Leire Díez y el expresidente de la SEPI: cinco amaños bajo sospecha
La detención de Leire Díez y del expresidente de la SEPI se prolonga hacia las 72 horas mientras la UCO registra Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación. La Unidad Central Operativa atribuye al grupo al menos cinco amaños por valor de 132,9 millones de euros en empresas controladas por el Gobierno, según las informaciones que circulan sobre el caso. El juez de la Audiencia Nacional investiga las operaciones por las que habrían cobrado comisiones aprovechando su influencia sobre cargos públicos.
La cifra no es menor.
132,9 millones de euros en contratos amañados, cinco operaciones, y un grupo que, según la acusación, «aprovechó sus relaciones e influencia con cargos públicos». La pregunta que sobrevuela el caso no es tanto quién cobró, sino quién pagó y por qué.
Qué se investiga y qué se ha registrado
La UCO ha acudido a sedes de Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación sobre la trama. Los registros apuntan a un entramado que habría utilizado su posición para intermediar en contratos públicos. El expresidente de la SEPI, detenido junto a Díez, habría participado en las operaciones investigadas.
Según los datos disponibles, las viviendas adquiridas en Marbella y Jaca con las comisiones podrían no ser para los detenidos. Hay quien sostiene que actuaban como testaferros de terceros no identificados. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero encaja con el patrón de comisionistas que prestan nombre y cara a cambio de una parte.
Las 72 horas: por qué se aplican y qué implican
La detención se acerca al límite legal de 72 horas antes de pasar a disposición judicial. No es un plazo habitual en casos que no son de terrorismo, y esa extensión ha llamado la atención. La razón técnica es sencilla: la policía necesita tiempo para interrogar, recabar pruebas y evitar que los investigados coordinen versiones.
En el análisis del caso se repite un argumento: quien canta primero se lleva la reducción de pena. Los que esperan al final se comen el mochuelo entero. El caso de Aldama se cita como ejemplo de quien colaboró pronto y está en la calle, frente a otros que permanecen en prisión provisional.
El dilema del prisionero aplicado a la política
La situación de Díez es un caso de manual. Si confiesa y colabora, reduce pena y gana protección. Si calla y confía en que el partido la rescate, se arriesga a que la dejen caer. La versión oficial respecto a ella, según se comenta, es que «es una simpatizante y nada más». Eso no suena a salvavidas.
Hay quien apunta que la detención la ha dejado tocada mentalmente, que su autopercepción de dignidad ha quedado dañada. Y hay quien recuerda que ya sugirió en su momento el homicidio de un alto mando de la UCO, lo que no la hace precisamente simpática a los investigadores.
El contexto: comisiones, testaferros y contratos públicos
El expresidente de la SEPI y Díez habrían comprado casas en Marbella y Jaca con las comisiones. La pregunta es si esas viviendas son realmente para ellos o para otros. La sospecha de testaferro no es descartable en un entorno donde los comisionistas prestan nombre a cambio de una parte.
El perfil de Díez desconcierta. Se supone que tenía patrimonio propio, que creó junto a otros el juego Commandos y que su compañía cotizó en el Nasdaq. Cayó en desgracia por temas fiscales y apareció en los papeles de Panamá. No necesita robar, dicen. Pero ahí está.
Qué puede pasar ahora
La libertad provisional o la prisión preventiva se decidirán en las próximas horas. Si el juez decreta prisión, la presión para confesar se multiplica. Si sale libre, la UCO seguirá recabando pruebas con ella fuera. En cualquier caso, el caso no se cierra: se abre.
Las investigaciones apuntan a una trama más amplia, con conexiones entre distintos casos que van apareciendo. La justicia tardará años en resolver. Para entonces, algunos de los implicados habrán cambiado de estatus, de cargo o de vida. Y las comisiones, si existieron, ya estarán gastadas.