Le pagaron 700.000€ y le reclaman 1,3 millones

Albert Rivera y la demanda de 1,3 millones por competencia desleal​

La cifra que mejor resume el caso es una resta. El despacho Martínez Echeverría habría pagado a Albert Rivera 700.000 euros y él, presuntamente, habría facturado 82.000. Ahora ese mismo bufete le reclama 1,3 millones por competencia desleal, después de que la cantidad inicial llegara a situarse en seis millones. Le acusan no de holgazanear, sino de llevarse lo que no era suyo, y él ha respondido con una contrademanda. La paradoja tiene su gracia: le pagaron por lo que podía traer y le demandan por lo que, supuestamente, se llevó.

¿Por qué le demandan por competencia desleal?​

El núcleo de la acusación no apunta a un mal desempeño, sino al uso de la posición. Según la tesis de la parte demandante, Rivera habría aprovechado los contactos y la cartera que manejaba dentro del despacho para derivar clientes hacia su propia estructura. Esa es, en esencia, la figura de la competencia desleal: no que trabajaras poco, sino que te llevaras lo que se te confió.

Frente a eso, una parte del análisis sostiene que la acusación se cae por su propio peso. Si le ficharon por el enchufe y por el tráfico de influencias que se esperaba de él, exigirle después que no tocara esa red suena, cuanto menos, contradictorio. Hay quien lo resume con ironía: compraron humo y recibieron humo, no hay de qué quejarse.

Lo que sí parece fuera de discusión es la magnitud de la apuesta fallida. Pagar 700.000 euros por un fichaje que apenas generó 82.000 en facturación es, para cualquier despacho, un agujero difícil de explicar ante los socios que ponen el dinero.

El contrato que nadie sabía explicar​

Una de las piezas más citadas es la descripción del puesto que figuraba en el acuerdo: «apoyo en operaciones de inversión, fusión, adquisición o venta y el acompañamiento estratégico en la creación de oportunidades y soluciones en el marco global». Un párrafo que suena a perogrullada y que, leído en frío, no compromete a nada concreto.

Esa ambigüedad es, según una de las corrientes que recorren el caso, la clave de todo. Se le habría fichado como abrepuertas: alguien que no debía picar piedra, sino abrir puertas que otros no podían. Se cita, como precedente, el paso de directivos por bancos de inversión en vísperas de cambios políticos, pagados por su agenda más que por su mesa de trabajo. La diferencia, apuntan, es que aquel tipo de fichajes sí tocaba poder y este no.

Cuando ese acceso no se materializa —porque el partido que lo respaldaba se desinfla o porque la agenda se queda en lo social—, el contrato queda expuesto a la luz más incómoda: la de los números. Y la de un despacho que, además, habría decidido hacer pública una reclamación que también le sirve como escaparate, según otra lectura del asunto.

La contrademanda y el ataque de ansiedad en la declaración​

El intercambio de demandas tampoco ayuda a esclarecer nada. A la reclamación del despacho, Rivera respondió con una contrademanda. Los detalles de ese cruce judicial apenas han trascendido, pero la secuencia dibuja un divorcio profesional con recriminaciones mutuas.

Durante su comparecencia ante el juez, según lo que se ha difundido, el abogado sufrió un ataque de ansiedad y abandonó la sala. La pregunta que quedó flotando es qué lectura hace de ese episodio el tribunal y si una declaración interrumpida por causas médicas puede declararse nula y obligar a repetirla. No hay respuesta cerrada.

Sobre la cuantía, las versiones no coinciden. Mientras unas hablan de que la cifra inicial eran seis millones, otras precisan que siguen siendo seis, de los cuales 4,7 corresponderían a la vía civil. La horquilla no es un detalle menor: marca la diferencia entre una reclamación de daños y una simple advertencia.

La ruptura con Malú y el chalet de 600 metros​

Al frente judicial se le suma el personal. La relación con la cantante Malú habría terminado, según las informaciones publicadas, aunque las partes pidieron privacidad cuando se les preguntó al respecto. El asunto venía sonando desde hacía meses.

En medio del ruido aparece un dato inmobiliario recurrente: la vivienda en la que residía la pareja, de casi 600 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.000. Una casa que, según las versiones, era de ella. Conviene no confundir la esfera privada con el fondo del asunto, pero el desgaste de imagen en un pleito por competencia desleal no se mide solo en euros.

Lo que queda por saber​

El caso sigue abierto, con acusación y contrademanda cruzadas y sin un desenlace a la vista. Las preguntas se acumulan: ¿qué parte de los clientes que se le atribuyen pasaron de verdad de un despacho a otro? ¿Basta un contrato mal definido para sostener una reclamación millonaria? ¿Y qué ocurre cuando el fichaje estrella rinde cero?