Madrid, sin acceso en coche

Madrid aprieta el cerco al coche viejo: la etiqueta que nadie pidió​

Un BMW pequeño, de alta gama, con menos de 75.000 kilómetros y matrícula anterior a 2001. Impecable. Y sin derecho a la etiqueta ambiental que la DGT concede por año de matriculación, no por emisiones reales. Esa es la escena que abre el malestar: un vehículo que pasa la ITV sin problemas queda fuera del reparto oficial de distintivos por una fecha, no por lo que sale por el tubo de escape. La dueña del coche fue a Correos a pedir la pegatina y se la denegaron. El cabreo, a partir de ahí, se extiende a todo lo demás: Madrid Central, la M-30, el protocolo anticontaminación y la sospecha de que el objetivo final no es el aire, sino el bolsillo.

Qué es la etiqueta ambiental y quién la concede​

La primera corrección al relato del enfado es administrativa: las etiquetas las emite la DGT, no el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio solo puede regular por dónde circula cada distintivo. Es una distinción que se repite en la conversación porque cambia el destinatario de la queja: la clasificación por año de matriculación viene de arriba, no del palacio de Cibeles.

El segundo matiz desmonta la versión más catastrofista. Un coche sin etiqueta sí puede circular por Madrid** fuera de Madrid Central y siempre que no haya protocolo activado. No hay un muro invisible en la M-40. La restricción dura golpea a la almendra central y a los episodios de alta contaminación, no a toda la ciudad las 24 horas. Quien sostiene lo contrario, sostiene de más.

El año de matriculación como criterio: la crítica técnica​

El argumento más sólido que circula no es el del propietario cabreado, sino el del ingeniero de salón: legislar por año es una chapuza. Hay coches de 1999 que admiten GLP y cumplen Euro 3**, mientras otros más modernos contaminan más. La ITV mide emisiones reales; la etiqueta mide una fecha en un papel. Esa disonancia es la que alimenta la sensación de arbitrariedad.

A partir de ahí, la desconfianza se dispara. Si el criterio es el año, mañana cambia. Los verdes pasarán a amarillos y los amarillos a rojos conforme el parque móvil se renueve. La etiqueta no es una foto fija: es una escalera que empuja hacia el concesionario. Quien hoy está dentro, mañana estará fuera. Ese es el cálculo que muchos hacen y que explica por qué el enfado no se limita a los afectados actuales.

Madrid Central, excepciones y el negocio del acceso​

El diseño de Madrid Central incluye más excepciones de las que su nombre sugiere: residentes, invitaciones para visitar a ancianos en residencias, trabajadores nocturnos. Tantas que la reducción de tráfico en la Gran Vía se quedó en un 25%**, según los datos que se manejan. El fin del mundo anunciado no llegó. Llegó una rebaja moderada y una máquina de multas.

La sospecha recaudatoria planea sobre todo el diseño. Se apunta a que la próxima legislatura traerá peajes de acceso a la M-30 al estilo de Londres, y a que las bicicletas acabarán con matrícula. No hay confirmación de nada de eso, pero la lógica del sistema —identificar, clasificar, cobrar— hace que el temor sea verosímil. El coche viejo es solo el primer escalón.

El coste real: quién puede permitirse circular​

El eje económico atraviesa todo el asunto. Un coche de alta gama con 20 años no es un coche de pobre, pero la norma golpea igual a quien no puede cambiar de vehículo. La pregunta incómoda es si la restricción es una política ambiental o un impuesto indirecto sobre la movilidad de rentas medias y bajas. La respuesta depende de a quién se pregunte.

Hay quien recuerda que la etiqueta nació en la era Rajoy y que la oposición que hoy la critica la mantendría o la endurecería al llegar al poder. En otras capitales europeas, el patrón se repite: se restringe, se protesta, se gobierna y no se revierte. El aire mejora algo, el tráfico se desplaza y el contribuyente paga la transición.

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El coche de la amiga sigue aparcado, impecable, con menos de 75.000 kilómetros y sin pegatina. La ITV lo aprueba. La DGT lo ignora. Y el propietario, mientras tanto, mira el calendario y calcula cuántos años le quedan antes de que la próxima norma le alcance también a él.