Los sociatas catalanes perdonan cinco millones a los independentistas

Los sociatas catalanes perdonan cinco millones a los independentistas
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

La Generalitat de Cataluña, a través de un escrito de su Abogacía General, ha renunciado formalmente a la recuperación de los **5 millones de euros** presuntamente malversados durante el **procés**. Esta decisión allana el camino para que el **Tribunal de Cuentas** archive la causa contra los líderes independentistas implicados, aplicando la ley de amnistía.

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La Generalitat de Cataluña, a través de un escrito de su Abogacía General, ha renunciado formalmente a la recuperación de los 5 millones de euros presuntamente malversados durante el procés. Esta decisión allana el camino para que el Tribunal de Cuentas archive la causa contra los líderes independentistas implicados, aplicando la ley de amnistía.

La Generalitat renuncia a los fondos

El gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha dado un paso decisivo que podría cerrar definitivamente la investigación sobre la malversación de fondos públicos vinculada al procés. Mediante un escrito enviado a la Abogacía General de la Generalitat, se comunica al Tribunal de Cuentas la renuncia explícita a recuperar los 4,97 millones de euros que se estiman malversados. Esta postura, adoptada por la administración catalana, se presenta como la única parte perjudicada oficialmente y su renuncia es clave para que el tribunal pueda proceder al archivo de la causa. La decisión de la Generalitat se alinea con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 1 de junio, conocida como ley de amnistía, que busca extinguir la responsabilidad contable derivada de estos hechos.

El Tribunal de Cuentas y la amnistía

La consejera instructora del caso en el Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, había abierto una última vía para evitar la aplicación de la amnistía. Esta alternativa consistía en determinar si el dinero malversado había afectado a fondos europeos, ya que la amnistía no contemplaría estos casos. Ante esta posibilidad, la asociación Sociedad Civil Catalana presentó un escrito solicitando que no se archivase el caso sin investigar la procedencia de los fondos, argumentando que la compleja contabilidad de la Generalitat, especialmente en lo referente a la promoción exterior del procés, hacía difícil descartar la implicación de dinero europeo. Sin embargo, la renuncia formal de la Generalitat, como administración supuestamente perjudicada, debilita considerablemente esta línea de investigación, dejando al tribunal con un margen muy reducido para mantener viva la causa.

Avales y cautelas

La decisión de la Generalitat de renunciar a los fondos malversados tiene implicaciones directas en las medidas cautelares adoptadas previamente. El predecesor de Salvador Illa, Pere Aragonès, había ordenado la concesión de avales por más de nueve millones de euros para garantizar la responsabilidad contable de los acusados, evitando así el embargo preventivo de sus bienes. Estos avales, otorgados por el Institut Català de Finances, ascendieron a 4.146.274,97 euros para los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a 5.422.411,10 euros para la acción exterior entre 2011 y 2017. Con la renuncia de la Generalitat y la posible aplicación de la amnistía, se espera que estas medidas cautelares queden sin efecto, liberando a los implicados de la obligación de devolver el dinero. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha trasladado informalmente que la perspectiva es la de cerrar este capítulo, que ya no pudo resolverse con la consulta ilegal previa de 2014.

Datos clave
  • 5 millones de euros: importe presuntamente malversado.
  • Generalitat de Cataluña: administración que renuncia a la recuperación de los fondos.
  • Tribunal de Cuentas: organismo encargado de instruir la causa.
  • Ley Orgánica 1/2024: ley de amnistía que podría aplicarse.
  • Sociedad Civil Catalana: asociación que solicitó investigar la procedencia de los fondos.
Fuente: elmundo.es
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Un escrito de Illa aboca al Tribunal de Cuentas a aplicar la amnistía y salvar a los independentistas de devolver 5 millones por el 'procés'​

El Govern, el considerado perjudicado, renuncia definitivamente al dinero, mientras Sociedad Civil Catalana aún pide que no se archive el caso sin investigar si hay fondos europeos
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.EFE
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Carlos SegoviaMadrid
Madrid
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Actualizado Domingo, 13 septiembre 2026 - 02:18
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Un escrito de la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa salva definitivamente a los líderes independentistas del procés de devolver cinco millones malversados y aboca al Tribunal de Cuentas a amnistiarlos de su malversación.

El escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, ha sido enviado por la Abogacía General de la Generalitat de Cataluña para que el Tribunal de Cuentas archive por fin la causa abierta contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y una treintena de independentistas por haber malversado hasta cinco millones en el procés, incluido el referéndum ilegal de 2017.

