La "muyer" de Perro va de cabeza a un proceso con JURADO POPULAR.

La Audiencia de Madrid confirma el juicio con jurado a la mujer de Sánchez​

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se sentará en el banquillo ante un jurado popular. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la apertura de juicio oral por tráfico de influencias y malversación, dos de los cuatro delitos que le imputaba el juez Juan Carlos Peinado. El tribunal, además, ha retirado las medidas cautelares que pesaban sobre ella y ha descartado el delito de corrupción en los negocios, mientras reconduce la apropiación indebida del software de su cátedra a malversación.

La decisión, hecha pública en las últimas horas, marca un paso clave en una causa que lleva meses generando debate sobre la independencia judicial y el trato a los allegados del poder. El jurado popular, un mecanismo reservado a delitos graves con alta alarma social, será quien decida sobre los hechos: el supuesto uso de su influencia para favorecer a empresas privadas desde la Universidad Complutense y la presunta malversación de fondos públicos al emplear a una asesora de Moncloa para actividades privadas.

El peso del jurado popular en causas políticas​

La elección de jurado no es trivial. En España, los tribunales del jurado están formados por nueve ciudadanos seleccionados por sorteo, y su veredicto puede ser más impredecible que el de un juez profesional. En casos de alto perfil político, la composición del jurado puede inclinar la balanza: algunos análisis apuntan a que, ante acusados mediáticos, los jurados tienden a ser más benevolentes —especialmente si la acusación popular genera simpatías—, mientras que en delitos económicos se muestran a menudo más severos. "Si bien los jurados suelen ser más duros que el tribunal en los casos de alto nivel, curiosamente se vuelven corderitos con muchos 0s en la cuenta", resume una corriente de opinión que sigue el proceso.

Cabe recordar que las estrategias de las defensas incluyen la recusación de perfiles que consideran hostiles. "Lo tienen fácil eligiendo señoras viejas con el pelo de colores y recusando al resto", ironiza un sector del análisis judicial, reflejando la desconfianza en la selección del jurado. El resultado, en cualquier caso, es incierto.

Las medidas cautelares caen, la presión judicial no​

La retirada de las medidas cautelares —que incluían la prohibición de salir del país y la obligación de comparecencia periódica— ha sido interpretada como un gesto de proporcionalidad por parte de la Audiencia. Sin embargo, el proceso sigue su curso. La eliminación del delito de corrupción en los negocios reduce el alcance de la acusación, pero los dos delitos restantes, tráfico de influencias y malversación, conllevan penas de prisión de hasta seis años en su conjunto.

La defensa de Gómez, mientras tanto, ha logrado que se archive la imputación por la apropiación del software, aunque la conducta se subsume ahora en la malversación. Todo apunta a que la vista oral se celebrará en los próximos meses, y el jurado popular será el encargado de dictar sentencia. "Suerte tienen algunos que las audiencias provinciales les retiran la mitad de los cargos, las medidas cautelares y les dejan tener un jurado popular", se escucha entre los críticos del sistema.

El caso sigue abierto y las partes preparan sus estrategias. Lo que está claro es que el juicio a Begoña Gómez será un test para la confianza ciudadana en la justicia: cuando el acusado es el entorno del poder, el escepticismo es la regla.