Los bomberos se enrocan "no hubo ningún fallo" el protocolo está bien (confinar) y es lo que hay que hacer con los datos hasta el momento

Los bomberos defienden el protocolo de confinar tras 10 muertos en Campanar​

Diez personas muertas y un edificio que se convirtió en pira. El incendio de Campanar dejó una cifra que no admite discusión: según los datos que se manejan, la práctica totalidad de los fallecidos —siete de cada diez con certeza— estaban en el segundo inmueble, el que los bomberos no desalojaron. Mientras el conserje del primer bloque sacaba a todos sus vecinos a la calle por iniciativa propia, los efectivos llegados al lugar —media hora después de la alerta, con un parque a dos minutos andando— indicaron a los del edificio contiguo que permanecieran en sus pisos. El confinamiento, defienden desde el cuerpo, es protocolo. Y el protocolo, dicen, «está bien».

Lo que ha ocurrido después no es un incendio: es una pelea de fondo sobre qué se debe hacer cuando el fuego amenaza a un edificio habitado. Los que sostienen el protocolo alegan que salvar cientos de vidas al año exige unas reglas fijas, y que aplicarlas con la información disponible en el momento era lo correcto. Los que lo impugnan responden con una objeción simple: si el protocolo termina con gente achicharrada dentro de su casa, algo falla en el protocolo, no en las víctimas.

¿Por qué se ordena confinar en un incendio?​

La lógica oficial del confinamiento es evitar que los residentes bajen a escaleras convertidas en chimeneas de humo. Si la vía de evacuación es impracticable, cerrar la puerta y sellar las rendijas protege más que correr hacia abajo y cruzarse con el fuego. Esa es la premisa que el cuerpo repitió en su comunicado tras el siniestro: no hubo fallo, se siguió el procedimiento y el procedimiento salva vidas.

El problema que señalan los críticos es que la condición previa —que las escaleras estén impracticables— debe comprobarse antes de ordenar el encierro. Hay quien sostiene, apoyándose en las imágenes del incendio, que las vías internas seguían libres cuando se dio la instrucción de quedarse. Y esa sospecha, de confirmarse, dejaría el protocolo aplicado al revés: confinando donde se podía evacuar.

Los siete fallecidos del segundo edificio​

Los datos provisionales apuntan a que la mayoría de las víctimas mortales se concentran en el bloque cuyos vecinos recibieron la orden de no salir. Las cifras que se barajan sitúan a siete de los diez fallecidos confirmados en ese segundo inmueble, a falta de identificar a una víctima de nacionalidad extranjera, según el recuento que se maneja. Es el eje del reproche más duro: mientras el conserje del primer edificio desalojó por su cuenta y sin instrucción ninguna, el segundo permaneció a la espera.

No es una anécdota menor. La diferencia entre lo que hizo un empleado de finca sin formación específica en emergencias y lo que dictó el manual que aplicaron los profesionales es, precisamente, el centro del asunto.

«Sigue el protocolo» como coartada profesional​

Aparece aquí la ironía incómoda. Si un bombero no sabía leer la evolución del fuego y por eso se atuvo a la regla, ¿qué añade sobre el ciudadano que sí intuyó el peligro y salió? Si, en cambio, sí lo sabía y aun así confinó a los vecinos, la pregunta cambia de registro. La contradicción recuerda al argumento que se usó durante la pandemia: cumplimos el procedimiento, el procedimiento era correcto, y lo que vino después es culpa del azar.

El conformismo burocrático tiene defensores y tiene precio. Desde dentro del propio sector se admite que un mando con criterio habría desalojado el segundo bloque al ver los materiales de fachada. La coincidencia es notable: la orden de confinar, en este caso, no protegió a nadie que no estuviera ya a salvo.

---

La polémica no se agota en la actuación de la noche del incendio. Toca un nervio más profundo: la cultura de la oposición vitalicia frente al criterio técnico, el funcionario que no tose frente al profesional que se equivoca y responde. «Nadie investigó por qué se propagó tan rápido el incendio y si el salvamento fue correcto», resume una de las corrientes del análisis, que lamenta que la revisión interna no haya sido la vía y que hayan tenido que ser los juzgados quienes abran la puerta a examinar los protocolos.

Hay quien resta hierro al asunto y sostiene que a toro pasado todos son capitanes: que cuestionar en frío decisiones tomadas en caliente, con humo, prisas y un fuego de comportamiento anómalo, es hacer trampa. El argumento tiene su peso. También lo tiene el contrario: cuando el resultado es este, revisar no es ensañarse, es lo mínimo.

Los protocolos de la muerte frente a la mejora continua​

La comparación con el sector privado es la que más incomoda a los defensores del inmovilismo. Cualquier empresa grande está obligada por sus sistemas de calidad a revisar y actualizar procedimientos cuando algo falla. En la Administración, en cambio, la defensa del reglamento como dogma parece eximir de la obligación de mejorarlo. Ese contraste entre la mejora continua y el protocolo sagrado flota sobre todo el debate.

«Ese protocolo salva cientos de personas cada año, y en el momento que se aplicó, con la información que había, era el adecuado», reza el argumento oficial. La respuesta es casi automática: si ahora no es adecuado, es que faltaba información que estaba a la vista de cualquiera. La pregunta abierta, al cierre, no es quién apretó el botón: es cuántos incendios más hacen falta para que el botón esté donde debe estar.