Lo de no tener sanidad pública en suramérica es una frutada muy grande

Vender el casoplón para pagar un hospital en Bolivia​

En la Bolivia de la pandemia, un hombre vendió su casa —cuatro plantas con cuatro locales en la planta baja— para costear las atenciones hospitalarias de un familiar que murió de todas formas. El ingreso costaba más de mil dólares diarios. Cuando se cerró la última factura, él y sus hijos pequeños estaban sin patrimonio, sin negocio y sin techo: de clase media a la calle en unos meses. El caso sirve para ilustrar qué significa no tener sanidad pública cuando el enfermo es grave.

¿Por qué enfermarse en Bolivia puede arruinar a una familia?​

La sanidad boliviana combina una cobertura pública limitada con una medicina privada entre las más caras de la región. Cualquier problema serio se convierte en una elección entre la salud y la cartera, sin término medio. Se apunta además un detalle político: el intento de extender la sanidad universal durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo chocó con la resistencia del propio sector médico, uno de los colectivos más movilizados contra el expresidente Evo Morales.

El argumento que se extrae es incómodo. Si el sistema público no avanza, la medicina privada no pierde pacientes. Y el precio de esa ausencia no lo paga el Estado: lo paga la familia que vende su patrimonio para intentar salvar al abuelo.

La doble nacionalidad como seguro médico​

La solución que ya practican muchos: propiedades y negocios en el país de origen, sanidad española para los casos graves. Volar para una operación o un tratamiento oncológico sale más barato que asumir la factura completa en destino. Es la cuadratura del círculo migratoria: rentabilidad donde los costes son bajos, cobertura donde existe un sistema público.

Funciona con tres condiciones. Dos pasaportes, dinero para el billete y salud para aguantar el viaje. Quien no cumple las tres se queda fuera del truco, y suele ser justo el que más lo necesita.

Sí hay sanidad pública en Sudamérica: Argentina, Brasil y Uruguay​

Bolivia no es el espejo de la región. Argentina, Brasil y Uruguay mantienen sistemas públicos, y se afirma que muchos pacientes bolivianos acuden a atenderse a Argentina de forma gratuita. La pega es la calidad y los tiempos: funcionan con listas, con demoras y con enchufes, un patrón que se atribuye a casi cualquier sistema público del planeta.

La sensación de deterioro no es exclusiva. Según esta línea de análisis, la sanidad pública viene en picada en Reino Unido, en Canadá y también en España. La discusión deja de ser geográfica y pasa a ser de gestión.

Qué espera quien depende de la sanidad pública en España​

Dos o tres semanas para el médico de cabecera, siempre que puedas desplazarte físicamente al centro de salud y hacer cola en el mostrador. Siete u ocho meses para una cita preferente con el especialista. Urgencias que atienden el mismo día, sí, pero que con frecuencia se resuelven con un calmante y vuelta a casa, con el seguimiento del médico de cabecera como única hoja de ruta.

El diagnóstico que más se repite es el de una privatización de hecho: la red pública sigue en pie, pero cada vez se puede contar menos con ella. Sanidad, pensiones, educación o policía serían decorado de cartón piedra. En paralelo, se sostiene que el privado también se satura: una cita con especialista por lo privado empieza a tardar ya alrededor de un mes.

El gasto sanitario comparado: 7% del PIB en Europa, 15% en Estados Unidos​

La comparación que se pone sobre la mesa: los sistemas europeos rondan el 7% del PIB en gasto sanitario total, mientras Estados Unidos alcanza el 15% con peores resultados. Su esperanza de vida es unos siete años inferior a la española y ronda la de Costa Rica, un país mucho más pobre. Más gasto no compra mejores indicadores por sí solo.

La segunda cifra que se maneja es demográfica: el sistema pasó de atender a 36 millones de personas a 48 millones en dos décadas, con el mismo presupuesto. Y hay un contraejemplo recurrente: Suiza, con sanidad privada y sin listas de espera.

Quién paga la formación y quién se lleva el beneficio​

Debajo del asunto técnico hay una pelea sobre el reparto. Una corriente defiende que la universidad y la cobertura sanitaria se sostengan con impuestos, porque de lo contrario solo estudia y se cura quien puede pagarlo, y el ascensor social se queda sin motor. Otra responde que quien recibe formación subvencionada debería devolverla trabajando donde se le pagó, o costeársela como cualquier crédito bancario.

El matiz que se repite en las posturas menos viscerales es otro: el problema no es que Sudamérica carezca de cobertura, sino que la cobertura, cuando existe, llega tarde y mal. Y mientras tanto, el que tiene dos pasaportes resuelve el problema con un billete de avión.

Quedan dos cifras flotando. Un ingreso hospitalario en Bolivia por encima de los mil dólares diarios. Y un gasto sanitario europeo en torno al 7% del PIB que, aun así, sostiene un sistema del que hoy se desconfía bastante más que hace una década. Ninguna de las dos dice quién firmará la factura cuando el enfermo sea tu padre.