El Gobierno regulariza a inmigrantes ilegales con delitos: el 'estado de necesidad' como excusa
El Ejecutivo ha aprobado una medida que permite regularizar a inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos, siempre que acrediten haber actuado en "estado de necesidad". La decisión, adoptada sin pasar por el Parlamento, ha generado un intenso debate sobre sus límites y consecuencias. Mientras unos la defienden como una aplicación del derecho penal, otros la ven como una puerta abierta a la impunidad.
¿Qué dice la normativa?
Según lo debatido, la regularización es por un año y exige que los antecedentes penales estén limpios en los últimos cinco años. Sin embargo, se critica que en España los antecedentes pueden tardar hasta diez años en borrarse para delitos graves, lo que deja fuera a muchos. Además, la decisión sería administrativa, no judicial, lo que para algunos supone una extralimitación del poder ejecutivo.
Contexto: el dato de las violaciones en manada
El debate se enmarca en cifras como que el 43,3% de las violaciones en manada en España son cometidas por extranjeros, según un artículo de Libertad Digital citado en la discusión. Esto ha llevado a preguntarse si el "estado de necesidad" podría aplicarse a delitos como agresiones sexuales, provocando una fuerte reacción social.
La polémica legal y política
Varias voces señalan que el estado de necesidad ya existe en el código penal, pero que su apreciación corresponde a un juez, no a la administración. Otros argumentan que el decreto es ilegal por no haber sido aprobado por las Cortes, especialmente en un contexto de falta de presupuestos. La posibilidad de reversión con un cambio de gobierno queda en el aire, ya que los derechos adquiridos podrían ser difíciles de retirar.
¿Y si cambia el gobierno?
La pregunta recurrente es si estas medidas son reversibles. Algunos sostienen que los derechos ganados son difíciles de eliminar retroactivamente, mientras que otros apuntan a que un nuevo gobierno podría anular el decreto con efectos retroactivos si se considera inconstitucional. El debate sigue abierto.
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