Ley de Bienestar Animal prohíbe a los dueños particulares que sus mascotas tengan crías

La ley que castiga con 50.000 euros la cría casera de mascotas​

Una multa de hasta 50.000 euros por dejar que tu perro tenga cachorros suena a medida para criadores industriales, no para una familia. Pero es exactamente lo que contempla la Ley de Bienestar Animal, ya en vigor, en su artículo 27.

Criar animales de compañía sin estar inscrito en el Registro de Criadores se castiga con sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. La prohibición afecta a los dueños particulares: solo pueden obtener camadas quienes figuren en el registro oficial, un requisito que hasta ahora se exigía solo a los profesionales. La intención declarada es atajar la cría incontrolada y el abandono, pero el castigo económico resulta desproporcionado para el caso típico de un particular que no busca negocio, sino una camada de su perra.

El registro como pasaporte para reproducirse​

El Registro de Criadores de Animales de Compañía se convierte así en un requisito previo para cualquier cruce. Quien quiera que su mascota tenga descendencia deberá inscribirse, someterse a controles y asumir costes que no estaban en el presupuesto doméstico. Los defensores de la medida argumentan que es necesario acabar con las camadas no deseadas que terminan en refugios; los críticos, que se interviene en una decisión privada con un nivel de control propio de regímenes paternalistas. No ha faltado quien vea un eco de “1984” de Orwell: el Estado decidiendo quién puede reproducirse, incluso entre animales.

La multa no entiende de matices​

Las sanciones no distinguen entre un criador ilegal y una familia que quiso una camada: el mínimo de 10.000 euros ya es una fortuna para la mayoría. Mientras, en la calle el problema visible no es la reproducción, sino la gestión de los excrementos en los espacios naturales o la superpoblación de perros. Algunas voces apuntan que castigar a quien quiere criar en casa no resuelve el abandono; solo lo empuja a la clandestinidad.

¿Proteger a los animales o controlar a sus dueños? La frontera entre una medida de bienestar y un exceso intervencionista nunca ha estado tan difusa.