La consejera del Tribunal de Cuentas que instruye el caso, Elena Hernáez, abrió a finales de julio una última vía para evitar la amnistía tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley gubernamental. La vía consistió en dar un plazo a las partes para que aclarasen si el dinero malversado afectó a fondos europeos, que es la única forma para no aplicar la amnistía. Sociedad Civil Catalana ha presentado un escrito -al que ha tenido también acceso este diario- asegurando que no se puede amnistiar a los independentistas sin verificar si alguna o todas las partidas malversadas por valor de 4,97 millones contó con recursos europeos e incide en que la intrincada contabilidad de la Generalitat catalana, especialmente en los gastos incurridos en la promoción exterior del procés, impiden archivar por ahora el caso sin abrir nuevas diligencias.

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Extracto del escrito remitido por la Generalitat de Cataluña al Tribunal de Cuentas para que aplique la amnistía sin más demora.E. M.
Sin embargo, la Generalitat de Cataluña ha enviado un escrito en sentido contrario que es clave para el cierre del caso, puesto que es la única Administración perjudicada oficialmente por la malversación independentista y el Govern de Illa renuncia definitivamente a recuperar el dinero. «Precisamente por su condición de sector público presuntamente perjudicada, la Generalitat de Catalunya manifiesta expresamente su conformidad con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 1 de junio [la de Amnistía], al presente procedimiento y con la consiguiente extinción de responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos objeto del mismo».

El abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, ha pedido al Tribunal de Cuentas, por el contrario, que la Generalitat catalana aporte «la documentación contable y presupuestaria indicada respecto de cada una de las partidas y permita determinar su fuente de financiación». Motiva esta petición de actuación porque, «a juicio de esta parte, estas limitaciones impiden extraer, de la mera ausencia en un asiento, extracto bancario o documento concreto de una referencia expresa a fondos europeos, la conclusión de que la financiación fuera exclusivamente autonómica».

El Gobierno no se atrevió en su día a aplicar la amnistía también a malversación de fondos europeos y la limita al erario español para evitar problemas con Bruselas, pero la asociación civil que se ha personado como acusación en el Tribunal de Cuentas -la Fiscalía ya ha desistido y antes aún la Abogacía del Estado- aún ve margen para acreditar vinculación del dinero público autonómico o nacional con el europeo que recibe recurrentemente el Estado y la propia Generalitat.

Sin embargo, técnicos del Tribunal de Cuentas consultados ven muy difícil mantener vivo el caso, pese a que el organismo fiscalizador fue el que primero planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE en busca de ayuda. La sentencia de éste respaldando la amnistía si no afecta a dinero europeo y la renuncia de Illa a ayudar en esa línea cierran la última ventana posible.

El abogado general de la Generalitat de Cataluña solicita expresamente al Tribunal de Cuentas -ver documento adjunto- que «se declare extinguida la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos objeto de enjuiciamiento».

También que «se absuelva de responsabilidad contable a todas las personas demandadas» y que, por tanto, no tengan que devolver el dinero. Y finalmente, que «se ordene el alzamiento inmediato de todas las medidas cautelares adoptadas». Esto interesa particularmente a la Generalitat, porque, como recuerda en su escrito, el predecesor de Salvador Illa, Pere Aragonès, ordenó avalar con más de nueve millones de euros a los propios dirigentes independentistas acusados de malversar dinero de la Generalitat, para que no hubiera que embargar preventivamente bienes a Carles Puigdemont o a Oriol Junqueras.

Recuerda que «la presunta responsabilidad contable se tuvo por garantizada cautelarmente mediante providencias de 26 de febrero de 2020, por importe de 4.146.274,97 euros (en relación con los gastos del referéndum de 1 de octubre de 2017), y de 4 de mayo de 2022, por importe de 5.422.411,10 euros (en relación con los gastos de la denominada acción exterior durante los ejercicios 2011 a 2017, en este último caso mediante avales otorgados por el Institut Català de Finances)».

También la defensa de los independentistas reclama al Tribunal de Cuentas que cierre definitivamente la causa.

La consejera responsable dispone aún de plazo estas semanas para cerrar o mantener viva la causa, aunque la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha trasladado estos días informalmente a fuentes conocedoras que la perspectiva es de fin de este largo capítulo que pretendía que aquellos responsables públicos devolvieran el dinero malversado. El Tribunal de Cuentas sí lo consiguió con la consulta ilegal previa de 2014, pero no puede con la con de 2017.
 

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