La DGT añade un curso de igualdad al trámite del carnet
Los participantes en el debate dan por hecho que el curso de igualdad obligatorio se ha colado en el trámite para sacarse o renovar el carnet de conducir. Lo sitúa ahí la Dirección General de Tráfico, según el planteamiento que recoge la polémica: quien vaya a examinarse por primera vez y quien solo quiera estirar la vigencia del permiso tendrán que pasar por una formación específica en igualdad. No es el reconocimiento médico, ni la tasa, ni el teórico. Es un módulo añadido, y buena parte de los conductores lo ha leído como un peaje ideológico antes que como una mejora de la seguridad vial.
¿Qué es el curso de igualdad obligatorio para el carnet?
La descripción que se maneja es la de una formación sobre igualdad y perspectiva de género integrada en la capacitación vial. No sustituye a nada: se suma. El escenario que dibujan los más críticos incluye a un formador descrito con sorna como el profesor con máster en género que abre la sesión avisando de que nadie quiere estar ahí. El clásico curso que se aprueba por agotamiento y del que nadie sale sabiendo más de lo que entró.
El punto del coste es donde el asunto se vuelve económico de verdad. Nadie pone una cifra cerrada encima de la mesa, pero se da por hecho que
alguien va a cobrar. La sospecha dominante es que no será gratuito y que acabará en manos de empresas homologadas que ya viven de los cursos de capacitación, con lo que la renovación se convierte en una nueva ventanilla con tarifa.
El chiringuito: quién paga el curso y quién lo cobra
Aquí el enfado deja de ser cultural y pasa a ser contable. La lectura más repetida es que detrás de cada obligación formativa hay una estructura de adjudicatarias, y que el conductor paga dos veces: como contribuyente y como usuario. El desglose que circula sobre el recorrido del dinero —tasa, curso, homologación de la autoescuela o de la empresa de formación vial— resulta más revelador que cualquier comunicado oficial.
Hay una segunda capa. Si las autoescuelas no están todas homologadas para impartirlo, el negocio se desplaza a operadores externos. Eso deja al que renueva un permiso que ya tenía metido en un aula con desconocidos, sin examen previo y con la sensación de financiar una cuota ideológica. El trámite se ha descrito como
otro chiringuito más por el que pagar, y la frase resume bastante bien el ánimo.
Adoctrinamiento: la acusación que recorre todo el debate
El grueso de las críticas no discute la igualdad como principio, sino la vía escogida. Se sostiene que las teorías del constructo de género que inspiran estos contenidos no cuentan con respaldo científico y que las que existen apuntan en dirección contraria. De ahí el paso siguiente: sin evidencia, la formación no corrige ningún problema medible, instala un relato.
Esa tesis desemboca en dos escenarios. Uno prudente: el curso será una arenga que se aguanta y se olvida. Otro menos amable: el
primer escalón de un sistema de créditos sociales en el que la formación obligatoria se convierte en condición para ejercer derechos básicos y quien no la apruebe queda degradado a ciudadano de segunda. La comparación con otros exámenes obligatorios aparece varias veces, y no como metáfora.
El frente político: VOX, la abstención y el voto que no sirve
Ningún partido se libra. Quien votó a la formación que dice representarle en contra de estas medidas sostiene tener derecho a quejarse; quien se abstuvo recibe el reproche de haber regalado el asiento a quien legisla. Y aparece la sospecha de fondo: que el partido que se presenta como antagonista sea también pieza del sistema que dice combatir, con financiadores y favores pendientes que se acaban pagando desde el poder.
Otro bloque responde con el argumento inverso. La queja es inútil porque votar legitima el engaño, y la abstención no es cobardía sino cálculo. Como telón de fondo, la idea de que el asunto sirve para que la discusión pública se vaya al chascarrillo sobre quién conduce mejor y se olvide del coste real.
El desempeño al volante: el terreno donde el debate se degrada
Una parte de las intervenciones deriva hacia tópicos sobre el distinto desempeño de hombres y mujeres al volante, con anécdotas de aparcamientos imposibles y maniobras temerarias atribuidas al otro sexo. Son generalizaciones que no resisten ninguna estadística seria y que hay quien rechaza de plano, precisamente porque son el cebo que permite desviar la conversación hacia un terreno donde la administración siempre gana.
Ahí está la trampa que se señala: convertir una queja sobre el coste y la utilidad de un curso en una pelea sobre estereotipos, que el promotor de la medida puede usar después para justificar que la formación es más necesaria de lo que parece. La maniobra, dicen, es vieja y funciona.
Con tantos frentes abiertos, lo llamativo es la uniformidad del rechazo: casi nadie ha leído el temario, casi nadie sabe cuánto cuesta y casi todos han decidido ya que no piensan hacerlo. Uno de los mensajes más repetidos resume la postura: que le esperen sentado. Y mientras el trámite sigue su curso, la única cifra que se lanza en el debate —el
95% de los conductores que se ven fuera de ciudad serían hombres, según uno de los participantes— sirve para lo de siempre: abrir otro debate que no era el que importaba.