Catástrofe en Valencia: cuando el pueblo salva al pueblo y el Estado falla
La riada que arrasó la comarca valenciana dejó una imagen imborrable: miles de ciudadanos con palas y cubos cruzando puentes para ayudar a los damnificados. Pero esa movilización, lejos de ser un mero acto de generosidad, ha desatado una batalla por el relato. Mientras el lema “Solo el pueblo salva al pueblo” se viralizaba, un sector de la prensa y la clase política lo tachaba de “reaccionario”. La paradoja es evidente: la solidaridad horizontal se convierte en sospechosa cuando el Estado brilla por su ausencia.
La ayuda que no llegó de las instituciones
En Paiporta, uno de los municipios más afectados, los vecinos se organizaron espontáneamente. No fueron los políticos ni los funcionarios los primeros en llegar, sino la gente del pueblo. Esta realidad contrasta con las acusaciones vertidas desde algunos medios, que ven en esa autoorganización una maniobra de la ultraderecha para deslegitimar al Estado. Pero quienes estuvieron sobre el terreno lo tienen claro: “Lo de ‘solo el pueblo salva al pueblo’ ha dejado de ser un eslogan para convertirse en una realidad palpable”.
La gestión de la catástrofe ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿está el Estado español preparado para responder con eficacia a emergencias de esta magnitud? La comparación con la riada de 1957, citada por algunos, sugiere que, pese a los avances tecnológicos, la coordinación institucional sigue siendo deficiente.
El temor a la instrumentalización política
En el otro lado, hay quienes alertan de que el discurso del “Estado fallido” es una coartada para desguazar lo público. Señalan que la misma narrativa que ensalza al pueblo que se salva a sí mismo es la que utilizan sectores liberales y reaccionarios para justificar la reducción del Estado. Reagan, Thatcher y la Falange aparecen mencionados como referentes de esa corriente. El miedo es que la indignación por la mala gestión acabe en un achicamiento aún mayor de la capacidad estatal.
Una brecha que se ensancha
Las posiciones parecen irreconciliables. Por un lado, quienes defienden la acción popular como única respuesta ante un Estado ausente. Por otro, los que consideran que esa misma defensa mina la confianza en las instituciones. Mientras tanto, los voluntarios siguen removiendo escombros sin esperar a que el debate se resuelva. ¿Hasta cuándo la sociedad tendrá que compensar las carencias del sistema?