Las mujeres representan el 90 por ciento de los opositores a jueces y fiscales

Las mujeres copan el 90% de las oposiciones a juez y fiscal​

La carrera judicial y fiscal se feminiza a un ritmo que ninguna cuota ha diseñado: el 90% de quienes opositan a juez y fiscal son mujeres y solo el 10% son hombres. No es el titular de una pancarta, sino el resultado de la I Radiografía del opositor y opositora españoles elaborada por OpositaTest sobre 2.000 consultados. La media de preparación es de 4,7 años, el programa tiene 322 temas y la última convocatoria vigente, la de 2018, marca las reglas. Con esa foto sobre la mesa, la pregunta no es si hay más mujeres. La pregunta es quién puede permitirse casi cinco años sin nómina.

Qué dice la radiografía del opositor a jueces y fiscales​

El perfil es joven y absorbente. El tramo más numeroso, un 73%, tiene entre 20 y 29 años, y un 88% afirma que opositar es su dedicación principal. Lo que separa a esta oposición del resto no es la edad, es la intensidad: el 99% de los aspirantes a juez y fiscal estudia entre cinco y siete días por semana y el 49% dedica más de nueve horas diarias. En el conjunto de la Administración de Justicia, la dedicación exclusiva cae al 55% y el reparto por sexos se queda en un 82% de mujeres frente a un 18% de hombres.

Las cifras de esfuerzo admiten otra lectura. Un 92% de los candidatos a la carrera judicial cuenta con preparador presencial y alguna herramienta digital de test; en el total de opositores, el 61% pasa por academia o preparador y un 33% estudia en solitario. Un 50% de los que apuntan a jueces y fiscales alega una mayor vocación de servicio público, frente al 13% del resto. Todo eso, junto, explica la media de 4,7 años de estudio y también por qué la primera prueba se resuelve con un test.

¿Quién paga los cuatro años y medio de oposición?​

Aquí el dato sociológico se convierte en dato económico. Una oposición de casi cinco años exige mantenimiento: alquiler, academia, preparador y una agenda sin ingresos. Hay quien sostiene que la composición por sexos no mide capacidad, sino quién puede sostener ese paréntesis vital con apoyo familiar o de pareja, y que ese colchón no se reparte igual entre hombres y mujeres. El cálculo más agresivo de esa tesis apunta a un perfil sostenido por terceros durante años, con el coste completo de la preparación externalizado.

Enfrente pesa un argumento más simple: quien se presenta, se presenta, y quien aprueba, aprueba. Si las mujeres son mayoría aplastante en las aulas de oposición, será porque estudian más horas y con más constancia; los números de dedicación semanal, de hecho, no admiten muchas réplicas. La discusión, por tanto, no es de esfuerzo, sino de condiciones de salida. Nadie sostiene que aprueben por arte de magia.

¿Por qué un examen de 322 temas de memoria favorece a un perfil concreto?​

La fase de oposición consta de tres ejercicios teóricos eliminatorios: un test y dos exposiciones orales de cinco temas sacados a suerte del temario, que hoy tiene 322 temas. Es decir, memoria y capacidad de recitado bajo presión. Una parte del análisis considera que ese diseño premia la constancia repetitiva por encima de la resolución de problemas, justo lo contrario de lo que la tecnología ha hecho en casi todos los sectores. Se argumenta que aprenderse de memoria el Código Civil tiene poco sentido cuando el texto está a un clic, y que el sistema sigue midiendo la resistencia al sufrimiento más que el criterio jurídico.

El pago del sistema es otro. Se apunta que la digitalización de la justicia en España ha cambiado el soporte, del papel al archivo ofimático, pero no el flujo de trabajo, y que siguen existiendo figuras intermedias cuya función podría estar automatizada. Si el acceso y el funcionamiento interno se diseñaran desde cero con criterios técnicos, el perfil del aprobado y el número de plazas serían otra cosa.

¿Cuotas de género solo cuando faltan mujeres?​

La objeción más repetida es la de la doble vara. Se sostiene que en titulaciones y cuerpos donde las mujeres son minoría se aplican correctivos, puntos o baremos para corregir el desequilibrio, mientras que un 90% femenino en la judicatura se interpreta como una simple victoria del mérito. Queda flotando una pregunta incómoda: si el desequilibrio es un problema por sí mismo, ¿lo es en las dos direcciones o solo en una?

Ahí el asunto se enreda. No hay un plan para corregir ese 90%, ni parece haberlo. Tampoco una explicación oficial que vaya más allá de la suma de elecciones individuales. Y mientras el equilibrio se mide con regla distinta según el signo del resultado, la composición de la cúpula judicial cambia sola, convocatoria a convocatoria.

Farmacia, administración autonómica y el resto del mapa​

La justicia no es una excepción. El 80% de los estudiantes de farmacia y el 71% de los farmacéuticos son mujeres; en provincias como Ourense, la proporción de colegiadas llega al 77%. En Galicia, el porcentaje de mujeres en la Xunta supera por primera vez el 70%, y en la Administración del Estado el empleo femenino supone el 54% del total. En las aulas de Derecho la tendencia va en la misma dirección, con carreras que superan el 75% de alumnas. El patrón no es judicial, es de todo el empleo público estable.

• Jueces y fiscales: 90% de mujeres
• Administración de Justicia: 82%
• Estudiantes de farmacia: 80%
• Farmacéuticos en activo: 71%
• Xunta de Galicia: 70%
• Administración del Estado: 54%

Con este cuadro, la llegada de talento al empleo público blindado tiene una lectura previsible: más competencia, más años de preparación y un coste privado creciente para una plaza que después nadie discute. Si el sistema de acceso sigue midiendo memoria y disponibilidad, el perfil del aprobado estará definido mucho antes de que nadie entre al examen. Queda por ver si alguien mueve el temario, la financiación o los baremos antes de que el asunto se resuelva solo por agotamiento.