La UE aprueba vetar empresas como Huawei y da 36 meses a España para eliminarlas

Bruselas marca 36 meses para desterrar a Huawei de las redes españolas​

La Comisión Europea ha aprobado una normativa que obliga a los Estados miembros a excluir a proveedores considerados de «alto riesgo», entre ellos Huawei, de sus infraestructuras de telecomunicaciones. España, uno de los 14 países que hasta ahora ignoraban las recomendaciones comunitarias, dispone de tres años para sustituir el equipamiento de la compañía china. El plazo parece generoso, pero el alcance de la decisión es todo un terremoto político y económico.

Un veto con años de retrat y 14 países díscolos​

Bruselas lleva más de cinco años alertando de los riesgos de seguridad que entraña la tecnología de Huawei y ZTE, pero 14 de los 27 Estados miembros —entre ellos España— han seguido contratando a la empresa china. La nueva Ley de Ciberseguridad no solo clasifica proveedores, sino también países de alto riesgo, lo que eleva la presión sobre Madrid. Datos del hilo muestran que, pese a las advertencias, la Generalitat adjudicó un megacontrato a Huawei y el Gobierno central pagó 12 millones por custodiar sistemas críticos. La pregunta es si los 36 meses son suficientes para desmantelar una relación comercial que, según fuentes del hilo, ha movido centenares de millones en contratos públicos.

El coste de la despedida: ¿quién paga la factura?​

El reemplazo de Huawei por alternativas europeas como Nokia o Ericsson tiene un precio. Los costes de las redes 5G serían «mucho más altos» que con los rivales chinos, en un momento en que varios gobiernos europeos, incluido el español, están lastrados por la deuda pública. Algunos análisis señalan que vetar es la parte fácil; la difícil es financiar capacidad industrial propia, auditar software y garantizar la soberanía tecnológica sin depender de otro gigante. Porque, como apunta una corriente del debate, cambiar a un proveedor estadounidense no resuelve el riesgo de espionaje: solo cambia de bando.

El factor Zapatero: sombras sobre la relación con China​

El veto coincide con una investigación en curso sobre los vínculos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el empresario chino al que el CNI acusa de espionaje. Según las informaciones publicadas, la UDEF detectó pagos y «cupos de petróleo» a cambio de favores para implantar el 5G de Huawei. En paralelo, el Parlamento Europeo ha censurado a Sánchez por mantener contratos «estrictamente prohibidos» por Bruselas. El hilo refleja una doble lectura: la decisión de la UE puede leerse como un golpe a la influencia china, pero también como un ajuste de cuentas con la *nomenklatura* que se benefició de ella.

Un plazo de tres años que huele a prórroga​

Algunos observadores dudan de que el veto se materialice. El historial de incumplimientos de España (14 países ignoraron la recomendación previa) sugiere que la partida no está cerrada. La Moncloa ha blindado con 81 millones los sistemas Huawei de la Seguridad Social y acaba de reactivar un contrato con la empresa para Defensa. Con estos antecedentes, los 36 meses parecen más una ventana para la negociación que una guillotina. Pero si algo ha enseñado la geopolítica reciente es que los plazos largos suelen ser el preludio de movimientos bruscos.