El mercado del alquiler turístico está sufriendo en los últimos tiempos numerosos cambios. El endurecimiento de las condiciones a los propietarios con los decretos aprobados por el Gobierno y las limitaciones que recoge la ordenanza municipal de Vigo no son los únicos obstáculos que tiene que afrontar el sector. En los últimos tiempos, las empresas que gestionan alquileres vacacionales se están encontrando con un fenómeno que está afectando seriamente a sus arcas. Y es que en los últimos tiempos se han registrado varios casos de turistas extranjeros que reservan una estancia
tanto en Vigo como en municipios como Baiona o Vilagarcía y que, cuando finaliza el periodo contratado, se niegan a abandonar la vivienda. Es más, extorsionan a los propietarios o a la empresa que gestiona ese alquiler vacacional: o les pagan 3.000 euros o no se van.
Esto ha sucedido ya en varios inmuebles. Una de las firmas que más pisos turísticos gestiona en Vigo pero que prefiere no revelar su nombre por cuestiones de imagen, ha sufrido en el último año varios casos como este y especifican que
son siempre turistas procedentes del extranjero que reservan a través de plataformas como Booking o Airbnb. Cuando se ponen en contacto con ellos, la respuesta es siempre la misma: piden una cantidad concreta de dinero, por lo general unos 3.000 euros, aunque
ha habido casos en los que reclamaron más de 10.000. Pese a numerosos intentos de negociación, se les acaba pagando en efectivo pues es la única solución que aceptan. Es más, ha habido turistas que han estado más de ocho meses en la vivienda vacacional sin pagar nada y
negándose a abandonarla hasta que el propietario o la empresa cediese a la extorsión.
«Tenemos claro que son gente que está organizada, porque no es normal lo que está pasando. Se conocen todas las triquiñuelas legales y la ley no nos permite hacer nada para recuperar la propiedad», asegura uno de los responsables de una empresa de alquileres vacacionales de Vigo. Al tener los datos de todos los huéspedes, se puso las correspondientes denuncias pero
los juicios todavía siguen pendientes, por lo que finalmente decidieron pagar para recuperar la vivienda y volverla a poner en el mercado de alquiler turístico.
Mafias
Si la propiedad está en manos de una empresa, normalmente piden cantidades más elevadas que si son de particulares. Empieza a preocupar que detrás de esos inquilinos que se atrincheran en viviendas vacacionales haya mafias que utilizan estas prácticas para sacar un rédito económico. Hay que tener en cuenta que, en estos casos, al igual que con los inquilinos segarro o los okupas en viviendas en alquiler convencional,
el proceso judicial para echarlos y recuperar la vivienda se puede alargar durante varios meses, especialmente en caso de que haya niños en el inmueble, cuando directamente se determina que es una familia vulnerable.
La situación ha llegado ya a un punto en el que hay propietarios y empresas que están recurriendo a firmas de desalojo exprés para que consigan echar a esos turistas okupas sin ceder a la extorsión. Pero hay que tener en cuenta que estas empresas también tienen un coste: contratarlas cuesta por lo general unos 3.000 euros.
Recientemente, una pareja con un niño pagaron a través de una plataforma online diez días de estancia y, cuando pasó ese tiempo, no quisieron abandonar el piso. Cuando la familia del dueño se enteró de lo que estaba pasando, al ver que la Policía estaba atada de pies y manos, contrató a esa empresa de desalojo que, en quince días, consiguió recuperar la vivienda sin pagar los 12.000 euros que en este caso exigían los turistas para irse.
