La orate mental, con bonito pandero, a la que salvaron la vida en la plaza de toros de Palma se enfrenta a una multa de 30.000€.

La activista de Palma se enfrenta a una multa de 30.000 euros por saltar al ruedo​

¿Cuánto cuesta interrumpir una corrida de toros? Si la interrupción incluye una carrera al centro del ruedo y un derribo de vuelta a la arena, el precio puede alcanzar los 30.000 euros. Ese es el importe de la sanción que la Delegación del Gobierno podría imponer a la activista animalista que este jueves irrumpió en el Coso Balear durante la segunda y última corrida del verano mallorquín, según las informaciones que circulan desde el propio festejo. La actuación, calificada como infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, alteró el normal desarrollo de un espectáculo público con unos 6.000 espectadores.

El incidente y la técnica de judo​

Los hechos ocurrieron ante las cuadrillas de Alejandro Talavante, José Mari Manzanares y Roca Rey. La joven, que lucía un lema reivindicativo pintado en el torso («stop corrida»), se plantó en la arena mientras se celebraba el festejo. La secuencia, grabada por varios asistentes, muestra cómo una persona vinculada al evento la derriba con una maniobra de judo. Lo que unos interpretan como un acto de protección para apartarla del toro, otros lo denuncian como una agresión desproporcionada que pudo acabar en lesión grave. La polémica está servida, y no precisamente en los tendidos.

30.000 euros: ¿disuasión o castigo ejemplarizante?​

La cuantía máxima de la multa, prevista por alterar un espectáculo con asistencia masiva, ha reabierto la discusión sobre el alcance de la ley mordaza. Hay quien sostiene que la protesta, pacífica y simbólica, está amparada por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, derechos que en teoría están por encima de la sanción administrativa. En el lado contrario, quienes defienden la sanción recuerdan que los asistentes pagaron su entrada para ver una corrida, no para que una particular decidiese convertir el ruedo en su escaparate reivindicativo. Algunos llegan más lejos y consideran la cifra "poco" para el escándalo montado.

¿Acabará en nada?​

La vía administrativa no es la única. Diversos análisis apuntan a que, si la activista lleva el asunto a lo penal, el juez podría decretar el sobreseimiento al no apreciar daños a personas ni bienes, dejando la sanción en papel mojado. Ya hay precedentes de protestas simbólicas en espacios públicos que quedaron impunes. Hasta que no haya resolución, la incógnita sigue en el aire.

Por ahora, el único dato seguro es que protestar en el lugar equivocado puede salir caro. Eso sí: a los 6.000 testigos que acudieron a ver toros, les salió la función con sorpresa incluida. Ya saben: si quieren ver una protesta, paguen entrada.