a construir una arquitectura de presión que combina lo civil, lo mediático y lo militar. El comité, la inversión y los batallones no serían piezas sueltas, sino eslabones de una misma cadena. El problema es que esa cadena admite dos interpretaciones opuestas: presión negociadora de fondo o preparación de un escenario más duro. Y, de momento, ninguna se impone.

Patrulleros, Alborán y la línea de costa que se actualiza​

La respuesta española ha sido, sobre el papel, de manual. El patrullero de altura Serviola (P-71) ha rastreado las proximidades de los peñones españoles en el norte de África. La Armada ha actualizado la línea de costa de la Isla de Alborán —territorio que Marruecos también reclama— y la ha declarado «prioridad» tras el incremento de llegadas. Y el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, ha mantenido entrevistas con los mandos militares que protegen las islas y peñones próximos a la costa marroquí.

El refuerzo no se limita al norte de África. Otras fuentes apuntan a un despliegue de presencia militar en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares en la misma ventana temporal. Que se refuercen simultáneamente dos archipiélagos y dos ciudades autónomas admite lecturas: o se cubre un abanico geográfico amplio por precaución, o alguien ha decidido que el riesgo ya no es hipotético. Y hay un detalle que a más de uno le ha llamado la atención: el material del Peñón de Alhucemas subió a brazo, sin grúa, jornada a jornada. La logística de un peñón no permite otra cosa, pero el simbolismo de acarrear treinta toneladas a pulso se lee solo.

La ventana de cuatro años: por qué se ve una oportunidad única​

Buena parte del análisis que circula coincide en un punto incómodo: el timing. La coincidencia de un gobierno español que se percibe como poco dispuesto a tensar la cuerda con Rabat y una Administración estadounidense dispuesta a mirar hacia otro lado se lee como una ventana que Marruecos no habría tenido en décadas. El argumento no es tanto que la anexión sea inminente, sino que el coste de intentar un movimiento —un amago, una escalada controlada— nunca habría sido tan bajo en términos relativos.

Hay quien lo formula sin rodeos: la oportunidad que tiene Rabat con el actual inquilino de La Moncloa no se le habría presentado en cincuenta años. Y hay quien responde con escepticismo de largo recorrido: que tampoco habría supuesto un problema con el PP al frente, porque la sensación dominante es que ninguna alternancia cambiaría realmente el guion. La desconfianza, en este caso, no va contra un color político concreto, sino contra el propio margen de maniobra que se atribuye a España. Esa es, quizá, la grieta más profunda que se abre en toda la discusión.

El frente migratorio: repatriaciones, menores y presión sanitaria​

En paralelo al tablero militar, la tensión se cuela por la frontera. Marruecos ha exigido la repatriación de los menores no acompañados que están en España, una reclamación que algunos leen como moneda de cambio y otros como ajuste de cuentas diplomático. A esa exigencia se han sumado alertas de carácter social y sanitario: el sindicato CSIF ha avisado del riesgo de brotes infecciosos en Ceuta ante las condiciones higiénicas, y varios colegios de médicos de distintas regiones han respaldado a la ciudad y reclamado más recursos sanitarios.

A la reclamación de menores se añaden voces que describen la llegada masiva como un escudo para infiltraciones de perfiles de riesgo, una tesis que circula sin respaldo probatorio y que conviene tratar como lo que es: una sospecha expresada en el fragor del momento, no un hecho acreditado. Lo verificable es que la presión sobre servicios públicos y sanitarios se ha convertido en el argumento más repetido entre quienes reclaman una respuesta más firme. La discusión sobre el modelo migratorio ha dejado de ser abstracta para anclarse en la sanidad ceutí.

La vía judicial y las ONG en el punto de mira​

La escalada también ha tomado la vía de los tribunales. La plataforma Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el rey Mohamed VI por la gestión de la presión migratoria sobre Ceuta. Es una pieza más simbólica que operativa —las denuncias de este tipo rara vez prosperan— pero sirve para medir hasta dónde ha llegado la temperatura. En paralelo, la detención de dos activistas de una ONG, acusados de alentar a grupos violentos contra las fuerzas de seguridad, ha reabierto el debate sobre la fiscalización de las organizaciones que operan en la frontera sur.

Sobre esto hay que ser cuidadoso: se trata de detenciones y acusaciones en fase preliminar, no de condenas. Pero el hecho de que se produzcan alimenta a quienes sostienen que parte del ecosistema de organizaciones que trabaja en la zona merece un escrutinio más profundo, y a quienes advierten del riesgo de criminalizar la labor humanitaria. Ninguna de las dos posturas está resuelta, y el asunto sigue abierto.

La hoja de ruta que nadie menciona y el dato que no cuadra​

Conviene recordar, para no perder la escala, que existe un marco diplomático desde 2022 —el llamado Roadmap— que se supone que ordena la relación entre ambos países. Sobre el papel, ese marco sigue vigente. En la práctica, la suma de comité, inversión civil, batallones electrónicos y refuerzos a ambos lados del Estrecho sugiere que el marco importa bastante menos que los hechos sobre el terreno.

Y aquí está el detalle que descoloca: si de verdad existiera una oportunidad histórica de anexión, el coste de intentarla no cuadra con el movimiento observado. Un comité y cincuenta millones en organizaciones civiles son herramientas de presión lenta, no de anexión rápida. O Rabat está jugando a largo plazo, o el ruido es mucho mayor que la ambición real. Con los datos disponibles, saber cuál de las dos cosas es cierta sigue siendo el gran hueco sin rellenar.