La CPI recibe una denuncia por los 200 muertos de Ceuta
¿Llegará algún día un jefe de Estado al banquillo de La Haya por dejar morir a gente en una frontera? Esa pregunta sobrevuela la denuncia que Manos Limpias ha presentado contra Pedro Sánchez y Mohamed VI por la crisis de Ceuta. El escrito pone sobre la mesa 200 muertos y pide a la Corte Penal Internacional que preserve las pruebas.
La querella tiene mucho más recorrido mediático que jurídico. Quienes ya han echado cuentas recuerdan que la CPI rara vez condena por pasividad: basta invocar falta de medios para justificar una distribución limitada de guardias civiles y policías. No es lo mismo no impedir una entrada masiva que exterminar activamente a un colectivo, como en los regímenes totalitarios o las dictaduras militares. Esa es la línea roja del derecho penal internacional, y la frontera entre un crimen y una tragedia se juega ahí.
Mientras tanto, las cifras se mueven en un terreno pantanoso: la denuncia habla de 200 muertos; otras lecturas paran el contador en más de 100. Por el camino se cuelan los 500 menores cuya devolución habría reclamado su país y el famoso «efecto llamada» que nadie ha cuantificado. PP y PSOE, mientras tanto, siguen a lo suyo: fotos y palabras.
La CPI puede tardar años o archivar el asunto en semanas. Pero al menos la cifra de 200 muertos ya está sobre la mesa de alguien que no es un tuit. La justicia internacional tiene esa virtud: convierte hasta el peor desastre en un expediente. Y los expedientes, ya se sabe, nunca acaban condenando a nadie en portada.