Las pensiones gallegas cuelgan de medio millón de inmigrantes
Detrás de la escena que difunde la etiqueta INSAIZ está la factura demográfica que nadie quiere pagar. El sistema de pensiones gallego necesita reposición de cotizantes con urgencia: 14.000 entradas anuales no se notan. La cifra que manejan los análisis más directos sitúa el mínimo en 500.000 inmigrantes; los escenarios más exigentes elevan el listón a tres millones.
Galicia no es un caso nuevo. Lleva expulsando población desde el siglo XIX. La juventud sale porque el modelo productivo no la retiene, y el descalabro de la ganadería y la pesca —con las cuotas de la Unión Europea como telón de fondo— ha rematado lo que quedaba. Por eso la llegada de MG a Ferrol suena a intento de frenar la hemorragia, no a solución.
Hay quien sostiene que el recurso a la inmigración masiva solo alarga la agonía y evita la reforma de fondo: sin jóvenes locales, sin industria que les pague y sin relevo en el campo, las pensiones se convierten en apuesta a la carta. El otro extremo lo tiene claro: sin inmigrantes ni siquiera hay apuesta.
La pregunta que planea es si medio millón de llegadas es un objetivo realista o un parche demasiado grande. Mientras no se resuelva la ecuación de fondo, el próximo brindis puede ser el último: el sistema aguanta mientras los pagadores no calculen cuánto les toca pagar.