Ayuso, Camps y Barberá: la impunidad política no es casualidad
La última denuncia contra Isabel Díaz Ayuso no va a ningún sitio. O al menos eso dice la experiencia acumulada: los casos que salpican a la clase política española tienen una cadencia previsible, y el desenlace suele ser el archivo o la absolución. No es una conspiración: es un sistema que lleva décadas funcionando.
El precedente que nadie quiere ver
Francisco Camps, con el caso de los trajes, se pasó años en los juzgados para terminar absuelto. Rita Barberá vio cómo las acusaciones se desinflaban hasta su fallecimiento, dejando el proceso en nada. Ahora Ayuso, con un nuevo frente abierto, parece destinada al mismo guion. La sensación de que nada ocurre no es un fallo del azar: es la norma.
La lista de dimisiones es tan corta que da vértigo
En los últimos 30 años, el número de políticos que han dejado el cargo por vergüenza torera roza el cero. La respuesta más escéptica apunta a una máxima: «miente, que algo queda». La menos conspiranoica, al hecho de que reconocer el error tiene más coste político que aguantar el temporal. Solo dos nombres se salvan: Gerardo Iglesias, que volvió a la mina, y Luis Acín, diputado del PP aragonés que renunció por discrepancias sobre la guerra. Dos casos en tres décadas.
El coste económico de la impunidad
Desde la perspectiva económica, la impunidad no es un asunto menor. La confianza en las instituciones es un activo que se cotiza en los mercados de capitales: cuando los escándalos se archivan sin consecuencias, el riesgo percibido sube y la inversión lo nota. No hay métrica exacta, pero el precedente histórico invita a pensar que el precio se paga, aunque no aparezca en los presupuestos.
Con este historial, la pregunta no es si Ayuso cae; es cuándo se archiva. La maquinaria tiene un guion escrito y lo repite con cada caso. Que se sepa, nadie ha encontrado todavía la manera de romperlo. La única novedad sería que esta vez algo se moviera. Las reservas son muchas.