¿Legalización de algunas drojas?

Legalizar drogas: impuestos, mafias y el miedo a la adicción​

Un amigo defiende la legalización de la marihuana y las drogas blandas. El otro está en contra: la sociedad ya tiene suficientes problemas de adicción como para abrir la puerta a nuevos. La discusión, planteada así de simple en una comida, es la misma que llevan años sin resolver los parlamentos de medio mundo, y en España tiene un ingrediente extra: aquí el cannabis ya se consume a cielo abierto y la cocaína es, en la práctica, accesible y barata.

Lo primero que salta al leer el intercambio es que nadie discute si la droga está disponible. Se discute si conviene reconocerlo por escrito. La prohibición no ha eliminado la demanda, solo ha decidido quién la sirve: mafias sin factura ni control de calidad, o un Estado que cobra impuestos y regula el producto. Ese es el eje real del asunto, y a partir de ahí las posturas se multiplican.

¿Por qué se dice que prohibir no reduce el consumo?​

El argumento más repetido es el del alcohol. La ley seca estadounidense no logró que la gente dejara de beber: creó mafias, arruinó a los locales legales y enriqueció a unos pocos. Con el cannabis, sostiene esta corriente, pasa exactamente lo mismo. Quien quiere fumar, fuma. Prohibir una planta es bastante difícil, y el resultado es que los problemas que pudieran generarse se los come el Estado mientras los beneficios se los quedan las organizaciones criminales.

Hay una variante económica de ese razonamiento. Si la droga se legaliza y se grava, el precio sube y el consumidor vuelve al mercado negro. El impuesto excesivo mata la legalización que dice financiar. Por eso algunos cálculos que circulan en la conversación apuntan a que un gramo de cocaína vendido en farmacia, con transporte, envasado, controles de calidad, tasas, IVA y licencias, podría salir por unos 250 euros. A ese precio, el cliente sigue comprando en la esquina.

El cálculo de la cocaína legal y el negocio que no desaparece​

La cifra de los 250 euros por gramo no es un dato oficial: es una estimación que se lanza en la discusión para demostrar que la legalización no abarata nada por sí sola. El paralelismo con el tabaco de contrabando es inmediato: si el precio legal es alto, siempre habrá quien prefiera el mercado informal. La conclusión que extraen algunos es que la recaudación soñada se queda en nada.

Frente a eso, la respuesta es que el beneficio de la mafia no se mide solo en precio. El negocio criminal se sostiene sobre la ilegalidad, no sobre el margen. Un magistrado antimafia italiano, citado en la conversación, sostiene que el argumento de quitar ingresos a las mafias legalizando las drogas blandas es falso: la mayor parte del dinero les entra por la cocaína, no por el hachís, y el beneficio de la cocaína para quien compra pasta base ronda el 2000%. Es decir, aunque se legalizara el cannabis, el gran negocio seguiría intacto.

La vía intermedia: mano dura con el grande, tolerancia con el pequeño​

Entre el todo y la nada aparece una tercera posición, probablemente la más pragmática. Mantener la situación actual para el consumo y la tenencia en lugares públicos (multa) y para el traficante de medio pelo (penas mínimas, algunos ni pisan la cárcel), pero endurecer de verdad para productores y traficantes importantes: un kilo de coca, una plantación de 300 plantas de cannabis, 30 kilos de resina. Penas de diez años para arriba y cumplimiento real.

El objetivo sería disuadir a los grandes sin saturar las cárceles, que ya están llenas de presos por droga y por robos derivados de la droga. España tiene penas de prisión superiores a la media europea y, aun así, es un buen punto de entrada y de consumo interno, y sobre todo un buen sitio para blanquear dinero. La disuasión selectiva suena razonable sobre el papel; el problema es que exige una policía y una justicia que hoy no dan abasto.

El miedo a la epidemia: adicción, salud mental y sustancias puras​

La objeción sanitaria es la más difícil de rebatir. Hay quien sostiene que el cannabis se va a convertir en una epidemia para la que no valen vacunas ni mascarillas, y que los confinamientos serán en centros psiquiátricos. No es una opinión aislada: la preocupación por el aumento del consumo si se legaliza recorre buena parte de la discusión, y quien la plantea recuerda que ya existe relación entre legalización y mayor consumo en los países que han dado el paso.

En el lado opuesto se responde con un argumento de control de calidad. Si la sustancia está regulada, el consumidor sabe qué toma; si no, se expone a productos cortados con cualquier cosa. Las sustancias de corte provocan enfermedades peores que las secuelas de la droga pura, y ahí el Estado tiene algo que ganar. La contra réplica es amarga: un familiar murió de sobredosis el día que le llegó cocaína pura. La pureza no protege de la adicción.

El cannabis como salida económica para la España vaciada​

Hay un ángulo que casi nadie espera en una discusión sobre drogas: el desarrollo rural. La plantación regulada de cannabis se plantea como una posibilidad económica para la España vaciada, un sector con demanda global, clima adecuado y suelo disponible. No es una idea descabellada: ya existen cultivos de opio con licencia y plantaciones de marihuana con distintos niveles de THC, aunque el negocio esté controlado.

El problema es que ese argumento choca con el sanitario. Si se abre la puerta, mucha gente pasaría del uso paliativo al recreativo, y eso es exactamente lo que temen quienes están en contra. La legalización no distingue entre enfermo y recreativo: regula un mercado y deja que el consumidor decida. Para unos, eso es libertad; para otros, es una epidemia con licencia.

¿Y si la droga ya es legal de facto?​

Una de las intervenciones más incómodas del intercambio es la que señala que la droga ya es legal de facto: puede encontrarse y consumirse donde a uno le dé la gana. Si eso es cierto, la discusión sobre la legalización formal se reduce a una cuestión de impuestos, controles y derechos. Quien quiera drogarse, se droga; la pregunta es si queremos que lo haga con garantías sanitarias y aportando al erario, o en un callejón y financiando a una organización criminal.

La respuesta más repetida a esa pregunta es que la libertad individual no es un cheque en blanco. Los adultos son responsables de sus actos y deben aprender a administrarse sus vicios, pero el Estado tiene la obligación de proteger a quien no sabe hacerlo. Y ahí, la línea entre libertad y abandono se vuelve difusa.

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Al final, la discusión vuelve al punto de partida: si la droga ya está disponible, si el que quiere consumir consume, y si el negocio criminal no desaparece con la legalización del cannabis, la pregunta no es si legalizar, sino qué se gana y qué se pierde con hacerlo. El único dato que nadie discute es que el 2000% de beneficio de la cocaína sigue ahí, esperando a que alguien decida qué hacer con él.