La muerte de dos guardias civiles en una persecución marítima reabre el debate sobre la narrativa oficial del narcotráfico: ¿perseguían a un peligroso narco o a un pescador sin licencia?
El pasado mes, dos agentes de la Guardia Civil fallecieron cuando sus patrulleras colisionaron durante una persecución en el Guadalquivir. La versión institucional habla de un operativo contra el narcotráfico. Sin embargo, un análisis alternativo apunta a que el objetivo era un pescador furtivo sin licencia que huía de una multa administrativa. Las circunstancias del accidente —dos embarcaciones del Instituto Armado chocando entre sí— han sembrado dudas sobre la preparación y los protocolos en este tipo de intervenciones.
El relato que no cuadra
Lo primero que llama la atención es la ausencia de disparos. En una operación contra el narcotráfico, lo habitual es que los ocupantes de la narcolancha porten armas o al menos intenten huir de forma violenta. En este caso, no hubo un solo tiro. Quienes cuestionan la versión oficial señalan que la mayoría de las embarcaciones que trafican con hachís —que supone el 99% de los alijos en el Estrecho— no llevan armas; son simples transportistas, muchos de ellos migrantes que arriesgan su vida por 500 euros por viaje. Por el contrario, los grandes capos de la cocaína viajan en avión privado con escolta.
El argumento del pescador furtivo cobra fuerza al examinar casos similares: en los últimos años se han documentado persecuciones que acabaron en tragedia por una simple falta administrativa. La escalada de la fuerza, sin cámaras a bordo que graben las intervenciones, deja un margen enorme para que la versión oficial se convierta en la única disponible. La petición de que las patrulleras lleven cajas negras —como las de los aviones— no es baladí: permitiría saber si el patrón iba bajo los efectos del alcohol o si la persecución era desproporcionada.
La hipocresía de la guerra contra las drogas
El debate de fondo no es solo sobre este accidente, sino sobre la estrategia antidroga en su conjunto. Existe una percepción extendida de que el sistema penaliza desproporcionadamente a los eslabones más débiles de la cadena —los que mueven hachís en lanchas— mientras que los grandes capos y los que trafican con cocaína operan con impunidad mediática. Las incautaciones de cocaína de toneladas se presentan como grandes golpes, pero a menudo se sospecha que sirven para justificar el mismo nivel de represión que se aplica al hachís, una droga blanda cuyo consumo no genera la misma alarma social.
Además, la criminalización de ciertos colectivos se convierte en un arma política. Mientras que los traficantes de hachís suelen ser inmigrantes del norte de África, los de cocaína son a menudo sudamericanos, pero el discurso oficial los mezcla para alimentar el miedo. Los propios pescadores de la zona, que faenan legalmente, denuncian que los furtivos y los narcos de baja intensidad son un problema menor comparado con la dejadez de las administraciones, que permiten que los alijos entren por las playas a plena luz del día.
¿Hacia un cambio de paradigma?
Si la investigación interna confirma que los guardias civiles perseguían a un pescador sin licencia, el escándalo sería mayúsculo. Pero lo más probable es que el caso se archive como un accidente laboral y la versión oficial se mantenga. Mientras las patrulleras no lleven grabadores y los protocolos de persecución no se revisen, seguiremos viendo episodios similares. El lector que quiera profundizar encontrará en los análisis de casos previos —como el del guardia civil que disparó a un coche con cuatro personas en Marratxí— un patrón que se repite: imputación, archivo rápido y ninguna responsabilidad. La guerra contra las drogas, al final, la pagan los más vulnerables de ambos bandos.