La muyer presuntamente alubia de abascal facturó 63000 euros anuales al grupo mediático próximo a vox. ellos se lo guisan y ellos se lo comen.

La mujer de Abascal facturó 63.000 euros a Intereconomía​

Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, facturó 63.000 euros anuales al grupo Intereconomía en 2019, según las informaciones que pusieron el asunto sobre la mesa. La cifra, por sí sola, no constituye delito alguno. Lo que la convierte en munición política es el circuito: Intereconomía es un grupo de comunicación próximo a Vox que, a su vez, recibe cantidades relevantes del propio partido. La mujer del líder factura a la empresa; la empresa cobra del partido que él dirige. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, resume la sospecha.

Un circuito cerrado: Vox contrata con Intereconomía y esta paga a Bedman​

La secuencia que se maneja es sencilla. Vox contrata servicios con Intereconomía. Intereconomía, a su vez, abona a la esposa del presidente del partido por una serie de servicios profesionales. Ninguna de las piezas es, en principio, ilegal: una empresa privada puede contratar a quien quiera y pagarle lo que pacte.

El problema aparece cuando se mira el conjunto. El dinero sale de las arcas del partido, entra en un grupo de comunicación afín y de ahí una parte acaba en el bolsillo de la familia del dirigente. No hace falta ningún delito para que la foto sea políticamente tóxica: un partido que hace bandera de la regeneración sostiene, de forma indirecta, el sueldo de la mujer de su líder.

¿Es legal que la mujer de Abascal facture a Intereconomía?​

Legal, sí. Limpio es otra cosa. Esa es la conclusión que se repite en casi todos los análisis, incluso en los más críticos. El argumento jurídico es que se trata de una relación mercantil entre particulares y una empresa privada: no hay dinero público, no hay contratación administrativa y no consta imputación ni resolución judicial alguna a la fecha de esta discusión.

Frente a eso, el reproche ético es difícil de esquivar. Se sostiene que el contrato no se explica por el talento de la contratada, sino por su apellido marital, y que eso es enchufismo con todas las letras, aunque sea un enchufismo legal. La defensa de quienes no ven aquí nada grave es directa: si el trabajo se hizo, cobrar por él es lo normal.

Dinero público o dinero privado: la objeción que rebaja el reproche​

El detalle que ordena buena parte del caso es de dónde sale el dinero. Cuando el sueldo cuestionado se paga con fondos públicos, la condena es inmediata y unánime. Aquí el pagador es una empresa privada, y ese matiz rebaja el reproche penal aunque no disuelva el político.

Hay quien compara ambos supuestos y concluye que no son equivalentes: en un caso el perjudicado es el contribuyente, en el otro el accionista o el anunciante. La contrarréplica es que el origen último del dinero también importa: si el grupo que paga vive de la publicidad y los contratos del partido, el contribuyente militante es quien acaba financiando la operación.

¿Por qué se contrata a una influencer y no a una agencia?​

Aquí el caso se vuelve más resbaladizo. La contratada es una figura con presencia en redes, 240.000 seguidores en Instagram según los datos que se manejan en el hilo, que publica contenido de moda, viajes y vida doméstica y que aparece vinculada a una tienda de ropa con el apellido familiar en el nombre.

El contraste que se usa para medir su valor comercial es el de Carmen Lomana, con 592.000 seguidores según ese mismo cómputo: aproximadamente el doble de audiencia. Quien defiende el contrato sostiene que ese es el mercado y que una empresa paga por alcance. Quien lo critica responde que a Lomana la ficha una firma de perfumes o de moda, no un grupo de comunicación, y que el servicio atribuido a Bedman no se corresponde con un sueldo de ejecutivo medio. La crítica va más allá: para un partido que se presenta como azote del despilfarro, esta imagen resulta difícil de vender.

De la factura a la Fundación Disenso​

Una parte de quienes siguen el asunto considera que los 63.000 euros son el chocolate del loro. El foco, sostienen, está en la Fundación Disenso, creada a partir de Vox, a la que supuestamente se habrían desviado varios millones de euros procedentes de fondos del partido y en la que Abascal aparecería como presidente con carácter vitalicio. Son afirmaciones que se lanzan sin documentación pública que las respalde en el material disponible, pero marcan hacia dónde se dirige el reproche cuando la factura deja de ser la noticia.

Conviene añadir un aviso: en los márgenes del caso circulan también teorías conspirativas sobre supuestas lealtades extranjeras del líder de Vox que no cuentan con ninguna prueba y que enturbian cualquier análisis serio del asunto económico.

Qué se juega Vox con este asunto​

El caso reúne todos los ingredientes de un desgaste lento: cifras concretas, un vínculo familiar directo y un partido cuyo relato se apoya en la ejemplaridad. También reúne todos los ingredientes de un caso que se apaga: sin dinero público, sin imputación y sin resolución judicial conocida, es complicado sostenerlo en el tiempo.

Si el asunto se queda en la factura y en el nombre de la contratada, lo más probable es que se diluya entre ruido y refutaciones. Si alguien audita las cuentas de la fundación y aparecen movimientos que no cuadren, la historia cambia de tamaño y de protagonista. A día de hoy, lo único verificable es lo pequeño: 63.000 euros y un circuito que, sin ser delito, tampoco es un ejemplo de transparencia.