La policía blinda las palmas de gran canaria para evitar protestas

La policía blinda La Isleta tras quemar a una menor tutelada​

La instrucción operativa se activó en el barrio de La Isleta, en Gran Canaria, después de que un joven de 20 años y nacionalidad marroquí rociara con combustible y prendiera fuego a una menor de 17 tutelada por el Gobierno de Canarias con la que convivía en un piso okupa. La víctima, que sufrió quemaduras en el 95% del cuerpo, permanece en estado crítico y será trasladada al Hospital de Quemados de Sevilla. El detenido, Abarrafia Hader, había llegado un mes antes en patera a Lanzarote y tenía una orden de expulsión desde el mismo día de su llegada a Arrecife.

El dispositivo, bautizado como Instrucción Operativa 27 Canarias 50, arrancó con presencia simultánea de la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta y los Grupos de Atención al Ciudadano, mañana, tarde y noche, hasta el domingo. El objetivo declarado en el documento policial es anticiparse a la «presencia de aglomeración de grupos violentos de ultraderecha» y evitar «posibles altercados» en un barrio donde las fuentes policiales describen una convivencia «muy complicada» entre residentes de toda la vida y población migrante llegada en los últimos años.

El agresor tenía orden de expulsión desde el primer día​

El recorrido administrativo del detenido es, cuando menos, llamativo. Llegó en patera a Lanzarote, carecía de pasaporte o visado, se le impuso una orden de devolución a su país de origen y fue conducido al centro de internamiento habilitado en las instalaciones militares del Canarias 50, en La Isleta. Allí permaneció unos días. Después se fue. La secuencia —entrada irregular, orden de expulsión, traslado entre islas, salida del centro y ocupación de un piso— es la que varios análisis señalan como el núcleo del problema: no falló un eslabón, fallaron todos.

La menor, por su parte, estaba en situación de desamparo, provenía de una familia fuertemente desestructurada y se había escapado del centro tutelado por el Gobierno de Canarias en el que residía. La directora general de Protección de la Infancia del archipiélago confirmó que el hogar había denunciado su desaparición y había vuelto a pedir su búsqueda. La agresión se produjo en torno a las 4.00 horas de la madrugada, en el transcurso de una discusión cuyos motivos se investigan. La joven salió del piso como pudo, llegó a la calle, dijo «ha sido él» antes de que llegaran los servicios de emergencia y fue trasladada al hospital Doctor Negrín.

Qué se discute cuando se discute el dispositivo​

El despliegue policial ha generado dos lecturas enfrentadas. Una parte sostiene que el operativo existe para proteger a la población de posibles represalias y de grupos organizados que aprovechan sucesos como este para propagar violencia. Otra parte sostiene que el dispositivo no protege a nadie, sino que se limita a contener una eventual protesta ciudadana contra las políticas migratorias del Gobierno. Entre ambas posiciones circula una tercera, más incómoda: que la sucesión de fallos administrativos —orden de expulsión no ejecutada, menor fugada de un centro, piso ocupado— es el verdadero objeto del enfado.

Hay quien apunta que el patrón se repite. Se cita el caso de Torre Pacheco, en Murcia, donde tras la paliza a un hombre de 68 años por parte de un joven de nacionalidad marroquí se produjeron altercados callejeros. La instrucción policial canaria menciona expresamente ese precedente y la voluntad de evitar «las primeras horas de desgobierno» con las que, según el documento, se abordó la situación en el municipio murciano. La comparación no es inocente: sugiere que el Ministerio del Interior aprendió algo de lo que pasó allí, aunque no necesariamente lo que sus críticos querían.

El coste de no ejecutar una expulsión​

La orden de expulsión existía. El centro de internamiento existía. El traslado entre islas se hizo. Y sin embargo, el detenido acabó en un piso okupa de La Isleta con una menor fugada del sistema de protección. La pregunta que sobrevuela el caso no es ideológica, sino operativa: ¿cuántas órdenes de expulsión dictadas en España se ejecutan realmente? ¿Cuántos menores tutelados se fugan de los centros y no se localizan? ¿Cuántos pisos okupados hay en barrios con convivencia ya tensionada?

Los datos concretos no están en el material disponible. Lo que sí está es la secuencia completa, que cualquier lector puede reconstruir: entrada irregular, orden de expulsión, internamiento, salida, ocupación, agresión. Siete pasos. En ninguno de ellos intervino nadie para cortar la cadena. El blindaje policial llegó después, cuando ya había una chica de 17 años con el 95% del cuerpo quemado.