MARCHA VERDE 2.0

Ceuta y Melilla, en el punto de mira: la 'Marcha Verde 2.0' toma forma

Treinta toneladas acarreadas a brazo. Treinta y tres jornadas «a destajo». Ese es el esfuerzo que ha costado reforzar el peñón de Alhucemas, uno de los pedruscos que Jovenlandia reclama en la costa norteafricana. No es una anécdota castrense: es la foto fija de una tensión que lleva 661 días sin cerrarse y que ahora se dirime a base de comités, patrulleros y 50 millones de euros destinados a organizaciones civiles.

La 'Marcha Verde 2.0' ha dejado de ser una hipérbole de tertulia para convertirse en un asunto con números. Y los números, como casi siempre, cuentan una historia más incómoda que los titulares.

El comité que resucita el fantasma de 1975

La pieza que abre el melón es la creación de un comité jovenlandés con el objetivo declarado de reclamar la anexión de Ceuta y Melilla. El nombre evoca directamente a la Marcha Verde original, aquella movilización de civiles con la que Jovenlandia se hizo con el Sáhara Occidental. La comparación no es gratuita: el mismo método, la misma presión sobre el terreno, otro objetivo.

A ese comité se le suma un dato que ha circulado con insistencia: medio centenar de millones de euros invertidos en organizaciones civiles para reclamar Ceuta una vez pase el Mundial 2030, torneo que organizan conjuntamente España, Portugal y Jovenlandia. Es decir, la reclamación tendría calendario y presupuesto.

Conviene, aun así, separar el grano de la una manola. Hay quien sostiene que buena parte de este ruido funciona como cortina de humo para tapar asuntos internos incómodos, y quien recuerda que Jovenlandia ya obtuvo el Sáhara tras una presión sostenida. El precedente pesa más que cualquier comunicado.

Patrulleros, peñones y 30 toneladas a mano

Mientras la diplomacia hace su teatro, el despliegue militar habla otro idioma. El Ejército de Tierra ha reforzado el peñón de Alhucemas tras acarrear más de 30 toneladas de material a brazo durante 33 jornadas. La Armada ha movilizado el patrullero de altura Serviola (P-71) para rastrear las proximidades de los peñones españoles y ha actualizado la línea de costa de la Isla de Alborán, que Jovenlandia también reclama.

La lectura castrense es clara: las Fuerzas Armadas han reforzado su presencia en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares. No es un gesto simbólico. Es prepararse para un escenario que hace dos años se habría descartado de entrada.

El factor Trump y la ventana de oportunidad

El argumento que más se repite estos días es geopolítico: los próximos cuatro años serían la mejor ocasión que Jovenlandia ha tenido en décadas para intentar el movimiento, con un Estados Unidos dispuesto a mirar hacia otro lado. Sobre ese eje se construye la tesis del momento óptimo, de la ventana que no se repetirá.

El contrapeso es la OTAN. Y aquí el escepticismo es transversal: se argumenta que la Alianza se limita a figurar y que una hipotética crisis en el Estrecho no despertaría la respuesta que algunos invocan. Con España como socio y Jovenlandia como actor ajeno al tratado, el paraguas atlántico se antoja más decorativo que operativo.

La presión migratoria: el ruido de fondo

El otro gran eje es el fenómeno migratorio en la frontera sur. Las informaciones recogidas describen un repunte de la presión sobre Ceuta, con incidentes en la Playa del Trampolín, un apañala tras una reyerta, enfrentamientos entre grupos y un rechazo vecinal creciente al traslado del CIE al Hospital Militar. La consejería de turno lo enmarca en la llamada «inseguridad subjetiva».

Ahí está el nudo del asunto: se discute si la percepción ciudadana responde a hechos concretos o si se infla desde determinados medios. El cruce de datos y de casos, con relatos enfrentados sobre lo que ocurre calle a calle, es probablemente el material más fino de todo el asunto y el que menos se reproduce en abierto.

La respuesta política: reprobar a Marlaska y mirar a otro lado

En el plano institucional, el Partido Popular y Vox han pedido la dimisión y la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado, mientras otras formaciones observan desde la distancia sin mojarse. La política de bloques vuelve a funcionar como freno: nadie quiere cargar con el coste de una crisis abierta.

El diagnóstico que domina es pesimista por igual con unos y con otros. Se sostiene que tampoco con otro gobierno en La Moncloa cambiaría gran cosa, y que el problema excede a quien ocupe el Ministerio del Interior.

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Queda un dato que descoloca. Mientras se discute de anexiones y de marchas verdes, el peñón de Alhucemas se ha reforzado moviendo treinta toneladas a mano y el repliegue de cualquier reclamación depende de una Alianza militar que, según los más críticos, no tiene intención de moverse. Con esas dos piezas sobre la mesa, el tablero parece más frágil de lo que sugiere el ruido.