Eric Finch
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Los hutíes de Sánchez
14/10/2026Fernando Navarro-El Español
Por ejemplo, tras las protestas del Euromaidán, Pilingui armó a milicias locales prorrusas de Donetsk y Lugansk y les proporcionó tanques y armamento pesado. De este modo desestabilizó la región años antes de invadirla él directamente.
También la de Yemen, recientemente reanudada tras la tregua de 2022, fue una guerra entre el bando gubernamental, proxy de Arabia Saudita, y los hutíes, proxy de Irán, por la hegemonía de ambas potencias regionales.
Además de los hutíes, Irán mantiene otros grupos proxy con los que hostiga a Israel, especialmente Hezbolá y, con menor grado de dependencia, Hamás.
Este último caso es curioso porque Hamás son sunitas, mientras que en Irán son chiitas, lo que demuestra que en estos asuntos el dinero es más relevante que la religión.
El término proxy también se usa en comunicación estratégica, y procede incluirlo rápidamente en política. Fíjense en el Sindicato de Inquilinas, que ha organizado las acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para defender a Maricarmen, expulsada por los fondos buitre y la derecha, que viene a ser lo mismo.
Ante la insoportable situación de la vivienda, nos cuentan, «la calle ha hablado». ¿La calle? ¿Quién es la calle?
Debemos a Arnau Borrás de E-Notícies y a ese hombre del Renacimiento que es Pedro Herrero haber rastreado el origen de este movimiento «espontáneo» que ha ocupado las calles. Curiosamente, aunque se manifiesten en Madrid, su origen está en Barcelona. Concretamente en el Sindicat de Llogateres, un proxy creado por Ada Colau y los Comunes.
A su vez el Sindicat se nutre a través de tres vías:
1. El Observatori Desca, un «centro de derechos humanos y laboratorio de ideas (think tank) en defensa de los derechos sociales y la justicia ecológica». Este admirable y amplio objeto social le permite ser receptor de variadas subvenciones, y, según Borrás, en 2023 recibió 600.000 euros de Ada Colau. Trinc the money.
2. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
3. El IDRA, Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Esta es una pieza fundamental en la captura de recursos públicos: ha recibido al menos 1,15 millones desde diciembre del año 2021, provenientes del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
El mecanismo es sencillo. Se publican unas convocatorias con unas bases que especifican que las subvenciones se otorgarán a proyectos «transversales y de economía social y solidaria», o a aquellos dirigidos a «potenciar la emprendiduría digital liderada por mujeres y la innovación tecnológica en el cooperativismo», y ahí está el IDRA para recogerlas.
El IDRA, como tantas organizaciones que forman la red clientelar de los partidos, cumple dos funciones muy importantes.
La primera, proporcionar sueldos para «liberados» políticos, que siguen instrucciones de los partidos, pero sin estar públicamente adscritos a ellos (son proxy). De hecho, ha tenido en nómina a dos portavoces del Sindicat de Llogateres, Jaime Ballester y Carme Arcarazo (quédense con estos nombres).
Eso es exactamente lo que Errejón describió, con bastante ingenuidad, en una intervención memorable: debemos crear una red para seguir viviendo del dinero público cuando nos desalojen del poder.
La segunda función de IDRA es proporcionar una apariencia de respaldo científico a las políticas que van a apoyar sus partidos patrocinadores en cada momento, y por eso tenemos a Jaime Ballester impartiendo doctrina en las redes.
Es decir, la izquierda ha creado una industria del activismo, que se nutre del dinero público y funciona como proxy de los partidos.
Y ahora con esto se puede entender mejor la histeria social surgida «espontáneamente», «en la calle» por el caso Maricarmen.
El Sindicat de Llogateres es proxy de los Comunes, y no puede manifestarse en un hábitat tan pogre como Barcelona.
Por eso, como es aliado de Sumar, lanza un tentáculo a Madrid en la forma de Sindicato de Inquilinas; la propia Yolanda Díaz le da la bienvenida. Allí desplaza a los proxy de Podemos, que ya no tienen un duro porque han ido perdiendo poder, y por eso, en un intento de no perder el protagonismo, Irene Montero tiene que ir personalmente a Sol y gritar «soy fruta» a un guardia atónito.
Pero la acampada también coge con el pie cambiado a Pedro Sánchez al que, se mire como se mire, poner el foco en la vivienda no le va bien (lleva ocho años empeorando las cosas). Pero como es maniobrero, cortoplacista, y un jeta cósmico, se inventa lo de los dos decretos para intentar ponerse al frente de la manifestación que se ha organizado contra él.
Y como tiene sus propios proxy, los sindicatos, mucho mejor financiados que cualquier otra organización (recuerden que Sánchez ha multiplicado por cuatro las aportaciones que graciosamente les concede con nuestro dinero), los activa.
De este modo, desaparecidos durante ocho años mientras el poder adquisitivo menguaba y el precio de la vivienda subía, anuncian súbitamente una huelga general. Contra la oposición, aclara María Jesús Montero.
Y tiene razón.
