A ver, ese dato es falso: eso lo da el Psoe para demostrar lo de las pensiones. En España, los ingresos públicos procedentes de los impuestos se estructuran en torno a tres grandes cajas tributarias u órdenes fiscales: la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica y la Hacienda Local.
1. Hacienda Estatal (Administración Central)
Es gestionada principalmente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Se encarga de recaudar los impuestos generales y de mayor capacidad recaudatoria para sostener los gastos generales del Estado y financiar los servicios esenciales mediante transferencias.
• Principales impuestos:
• IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) - Tramo estatal.
• IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido).
• Impuesto sobre Sociedades (beneficios de las empresas).
• Impuestos Especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos).
2. Hacienda Autonómica (Comunidades Autónomas)
Las Comunidades Autónomas (CCAA) se financian a través de impuestos cedidos por el Estado (total o parcialmente) y de sus propios impuestos creados para regular sectores específicos (como el medio ambiente o el juego).
• Impuestos cedidos totalmente: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), e Impuesto sobre el Patrimonio.
• Impuestos cedidos parcialmente: El Estado les cede el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales (excepto en los regímenes forales de País Vasco y Navarra, que cuentan con su propio sistema de concierto económico).
• Impuestos propios: Cánones del agua, impuestos sobre las tierras infrautilizadas o tasas ecológicas locales.
3. Hacienda Local (Ayuntamientos y Fruta)
Es el nivel más cercano al ciudadano y se gestiona directamente a través de los Ayuntamientos. Sus tributos sirven para financiar los servicios municipales (limpieza, alumbrado, seguridad local, urbanismo).
• Impuestos obligatorios:
• IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la antigua contribución).
• IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas, para empresas que facturan más de un millón de euros).
• IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como el "número del coche").
• Impuestos potestativos (opcionales): Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la Plusvalía Municipal (IIVTNU).
Las cotizaciones sociales no van a ninguna de las tres cajas impositivas anteriores (Estado, Comunidades o Ayuntamientos), sino que se dirigen en su totalidad a una cuarta caja independiente llamada la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
En el sistema financiero público español, la recaudación se divide estrictamente en dos grandes vías:
1. Los Impuestos: Financian los servicios públicos generales (sanidad, educación, carreteras, policía) a través de las cajas estatal, autonómica y local que vimos antes.
2. Las Cotizaciones Sociales: Tienen un fin finalista y exclusivo. No se mezclan con los presupuestos generales de los ministerios ni de las comunidades autónomas.
Las pensiones de los jubilados salen de la caja de la Seguridad Social. Más específicamente, el modelo se organiza de la siguiente manera:
• El principio de caja única: Todas las cotizaciones de los trabajadores en activo y de las empresas de toda España entran a una misma cuenta centralizada (gestionada por la TGSS).
• El sistema de reparto: El dinero que entra hoy de los trabajadores actuales se utiliza inmediatamente para pagar las pensiones de los jubilados de hoy.
• Separación de fuentes: Por ley, las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad) deben pagarse exclusivamente con los ingresos de esta caja (las cotizaciones).
La excepción de los Presupuestos del Estado:
Si la caja de la Seguridad Social se queda en déficit (entra menos dinero por cotizaciones del que se necesita para pagar a los jubilados), el Estado central aprueba transferencias directas de dinero o préstamos desde la Hacienda Estatal (vía impuestos o deuda) hacia la caja de la Seguridad Social para garantizar que las pensiones se paguen íntegramente. Además, las pensiones no contributivas (para personas que no han cotizado lo suficiente) se pagan siempre directamente desde los presupuestos del Estado, no con las cotizaciones ordinarias.
Entonces se puede decir que es falso cuando dicen que las pensiones son el 40% de los pge, sí, técnicamente es correcto decir que esa afirmación es falsa o, al menos, un argumento muy impreciso que suele generar mucha confusión.
La clave para entender por qué la frase está mal planteada radica en la diferencia entre el Presupuesto del Estado y el Presupuesto Consolidado, sumada a la separación de cajas que explicamos antes.
Te lo explico de forma sencilla, visto que de la otra manera no se entiende...
¿Por qué es falso? Las dos razones principales
1. Confundir el dinero del "Estado" con el de la "Seguridad Social"
Cuando la gente piensa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), imagina la caja del Gobierno Central (el dinero que se recauda con el IVA, el IRPF o Sociedades).
