La guerra generacional que esconde el verdadero conflicto: capital contra trabajo
Un jubilado se manifiesta pidiendo una subida de pensiones. A su lado, un mileurista de 30 años que sabe que sus cotizaciones no darán para cubrir ni de lejos lo que ese pensionista recibe. La escena se repite cada pocos meses en España, y el discurso oficial lo reduce a una pugna entre viejos y jóvenes. Pero los datos sugieren que la víctima y el verdugo no son quienes parecen.
Las cifras que envenenan el debate
En 2025, el gasto en pensiones contributivas alcanzó los 190.000 millones de euros. En el mismo ejercicio, la banca española —seis grandes entidades— registró un beneficio récord de 34.000 millones. Quienes señalan a los pensionistas como culpables del agujero fiscal olvidan que el capital, concentrado en muy pocas manos, absorbe una parte creciente de la renta nacional sin cotizar apenas. La masa salarial, que financia las pensiones, lleva cuatro décadas perdiendo peso en el PIB; el excedente empresarial, engordando.
El electorado que secuestra las urnas
Hay quien sostiene que los mayores de 65 años, al ser el grupo que más vota, han convertido las elecciones en una subasta de prebendas: pensiones, sanidad gratuita, dependencia. El sistema, atrapado en un equilibrio de Nash, no permite recortar sin perder elecciones. Y mientras, los jóvenes —menos cohesionados y con menor participación electoral— cargan con el coste. La Huelga General del 88, aseguran, no pedía pensiones de lujo sino equiparar la mínima a un salario mínimo perversos. Ahora, en muchas regiones, la pensión media supera al salario medio, una anomalía que solo se había visto antes en Grecia.
El propietario invisible
Sin embargo, otra corriente de análisis desvía el foco: el pensionista es el perceptor visible, pero el propietario invisible —el rentista que cobra alquileres, dividendos e intereses— desaparece del relato. Una pensión se ve en una nómina pública; una subida del alquiler o una comisión bancaria se difuminan en el día a día. La propiedad y la edad se solapan, pero el sujeto no es el viejo, sino el propietario protegido por el Estado. Buena parte del patrimonio inmobiliario y financiero está en manos de mayores, sí, pero también hay viudas con pensiones mínimas y jubilados que no poseen nada.
El rentista joven, el que hereda cinco pisos a los 30, es el mecanismo de transmisión de ese patrimonio, no la excepción. Y la gerontocracia internacional —amanes del capital al borde de ser entubados— completa el cuadro.
Con estos mimbres, el dato que descoloca es el siguiente: según estimaciones de la discusión, más de un 30% de la economía española podría ser extracción de rentas desde los trabajadores hacia los jubilados, vía pensiones, sanidad y alquileres. Pero incluso esa cifra, basada en un PIB que consideran inflado, podría quedarse corta si se incluyera el coste de oportunidad de un país que destina la mayor parte de su gasto público a mantener a una generación que ya no produce, mientras la infraestructura productiva se segarro. El debate, en cualquier caso, no ha hecho más que empezar.