¿Quién ordenó a la UME no apagar los incendios?
En pleno verano de 2025, España arde a un ritmo que no se veía desde hace décadas. Mientras las llamas devoran miles de hectáreas en Ávila, Madrid y el Bierzo, un rumor se extiende como la pólvora: la Unidad Militar de Emergencias tiene órdenes de no actuar. Vecinos que graban con sus móviles, bomberos forestales que trabajan 18 horas seguidas y una inversión en prevención que se ha reducido a la mitad: el cóctel perfecto para la desconfianza.
El patrón de la inacción: videos y testimonios
Desde el incendio de Pedro Bernardo en 2022 hasta los fuegos de este año, se repite una misma escena. Vecinos que ven cómo la UME llega, monta el dispositivo… y no hace nada. 「Nadie nos ayudó cuando se podía haber apagado. Todo fueron excusas」, declaraba entonces una afectada. En el Bierzo, un testimonio cuenta que de tres hidroaviones solo uno cargaba agua. Y en la DANA de Valencia, el recuerdo de la inacción militar es recurrente. Se habla de llamadas para retirar vídeos, de Guardia Civil observando sin intervenir mientras paisanos en chanclas apagan el fuego con mangueras de riego.
La defensa técnica: no es pasividad, es estrategia
Frente a la corriente conspirativa, emerge una explicación menos truculenta. En incendios de sens generación —con viento y copas de árboles ardiendo— el ataque frontal es suicida. La radiación mata a 30 metros y la velocidad de avance supera a un hombre corriendo cuesta arriba. Lo que se hace, según bomberos veteranos, es trabajar en los flancos, abrir cortafuegos kilómetros por delante y provocar contrafuegos. Visto desde una carretera, eso parece exactamente que nadie hace nada. Pero los que saben lo llaman táctica.
Los datos que alimentan la sospecha
El recorte en prevención es innegable. Según datos del debate, la financiación estatal y autonómica ha caído más de un 50%. Y el tiempo medio de extinción de grandes incendios ha pasado de menos de 2 días en 1975 —sin UME, sin helicópteros— a más de 8 días hoy. Para una parte del análisis, la causa no es el cambio climático, sino el cambio político: se ha pasado de gestionar recursos escasos con eficiencia a gestionar recursos enormes con ineficiencia deliberada. Prohibir las quemas controladas, multar la recogida de leña y desincentivar el desbroce ha convertido el monte en un pole.
El debate queda abierto: ¿inacción deliberada para castigar a comunidades problemáticas, o estrategia malinterpretada por una población traumatizada? Lo que está claro es que la confianza en las instituciones se quema más rápido que el monte. Y mientras unos y otros se acusan, las llamas siguen avanzando.