Como vimos, las pensiones contributivas se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, no con esos impuestos. Por lo tanto, el dinero para los jubilados no sale de la hucha de los ministerios, sino de la caja única de la Seguridad Social.
2. El truco contable del "Presupuesto Consolidado"
El equívoco nace de la forma en que se presentan los papeles en el Congreso. Los PGE anuales no muestran solo los gastos del Gobierno central; son un presupuesto consolidado que suma en un mismo documento las cuentas de varios organismos independientes:
• El Estado central (Ministerios, Defensa, Carreteras, etc.).
• La Seguridad Social (Pensiones y prestaciones).
• Organismos autónomos estatales.
Si sumas todo en un solo bloque gigante (el presupuesto consolidado de gastos), el gasto en pensiones contributivas —que ronda los 200.000 millones de euros anuales— sí equivale aproximadamente al 40% de ese total consolidado.
Pero he aquí la trampa: para que esa suma de gastos del 40% tenga sentido, también tienes que sumar los ingresos de la Seguridad Social (los más de 150.000 millones que ingresa la Tesorería por cotizaciones).
Decir que "las pensiones se comen el 40% de los PGE" da a entender erróneamente que el Gobierno coge el 40% de los impuestos ordinarios de los ciudadanos (como el IVA de la compra o el IRPF de la nómina) y lo destina a los jubilados, dejando desamparados otros servicios públicos. Y eso no es así.
¿Cuánto aporta realmente el Estado vía impuestos?
Aunque la inmensa mayoría de las pensiones se autofinancian con las cotizaciones, es cierto que la hucha impositiva del Estado tiene que arrimar el hombro debido al déficit y a los gastos no contributivos.
El esfuerzo real que hace el Estado central (vía impuestos o deuda) para sostener el sistema se divide en:
1. Pensiones no contributivas y de Clases Pasivas: Pagadas al 100% con los impuestos generales del Estado.
2. Transferencias de equilibrio: Dinero que el Estado inyecta directamente a la Seguridad Social (unos 40.000 millones de euros anuales) para sufragar los llamados "gastos impropios" (gastos de gestión, políticas de empleo) o cubrir el desfase demográfico.
Si miramos exclusivamente la caja de los impuestos del Estado, lo que se transfiere a la Seguridad Social no representa el 40%, sino una fracción mucho menor del presupuesto neto de la Administración Central.
La tercera gran trampa contable de esa afirmación. Al omitir las cajas autonómica y local, se distorsiona por completo la realidad del gasto público en España.
Cuando se dice que las pensiones representan el 40% de los presupuestos, se está calculando ese porcentaje sobre una base artificialmente pequeña: la del sector público central. Al hacer esto, se ignora más de la mitad de todo el dinero que el sector público español gasta y recauda en un año.
Para entender la magnitud del error, el sector público en España se divide en tres grandes bloques de gasto que se reparten de la siguiente manera:
• Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (Gasto Autonómico y Local): Gestionan aproximadamente el 50% de todo el gasto público del país, ya que son las encargadas de los servicios más caros y cercanos al ciudadano, como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
• La Seguridad Social: Supone algo más del 30% del gasto público total, destinado exclusivamente a pensiones y prestaciones.
• El Estado Central (Ministerios, Defensa, etc.): Se queda solo con el 20% restante del gasto público real (excluyendo las transferencias que hace a otros organismos).
El efecto del "queso" completo del gasto público
Si metemos en una sola batidora el gasto de todas las administraciones públicas combinadas (Estado, Seguridad Social, las 17 Comunidades Autónomas y los miles de Ayuntamientos), el panorama cambia radicalmente:
• El gasto en pensiones ya no representa el 40%, sino que se sitúa en torno al 25% - 28% del gasto público total de la nación (dependiendo del año).
• El 70% restante se distribuye en sanidad, educación, infraestructuras, salarios de funcionarios, policía y el resto de servicios públicos gestionados mayoritariamente por las autonomías y municipios.
Por tanto, utilizar el dato del 40% es una manipulación o un error de bulto doble: primero, porque mezcla la caja de las cotizaciones con la de los impuestos; y segundo, porque esconde los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, haciendo parecer que el Estado se gasta casi todo su dinero en los jubilados y que apenas queda presupuesto para el resto de la sociedad.