+PRV LO CONSEGUI; JAVIER RUIZ Y JESUS CINTORA TIENEN QUE BORRAR TODOS SUS VIDEOS DE SUS CANALES DE YOUTUBE

Javier Ruiz y Jesús Cintora, obligados a borrar sus vídeos de YouTube

La denuncia de un particular ante la Defensora de la Audiencia de RTVE ha logrado que dos de sus periodistas más conocidos detengan la publicación de contenido en sus canales personales de YouTube, donde utilizaban material de programas públicos para generar ingresos. La paradoja es llamativa: periodistas que han criticado la privatización y el lucro privado con recursos públicos se han visto sorprendidos haciendo exactamente eso.

¿Qué ha ocurrido exactamente?

La queja, presentada ante el Defensor de la Audiencia de RTVE, denunciaba que tanto Javier Ruiz como Jesús Cintora subían a sus canales de YouTube fragmentos de programas de televisión pública (TVE) sin añadir valor editorial propio, y que esos vídeos estaban monetizados. El reclamante argumentaba que se trataba de un uso privado de contenido sufragado por todos los contribuyentes, generando un beneficio económico particular a costa del erario público.

La Defensora de la Audiencia actuó. Según el denunciante, la resolución fue favorable y se instó a los periodistas a retirar el material. Aunque los vídeos antiguos siguen colgados a día de hoy, lo cierto es que Javier Ruiz no ha subido ningún vídeo nuevo desde el 1 de junio, y Jesús Cintora ha limitado su canal a entrevistas por zoom, muy alejadas de los clips de televisión que antes publicaba. El canal de Ruiz cuenta actualmente con solo 65 vídeos, un número bajo para un perfil que presumiblemente tenía muchos más antes de la queja.

El negocio de reciclar contenido público

La práctica no es nueva. Varios periodistas de medios públicos han abierto canales en YouTube donde compilan sus intervenciones más comentadas, generando tráfico y, por tanto, ingresos publicitarios. La polémica surge cuando ese contenido es propiedad de una entidad pública y se explota sin permiso explícito ni retorno a las arcas del Estado. En el caso de Ruiz y Cintora, además, se da la circunstancia de que ambos han sido voces críticas contra la "privatización encubierta" de servicios públicos, lo que añade un punto de hipocresía al asunto.

Los datos del debate apuntan a que la cuantía de los ingresos no es desdeñable. Algunos cálculos en redes sociales estiman que un canal con 65 vídeos bien posicionados puede generar entre 500 y 2.000 euros mensuales, dependiendo de las visitas. Si además se trata de un periodista con audiencia fiel, la cifra podría ser mayor. El contribuyente medio difícilmente aprueba que su dinero sirva para financiar canales personales de famosos.

Reacciones divididas: ¿héroe o chivato?

La actuación ha generado un intenso debate. Por un lado, quienes aplauden la iniciativa consideran que es un acto de justicia contra el "trinque" de siempre: profesionales que viven de lo público mientras desprecian a los que pagan impuestos. Por otro lado, hay quien lo califica de "chivatazo" y ve en ello un ataque a la libertad de expresión de periodistas críticos con el gobierno. La realidad es que la Defensora de la Audiencia ya ha emitido una resolución, y el silencio posterior de los afectados sugiere que el dictamen fue desfavorable.

El propio denunciante, que asegura haber recibido amenazas e incluso acusaciones de tener "dos DNIs", se ha convertido en una figura polarizante. Pero más allá de las anécdotas personales, lo relevante es que la institución ha funcionado: un ciudadano anónimo ha conseguido que dos pesos pesados del periodismo oficial se replanteen su estrategia digital.

¿Y ahora qué? Futuro de los canales personales de periodistas públicos

La resolución sienta un precedente. Si la Defensora de la Audiencia considera que los vídeos antiguos también deben retirarse, los periodistas podrían verse obligados a eliminar todo su historial de YouTube, lo que supondría una pérdida significativa de ingresos y visibilidad. De momento, ni Ruiz ni Cintora han emitido comunicados públicos sobre el caso.

La pregunta queda abierta: ¿es legítimo que un periodista de un medio público explote su imagen en plataformas privadas con contenido generado con dinero de todos? La respuesta, para muchos contribuyentes, es un rotundo no. Y parece que la Defensora de la Audiencia opina lo mismo.

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