El Salvador de Bukele: ¿milagro de seguridad o autocracia encubierta?
En 2025, El Salvador recibió 4 millones de turistas, superando a Costa Rica (2,7 millones) y Panamá (3 millones). El país que hace cinco años era uno de los más peligrosos del mundo ahora es un destino de moda. La receta: una megacárcel, detenciones masivas y un presidente que se pasea con la etiqueta de “dictador” a cuestas. Pero los datos son tozudos: la inseguridad se ha desplomado. La pregunta es a qué precio.
Los números de la seguridad
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40.000 presos, es la punta de lanza de la política de “mano dura”. Los pandilleros de la Mara Salvatrucha cumplen condenas sin posibilidad de salir, y algunos trabajan para reparar daños causados por sus crímenes. El resultado: la tasa de homicidios cayó de más de 100 por cada 100.000 habitantes a menos de 5. Las calles, antes tomadas por las maras, ahora se llenan de turistas y emprendedores. Bukele presume de que el gasto público se multiplicó en infraestructuras, escuelas y hospitales con el lema “el dinero alcanza si no se roba”. La economía se disparó: los pequeños negocios que temían la extorsión ahora invierten, y el turismo genera ingresos millonarios.
El precio de la seguridad
Sin embargo, el modelo tiene un reverso. Organizaciones de derechos humanos documentan detenciones arbitrarias y desapariciones. Se calcula que miles de inocentes han sido encarcelados sin pruebas, y los pinchazos telefónicos masivos violan la privacidad. Bukele legalizó el bitcoin en 2021, una jugada que sus críticos tildan de irresponsable: la criptomoneda se desplomó un 70% desde su adopción, y el país perdió millones. Las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales planean sobre su entorno. Además, antiguas capturas de pantalla muestran que la web oficial de El Salvador promocionaba la Agenda 2030, lo que alimenta las sospechas de que Bukele no es tan antisistema como aparenta. La deuda pública se disparó para financiar la megacárcel y el ejército, y las remesas familiares –que sostienen gran parte de la economía– podrían resentirse si la inseguridad regresa.
El debate sobre Bukele es una pelea entre el dato y la ideología. Los números avalan su eficacia, pero la falta de contrapesos y los desmanes autoritarios siembran dudas sobre la sostenibilidad del modelo. ¿Es posible tener seguridad sin sacrificar libertades? La pregunta sigue abierta.
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