El cribado prenatal y la caída de nacimientos con síndrome de Down
Cuanto mayor es la edad de la madre, más sube la probabilidad de que el hijo nazca con trisomía del 21. La estadística es tozuda, y con el retraso de la maternidad en España debería haber más casos, no menos. La percepción dominante es la contraria: los adultos con síndrome de Down han dejado de ser una
estampa habitual en la calle. La explicación que más se repite apunta a algo muy concreto: la anomalía se detecta hoy antes de nacer y **un porcentaje mayoritario de progenitores opta por interrumpir el embarazo**. Nadie maneja una cifra oficial de cuántos casos se interrumpen cada año; el dato que circula es una impresión, no un registro.
¿Por qué hay menos personas con síndrome de Down?
El cribado del primer trimestre es la primera criba. La ecografía del pliegue nucal se practica **entre la semana 11 y la 14** y ofrece una estimación de riesgo —alta, pero no infalible—. A partir de ahí, la prueba que confirma el diagnóstico es la amniocentesis: se extrae líquido amniótico y se leen los cromosomas. Si en el par 21 hay tres, no hay margen de duda. Se realiza, según los relatos que se manejan, entre las semanas 15 y 20, porque es invasiva y no está exenta de riesgos.
De ahí sale el cuello de botella. Las mujeres **por encima de los 35 años** concentran el mayor riesgo y, a la vez, son las más predispuestas a someterse al protocolo completo. La consecuencia, según el razonamiento más repetido, es que los pocos nacimientos que se producen corresponden a parejas jóvenes que dan por hecho que todo irá bien y renuncian a las pruebas, o a familias con convicciones que les impiden abortar. Es una hipótesis razonable. No viene acompañada de un solo dato oficial.
De los 35 a los 60 años: lo que cambió la medicina
La otra mitad de la historia tiene signo positivo. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down se ha disparado en las últimas décadas: si antes se situaba **entre los 35 y los 40 años**, hoy supera los **60**. La razón está en el tratamiento de las **cardiopatías congénitas** que acompañan con frecuencia a la trisomía, antes letales en la infancia. Lo que hace tres generaciones era una muerte temprana casi anunciada, hoy es una vida adulta.
Ese éxito genera un problema nuevo y poco discutido. Un niño con síndrome de Down deja de ser un niño, y sus padres también dejan de tener treinta años. Cuando fallecen, el hijo —ya adulto, a menudo sin red familiar— queda expuesto a una dependencia total de la Administración o de sus hermanos. Hay quien lo resume con crudeza: la gran preocupación no es morir, sino qué será de esa persona cuando el padre o la madre ya no estén.
¿Qué pasa cuando mueren los padres?
La respuesta más habitual es la residencia. Los casos que se describen siguen el mismo patrón: personas que vivieron con sus progenitores hasta que estos murieron y que, a partir de ahí, ingresaron en un centro. Una mujer con una afectación profunda lleva años institucionalizada tras el fallecimiento de sus padres. Otra persona de mediana edad, en cambio, sigue integrada en su pueblo, con su rutina y una red social que la sostiene.
La variable que lo cambia todo es el grado de afectación y el entorno. Los casos leves se confunden con la normalidad; los severos exigen cuidados permanentes, visitas médicas constantes y una carga que recae sobre los hermanos, convertidos en cuidadores sin haberlo elegido. El impacto sobre esas familias —económico, emocional, logístico— apenas aparece en las estadísticas. Y explica por qué la discapacidad intelectual es, antes que un asunto sanitario, un asunto de apoyo familiar.
Eugenesia, derecho a decidir y el miedo a que el criterio se extienda
Aquí se rompe cualquier consenso. Una parte sostiene que interrumpir un embarazo por un diagnóstico de trisomía es
eugenesia, que la práctica se está normalizando y que el mismo criterio podría aplicarse mañana a otros colectivos incómodos. Quienes defienden esa posición recuerdan que en la antigua Esparta los niños con defectos se abandonaban y ven en el cribado prenatal una versión
aséptica de lo mismo.
Enfrente, el argumento más repetido es el de la decisión individual y la falta de autoridad moral para juzgarla. Nadie quiere tener un hijo con una discapacidad que condicione su vida entera, y quien afirma lo contrario —se dice— no ha tenido que firmar esa decisión. La objeción tiene un corolario incómodo: si el criterio es el sufrimiento futuro del no nacido, no hay frontera clara donde detenerse.
En medio quedan los que reclaman que la información sea sistemática, no para decidir, sino para estar preparados. Y un reproche que recorre varias respuestas: la coherencia de quienes defienden el aborto y, a la vez, se fotografían con asociaciones de síndrome de Down. Es la tensión que ninguna estadística resuelve.
Hay un dato que nadie discute: la medicina ha duplicado la esperanza de vida de este colectivo. Y otro que tampoco: cada vez nacen menos. Lo que sigue sin respuesta es quién decide, con qué información y con qué consecuencias a treinta años vista. ¿Cuántos de los que opinan con tanta seguridad han tenido que sentarse en esa consulta?