Le hacemos caso a VOX con la baliza?

La baliza V-16 que VOX pidió impulsar y ahora cuestiona​

En junio de 2025, la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso aprobó una proposición no de ley para dar a conocer la nueva normativa sobre el uso obligatorio de la señal luminosa V-16. Ese mismo mes, VOX registró su propia iniciativa con un punto que hoy suena a contradicción: impulsar la conectividad de esa baliza con la plataforma DGT 3.0. Meses después, en el debate hay quien sostiene que la misma formación pide retirarla y la presenta como una imposición del PSOE y del PP. Cuando un partido defiende algo y luego lo contrario, la pregunta del conductor de a pie es directa: ¿a quién le hacemos caso con la baliza?

¿Qué pidió VOX con la baliza V-16 en junio de 2025?​

El texto está documentado y es explícito. La proposición instaba al Gobierno a promover una campaña mediática de sensibilización dirigida a conductores y usuarios de las vías, la garantía de máxima visibilidad y seguridad de los vehículos grúa y el impulso a la conectividad y al uso de tecnologías innovadoras como la baliza V16 o los conos inteligentes. En su defensa de la iniciativa, el diputado Alcaraz reclamó esas tres medidas de forma expresa.

Quienes defienden a la formación sostienen que en ningún punto se pedía que la baliza fuera obligatoria bajo pena de multa, ni que el dispositivo tuviera que ir conectado a la fuerza. Era, argumentan, conectividad: una palabra que a su juicio implica que cada conductor decide si comparte sus datos. La crítica responde que integrarse en un sistema público no se parece a apuntarse a un boletín. Si el aparato habla con la red del Estado, el dato sale de casa.

¿Es obligatoria ya la baliza V-16 y desde cuándo?​

El marco normativo viene de lejos. Un Real Decreto aprobado en 2022 fija la entrada en vigor de la nueva señal luminosa para 2026. Ese desfase, cuatro años entre la aprobación y la aplicación, es para los críticos motivo suficiente para tumbar la norma por defecto de forma: un decreto está pensado para asuntos de extrema urgencia que no pueden esperar a una ley ordinaria, no para proyectos que maduran un lustro. La fecha pesa porque el triángulo tiene caducidad y la V-16 aspira a ser el único dispositivo legal sustitutorio.

Ahí está el nudo. Si lo que hoy es una opción mañana puede ser la única forma de circular sin sanción, el debate deja de ser técnico. Los defensores de la baliza recuerdan que el dispositivo busca evitar el riesgo que sufren los operarios de grúa en el arcén. Los detractores no compran el envoltorio: la utilidad no convierte en voluntario lo que se impone por decreto.

¿DGT 3.0 es conectividad opcional o control encubierto?​

La plataforma DGT 3.0 permite que los conductores reciban avisos en tiempo real. Unos ven una idea excelente, ya desplegada en otros países, y sostienen que el único problema es la mano que la gestiona. Otros no aceptan el argumento: la DGT 3.0 es, a su juicio, una infraestructura estatal pensada para geolocalizar y procesar datos masivos, y una vez que el dispositivo conectado es el único legal, la palabra opcional se queda en el folleto.

Ese es el terreno donde la discusión se vuelve de confianza, no de ingeniería. A quien mira al Gobierno como un adversario le incomoda que sea ese mismo Gobierno el que recibe la señal de su coche. Y a quien le parece bien la herramienta le da igual quién la administre, hasta que cambia el inquilino de la Moncloa.

Zonas de bajas emisiones: el mismo guion en otro frente​

A la baliza le acompaña el conflicto de las zonas de bajas emisiones. Aquí la Unión Europea entra en juego, aunque no como se repite: lo que Bruselas exige son medidas temporales en los episodios de mayor contaminación, no una ZBE permanente con cámaras y multas, según sostienen quienes critican la medida. En Francia ya se han retirado, y el Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó la suya con el único voto en contra de VOX. La formación ha convocado una caravana de protesta en Madrid contra las ZBE.

El mecanismo se repite. Primero el matiz técnico, después el rechazo a todo lo que huela a imposición, y de fondo la misma sospecha: que la norma no persigue lo que dice perseguir. El ciudadano que aparca en la calle no distingue bien en qué punto la seguridad vial se convierte en recaudación.

Lo que nadie discute​

Queda el dato que descoloca. Quien en junio escribió impulsar ahora defiende lo contrario, y quien lo denuncia no puede demostrar que el Congreso hiciera caso a nadie: la proposición se aprobó, sí, pero no movió una coma de la obligatoriedad, que sigue colgada del decreto de 2022 y de su entrada en vigor en 2026. El dispositivo que unos quieren tumbar y otros dicen haber impulsado llegará igual, con pelea política o sin ella.