Los ceutíes están bloqueando a la cruz roja ahora mismo

Cruz Roja, en el punto de mira de Ceuta: la factura de las ONG​

Ceuta ha convertido a Cruz Roja en el símbolo de su descontento. Y no es para menos: miles de vecinos llevan varias noches en la calle, con concentraciones ante la Delegación del Gobierno, denunciando una gestión migratoria que califican de «límite» y exigiendo, de paso, que se audite a una organización humanitaria a la que los críticos ven como suministradora de servicios al Estado.

El detonante inmediato fue la filtración de un borrador gubernamental. Las crónicas de la protesta hablan de «inacción absolutísima» del Ejecutivo central y piden la dimisión del delegado del Gobierno tras semanas de desbordamiento. Pero por debajo de la tensión social late una discusión más prosaica: cuánto dinero público recibe Cruz Roja, con qué contrapartidas y por qué los ciudadanos consideran que responde mejor a la presión migratoria que a otras emergencias.

El dinero público que sostiene la polémica​

El debate económico no es un rumor. Entre las cifras que circulan se habla de decenas de miles de millones de euros que España y la Unión Europea canalizan hacia el entramado de ONG, con Cruz Roja como una de las principales perceptoras de subvenciones y convenios. La crítica no se queda en el importe: apunta a la falta de transparencia en los contratos, a los acuerdos firmados de antemano y a una estructura que, en palabras de los más contundentes, «capta fondos públicos» bajo etiqueta asistencial.

La respuesta institucional no aparece por ningún lado, y eso alimenta la percepción de que la organización actúa con impunidad. Hay quien sostiene que el problema no es Cruz Roja, sino el modelo de subcontratación de servicios asistenciales, y que la ONG es solo la cara visible de una política migratoria consensuada entre el Estado y las grandes organizaciones humanitarias.

El agravio comparativo con Valencia​

El otro gran pilar de la movilización es la memoria de la DANA en Valencia. Un sector de los protestantes sostiene que, durante las inundaciones, la policía y la Guardia Civil llegaron a impedir el paso a voluntarios con maquinaria, mientras que Cruz Roja apenas apareció —«una furgoneta», según un testigo—. Ese recuerdo, contrastado con la presencia asistencial en las rutas migratorias, se ha convertido en un agravio comparativo que nadie ha sabido neutralizar.

Que la comparación sea justa o no, lo cierto es que ha conseguido lo que ningún informe técnico había logrado: que la financiación de las ONG se discuta en la calle con nombres, cifras y exigencias concretas.

De la auditoría al bloqueo: dónde está la línea​

Las peticiones van de lo razonable a lo arriesgado. En un extremo, se exige intervenir, auditar y nacionalizar Cruz Roja. En el otro, se plantea el sabotaje de recursos y el bloqueo físico de vehículos, una deriva que ya ha provocado choques con los cuerpos de seguridad y que algunos comentaristas ven como el principio de una escalada peligrosa.

Entre medias queda una mayoría social que respalda el fondo de la protesta pero no sus métodos. El pulso sigue abierto, y nadie sabe si acabará con una auditoría, con concesiones políticas o con más tensión. Lo que ya parece irreversible es que, en Ceuta, la Cruz Roja ha perdido el estatus de institución intocable.