- La izquierda ha creado una industria del activismo que se nutre del dinero público y funciona como proxy de Pedro Sánchez.
Por ejemplo, tras las protestas del Euromaidán, Pilingui armó a milicias locales prorrusas de Donetsk y Lugansk y les proporcionó tanques y armamento pesado. De este modo desestabilizó la región años antes de invadirla él directamente.
También la de Yemen, recientemente reanudada tras la tregua de 2022, fue una guerra entre el bando gubernamental, proxy de Arabia Saudita, y los hutíes, proxy de Irán, por la hegemonía de ambas potencias regionales.
Además de los hutíes, Irán mantiene otros grupos proxy con los que hostiga a Israel, especialmente Hezbolá y, con menor grado de dependencia, Hamás.
Este último caso es curioso porque Hamás son sunitas, mientras que en Irán son chiitas, lo que demuestra que en estos asuntos el dinero es más relevante que la religión.
El término proxy también se usa en comunicación estratégica, y procede incluirlo rápidamente en política. Fíjense en el Sindicato de Inquilinas, que ha organizado las acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para defender a Maricarmen, expulsada por los fondos buitre y la derecha, que viene a ser lo mismo.
Ante la insoportable situación de la vivienda, nos cuentan, «la calle ha hablado». ¿La calle? ¿Quién es la calle?
Debemos a Arnau Borrás de E-Notícies y a ese hombre del Renacimiento que es Pedro Herrero haber rastreado el origen de este movimiento «espontáneo» que ha ocupado las calles. Curiosamente, aunque se manifiesten en Madrid, su origen está en Barcelona. Concretamente en el Sindicat de Llogateres, un proxy creado por Ada Colau y los Comunes.
A su vez el Sindicat se nutre a través de tres vías:
1. El Observatori Desca, un «centro de derechos humanos y laboratorio de ideas (think tank) en defensa de los derechos sociales y la justicia ecológica». Este admirable y amplio objeto social le permite ser receptor de variadas subvenciones, y, según Borrás, en 2023 recibió 600.000 euros de Ada Colau. Trinc the money.
2. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
3. El IDRA, Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Esta es una pieza fundamental en la captura de recursos públicos: ha recibido al menos 1,15 millones desde diciembre del año 2021, provenientes del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.
El mecanismo es sencillo. Se publican unas convocatorias con unas bases que especifican que las subvenciones se otorgarán a proyectos «transversales y de economía social y solidaria», o a aquellos dirigidos a «potenciar la emprendiduría digital liderada por mujeres y la innovación tecnológica en el cooperativismo», y ahí está el IDRA para recogerlas.
El IDRA, como tantas organizaciones que forman la red clientelar de los partidos, cumple dos funciones muy importantes.
La primera, proporcionar sueldos para «liberados» políticos, que siguen instrucciones de los partidos, pero sin estar públicamente adscritos a ellos (son proxy). De hecho, ha tenido en nómina a dos portavoces del Sindicat de Llogateres, Jaime Ballester y Carme Arcarazo (quédense con estos nombres).
Eso es exactamente lo que Errejón describió, con bastante ingenuidad, en una intervención memorable: debemos crear una red para seguir viviendo del dinero público cuando nos desalojen del poder.
La segunda función de IDRA es proporcionar una apariencia de respaldo científico a las políticas que van a apoyar sus partidos patrocinadores en cada momento, y por eso tenemos a Jaime Ballester impartiendo doctrina en las redes.
Es decir, la izquierda ha creado una industria del activismo, que se nutre del dinero público y funciona como proxy de los partidos.
Y ahora con esto se puede entender mejor la histeria social surgida «espontáneamente», «en la calle» por el caso Maricarmen.
El Sindicat de Llogateres es proxy de los Comunes, y no puede manifestarse en un hábitat tan pogre como Barcelona.
Por eso, como es aliado de Sumar, lanza un tentáculo a Madrid en la forma de Sindicato de Inquilinas; la propia Yolanda Díaz le da la bienvenida. Allí desplaza a los proxy de Podemos, que ya no tienen un duro porque han ido perdiendo poder, y por eso, en un intento de no perder el protagonismo, Irene Montero tiene que ir personalmente a Sol y gritar «soy fruta» a un guardia atónito.
Pero la acampada también coge con el pie cambiado a Pedro Sánchez al que, se mire como se mire, poner el foco en la vivienda no le va bien (lleva ocho años empeorando las cosas). Pero como es maniobrero, cortoplacista, y un jeta cósmico, se inventa lo de los dos decretos para intentar ponerse al frente de la manifestación que se ha organizado contra él.
Y como tiene sus propios proxy, los sindicatos, mucho mejor financiados que cualquier otra organización (recuerden que Sánchez ha multiplicado por cuatro las aportaciones que graciosamente les concede con nuestro dinero), los activa.
De este modo, desaparecidos durante ocho años mientras el poder adquisitivo menguaba y el precio de la vivienda subía, anuncian súbitamente una huelga general. Contra la oposición, aclara María Jesús Montero.
Y tiene razón.