La venta de entradas del cine español como una moto también:

El cine español ingresa en taquilla 196 millones menos de lo que recibe en subvenciones​

Entre 2020 y 2023, el cine español recibió 435 millones de euros en ayudas públicas y recaudó 239 millones en taquilla. La diferencia, 196 millones, es el precio que el contribuyente paga por una industria que no logra conectar con el público. La cifra no es un dato aislado: el presupuesto destinado a la industria cinematográfica pasó de 85,68 millones en 2020 a 167 millones en 2023, mientras la recaudación apenas crecía de 39,4 a 82,4 millones. Hay quien sostiene que las subvenciones son imprescindibles para mantener una industria cultural propia, pero los números sugieren que el modelo se ha convertido en un pozo sin fondo.

El truco de las entradas autocompradas​

Lo primero que llama la atención es que los ingresos de taquilla ni siquiera se acercan a las ayudas. Pero los críticos van más lejos: afirman que parte de esa recaudación es ficticia. La sospecha es que muchas productoras compran sus propias entradas para maquillar las cifras y poder cumplir los requisitos de las ayudas. Esta práctica, difícil de probar pero ampliamente denunciada, explicaría por qué algunas películas dejan de estar disponibles en las plataformas de «streaming» y, al mismo tiempo, declaran públicos que no se ven en las salas. El dato de los que ni siquiera las encuentran en torrent es elocuente: si ni regaladas las quiere ver la gente, algo falla en el modelo de producción.

La herencia de la Ley Miró​

El origen de este problema hay que buscarlo en la Ley del Cine de 1983, impulsada por Pilar Miró. Aquella norma introdujo el sistema de subvenciones que, según muchos analistas, acabó con el cine popular que llenaba las salas en los setenta. Directores como Mariano Ozores, con películas como «Los bingueros», consiguieron audiencias millonarias sin recibir una sola ayuda. El nuevo modelo, en cambio, alineó el cine con el relato político dominante y dejó de lado al público que solo quería entretenerse. La ley de Miró coincidió además con el primer Oscar para una película española, una coincidencia que, visto en perspectiva, desvió la atención de lo que estaba pasando en las taquillas. Las sombras del sistema se hicieron visibles en 2009, cuando la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, fue acusada de presionar para retrasar el estreno de «Saw VI» y evitar la competencia con una película española subvencionada.

Excepciones que confirman la regla​

No todo el cine español funciona así. La saga de Tadeo Jones ha superado los 120 millones de dólares de recaudación internacional, demostrando que se puede competir sin depender del presupuesto público. Y aun así, la cuarta entrega recibió 1,4 millones de euros de subvención. El caso de Santiago Segura, que construye su taquilla al margen de las ayudas, es la excepción que confirma la regla: cuando el público es el juez, hay resultado. El resto, como dice un veterano del sector, no necesita que las entradas se vendan: necesita que se mantenga el grifo.

La polémica ha vuelto a escena cada vez que se anuncia un nuevo paquete de ayudas. Mientras tanto, el espectador ha cambiado. La piratería ya no es la excusa; las plataformas ofrecen contenido ilimitado por poco dinero. Si el cine español no consigue atraer al público en esas condiciones, difícilmente lo hará con dinero público de por medio. La pregunta que queda es incómoda: ¿cuánto más está dispuesto a pagar el contribuyente por una industria que no se sostiene?