Lo que se viene si gobierna el PP: menos obra pública, pensiones y pulso en la calle
La convocatoria electoral ha reactivado un debate que llevaba meses cocinándose a fuego lento: qué pasa económicamente si el PP vuelve a La Moncloa. No es una pregunta abstracta. Los precedentes que se manejan en la conversación pública apuntan a un patrón reconocible: ajuste en infraestructuras, contención del gasto social y un incremento de la conflictividad laboral que, según varios análisis, actúa como freno directo a la inversión. El diagnóstico más repetido no es catastrófico, es peor:
lo que viene es exactamente lo mismo que ya hubo, solo que con más ruido en la calle.
La continuidad económica que nadie quiere admitir
El primer lugar común que se cae es el de la ruptura. Hay quien sostiene que el PP aplicará un programa distinto al del PSOE, pero la evidencia histórica que se cita en el análisis no respalda esa tesis. La reforma laboral de 2012, la congelación de la obra pública entre 2012 y 2015 o la subida de impuestos de 2012 —la mayor de la historia reciente según los datos que se manejan— no fueron anomalías, fueron la aplicación de un manual que el PSOE ya había ensayado antes: la creación del contrato temporal en 1984, la bajada de la indemnización por despido improcedente de 60 a 45 días en 1980, o el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años con Zapatero.
La continuidad es la norma, no la excepción.
El argumento que más recorrido tiene es el de la conflictividad. Si el PP gobierna, se argumenta, la izquierda saldrá a la calle de forma sistemática. Y eso, en términos económicos, no es neutro: la conflictividad laboral sostenida desincentiva la inversión extranjera, retrasa decisiones de localización y encarece el coste del capital para las empresas españolas. El país entra en un bucle donde el Gobierno de turno legisla y la calle responde, con el PIB como rehén.
Pensiones: el dato que descoloca a ambos lados
Aquí el análisis se atasca. Durante décadas se ha instalado la idea de que el PP es el partido que toca las pensiones y el PSOE el que las protege. Los datos que se cruzan en la conversación no sostienen esa dicotomía con la limpieza que ambos bandos pretenden. La mayor rebaja de pensiones de la historia europea no fue la de Felipe González en 1985, sino la que se aplicó en otros países con reformas paramétricas. Y la reforma laboral que consolidó la temporalidad —de 0 al 35% en una década— la firmó un gobierno socialista.
La conclusión que se extrae no es que da igual quién gobierne, sino que
el sistema de reparto depende de la prosperidad del país, no del color del Gobierno. Un país con bajo crecimiento, alta temporalidad y presión fiscal creciente no puede sostener pensiones dignas por mucho que el Ejecutivo se llame de una forma u otra. La correlación entre libertad económica y prosperidad es alta; la correlación entre socialismo y estancamiento, también. Eso deja al PP en una posición incómoda: es intervencionista, pero menos que la alternativa.
La guerra comercial y el gasto público que viene
El tercer frente es el exterior. La preocupación más repetida no es ideológica, es estratégica:
un Gobierno del PP podría alinearse con Washington en un contexto de guerra comercial con Rusia y China, con el coste que eso tiene para el sector exportador español. El turismo, la automoción y la agroalimentación son los tres sectores más expuestos a un cambio de alineamiento. No hay datos concretos en el análisis sobre el impacto cuantificado, pero la dirección del riesgo es clara.
En paralelo, el gasto público. El PP no va a desmantelar la sanidad ni la educación públicas —nadie lo ha hecho en cuarenta años—, pero sí puede aplicar restricciones presupuestarias que se notan en listas de espera y ratios de alumnos por aula. La cultura es lo primero que se recorta, y los conciertos son el indicador más fiable: si vienen artistas internacionales, hay dinero; si no, hay ajuste.
El punto exacto donde el análisis se atasca
Con estos mimbres, la pregunta no es si el PP recortará o no, sino cuánto margen tiene realmente. La política económica española está condicionada por Bruselas, por el BCE y por los mercados de deuda. Un Gobierno del PP heredaría el mismo corsé que uno del PSOE. La diferencia, si existe, está en la retórica y en la calle. Y la calle, en España, tiene un precio económico que nadie ha sabido cuantificar todavía.