Langosto monta 18 infraviviendas en un almacén y lo enganchan

18 infraviviendas de 15 m² a 450 euros en un almacén de Badalona​

Samira firmó un contrato y paga 600 euros al mes por dormir con su pareja y su bebé en un habitáculo sin ventilación. Es una de las 18 infraviviendas que la Guardia Urbana desmanteló en menos de 48 horas en un almacén comercial de Badalona, una antigua carpintería donde se levantaron 18 habitáculos de 15 metros cuadrados sin licencia de obras. El propietario cobraba de media 450 euros por unidad y allí malvivían entre 25 y 30 personas, varias de ellas familias con bebés. Las obras son de este verano: en algunos cubículos aún estaban puestas las puertas blindadas.

Qué encontró la policía dentro del almacén​

El alcalde, Xavier García Albiol, descartó la chapuza. Según su versión, el propietario se gastó cientos de miles de euros en unas obras «muy sofisticadas» para convertir un local comercial y un almacén en lo que él mismo llamó zulos. No había permiso de obras y los inquilinos llevaban apenas unos meses dentro. La operación arrancó con el aviso anónimo de una vecina, que dio el paso pese al miedo a las consecuencias: «estamos hablando de una situación que conocimos hace apenas 48 horas», admitió el regidor. Albiol cargó contra el propietario y contra la empresa que comercializaba los habitáculos, y resumió su tesis en una frase: contratar a una comercializadora para vender zulos de 15 m² es «el colmo de la desfachatez».

La multa de 10 a 12 millones: quién la paga y cuándo​

El consistorio anunció expedientes disciplinarios por faltas muy graves y una propuesta de sanción de entre 10 y 12 millones de euros al propietario, ya identificado, además de dar traslado del caso a la Generalitat. «La repercusión económica va a ser importante», dijo Albiol, porque la actividad «ponía en riesgo a diferentes personas». Conviene hacer la cuenta. Dieciocho habitáculos a 450 euros de media suman unos 8.100 euros al mes, poco menos de cien mil al año. La multa propuesta multiplica esa cifra por más de cien, siempre que llegue a cobrarse: a la fecha del anuncio era una propuesta municipal, no una resolución firme.

¿Dónde duermen ahora las familias desalojadas?​

Ninguna de las personas que vivían en el almacén tiene garantizada una alternativa habitacional. La propia Samira aseguró que se quedará donde está hasta que le den una solución, y otras versiones del caso apuntan a que los afectados seguían en el inmueble ante la falta de destino. Aquí el análisis se parte en dos. Hay quien sostiene que la intervención ha dejado a estas familias peor que antes, con el mismo problema y sin techo; enfrente pesa el argumento contrario: normalizar un alojamiento sin ventilación y sin licencia no es una solución, es una prórroga. Los vecinos, que hasta ahora callaban por miedo, denunciaron además que se están construyendo más infraviviendas en otra parte del mismo bloque.

El precio lo fija la demanda: el argumento que divide​

El fondo del asunto no es moral, es económico. Una corriente del análisis defiende que el precio de un bien no depende de su coste ni de los sentimientos, sino de quienes lo demandan, y que quien ofrece un techo cubre una necesidad aunque cobre por él. La objeción tiene dos patas: la vivienda no admite sustitutivo real —no hay recambio para una habitación— y el desajuste entre una oferta rígida y una demanda creciente no se arregla con buena voluntad. El diagnóstico que se repite es que la construcción de vivienda lleva más de quince años en mínimos mientras la población no ha dejado de crecer.

De ahí salen las propuestas: habilitar naves industriales con permiso municipal, deslocalizar empresas, extender el teletrabajo, usar el AVE para vivir en Toledo, Guadalajara o Valladolid y trabajar en Madrid, o recuperar la promoción pública de vivienda obrera que se levantó a mediados del siglo pasado, cuando las ciudades crecían a golpe de chabola. Ninguna de esas ideas resuelve el problema de quien ya está dentro del almacén.

Rentismo y política de vivienda: el ruido de fondo​

El caso ha reabierto la discusión sobre la renta que se extrae de un bien básico. Desde un espacio político se reclama bajar los alquileres y se acusa al Gobierno de defender a los rentistas «porque son rentistas», mientras otra parte del análisis señala que a la extracción de renta se han sumado sectores populares con un piso alquilado, y que esa base social explica por qué el fenómeno aguanta. También hay quien apunta a la burocracia municipal como coartada: la licencia que faltaba convertía un habitáculo en delito, pero nadie discute que el problema de fondo sea la ausencia de alternativas legales y asequibles.

Del piso colmena a la cápsula de Tokio​

Badalona no es una excepción. En el área metropolitana de Barcelona se han intervenido 116 pisos colmena en Santa Coloma de Gramenet, se ha paralizado un sótano con una estación transformadora en L'Hospitalet de Llobregat y se han desalojado trasteros ocupados en Mataró. En Madrid hay quien vive en cápsulas como las de Tokio por no poder pagar un alquiler. El detalle incómodo: hay habitaciones y estudios para estudiantes que sí se tipifican como vivienda, y lo único que los separa de un zulo es una ventana y haber pasado por caja. El propio Ayuntamiento sospecha que el propietario no ha operado solo en Badalona, precisamente por el grado de profesionalización del montaje.

Con la multa en el aire y los inquilinos dentro, el mercado se queda con 18 alojamientos menos y ninguna respuesta cerrada sobre dónde dormirán sus ocupantes el mes que viene.