Inmigración: Los DECRETAZOS del PERRO también van a regular el ALQUILER POR HABITACIONES.

Sumar exige regular el alquiler de habitaciones y blindar contratos​

Un contrato de habitación cerrado de palabra, sin contrato escrito. Ese es el modelo que el socio minoritario del Gobierno de coalición quiere enterrar. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda dejó el alquiler por habitaciones fuera de su ámbito de aplicación, y Sumar sostiene que ese hueco se ha convertido en una de las principales vías de entrada de la especulación y de los abusos en el mercado del alquiler. Incluirlo en el nuevo texto supondría extender a esa modalidad un marco de protección del que hoy carece.

¿Qué cambia la regulación del alquiler por habitaciones?​

Alquilar un cuarto no es lo mismo que alquilar un piso, y la norma lo trataba como si no fuera nada. La vivienda completa quedó cubierta por la ley estatal; la habitación suelta, no. Esa asimetría, según Sumar, convierte el alquiler por habitaciones en una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos. Meter la habitación en el mismo paraguas significa extenderle las reglas de contrato escrito, actualización de renta y condiciones de salida que ya rigen para una vivienda entera. En la práctica, cada cuarto pasaría a ser una relación arrendaticia con papeles, no un acuerdo verbal.

Las dos exigencias que Sumar califica de irrenunciables​

El partido mantiene sobre la mesa dos condiciones para dar su apoyo: la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones. La primera apunta a un escenario conocido por cualquiera que haya alquilado: un contrato que vence, un propietario que no lo renueva y un inquilino buscando piso con el reloj en contra. La segunda ataca el segmento más opaco del mercado. Ninguna de las dos está cerrada: a la fecha de esta discusión forman parte de la negociación del texto, no de un acuerdo firmado.

El cálculo del propietario: 4% de rentabilidad y gastos por encima​

Un participante del debate que defiende el ladrillo como inversión expone su cuenta: rentabilidades del 4% anual, contratos indefinidos, subidas por debajo del IPC y obligación de indemnizar al inquilino aunque el propietario necesite el piso para sí. Encima, seguro de impago, mantenimiento, limpieza y desinfección cuando el inquilino se va. Con ese cuadro, sostiene, la inversión en ladrillo ya no sale a cuenta y se ríe de quienes la defendieron.

¿Aprobado, humo o competencia autonómica?​

Yolanda Díaz ha descrito los decretos aprobados como el mayor avance de vivienda de la última década. Frente a ese relato, hay quien despacha el asunto con una palabra: humo. Sostiene que el texto se cae en el Congreso y que, en el mejor de los casos, no lo aplicará nadie, porque la ejecución depende de las comunidades autónomas. La lectura más cínica añade que al Gobierno le conviene una derrota parlamentaria: le permite presentarse como víctima antes de las próximas elecciones. También hay quien reclama que la regulación alcance a los alquileres temporales y a los pisos turísticos, con un IVA mínimo del 21%. Sin tocar ese filón, dicen, no hay reforma que valga.

Con el alquiler por habitaciones fuera de la ley, la pregunta ya no es si se regulará, sino quién paga el hueco mientras se decide. El detalle: el segmento que la ley dejó fuera es justo el que ahora entra en la negociación.