La menada de Pamplona. Ione Belarra, pamplonesa, callada como una muerta. Podemos, Bildu, PSOE, silencio absoluto.

Pamplona: cuatro detenidos y un silencio que chirría​

Cuatro jóvenes han sido detenidos por la Policía Municipal en relación con una presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada del viernes al sábado en la Carpa universitaria de Pamplona. La víctima, una joven universitaria, fue hallada semiinconsciente bajo un árbol en una zona aislada del recinto festivo y trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica. La investigación, que en un primer momento apuntaba a un único sospechoso, señala ahora a al menos cuatro presuntos implicados. El caso lo instruirá el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona, el primero de este tipo que asume competencias sobre delitos sexuales tras la entrada en vigor de la nueva ley a principios de octubre.

La noticia, sin embargo, ha caído en un charco informativo. Y ahí empieza el verdadero asunto.

El origen de los detenidos y el relato que se elige contar​

La discusión arranca con un dato que algunos medios han omitido: los cuatro detenidos son de origen magrebí. Para una parte del análisis, esa omisión es deliberada y responde a una línea editorial que decide qué violaciones merecen portada y cuáles no. Se cita el precedente de 2016, cuando cinco detenidos por un caso similar en Sanfermines fueron enviados a prisión preventiva cinco días después de su detención, y se recuerda que aquello generó cerca de 500 artículos solo en un medio nacional a lo largo de dos años.

El contraste, sostienen, es la clave: un caso con presuntos implicados autóctonos movilizó a todo el país; este, con presuntos implicados migrantes, apenas ha generado ruido. Hay quien va más allá y habla de un patrón: la nacionalidad del sospechoso determina la intensidad del eco mediático, no la gravedad del hecho.

Frente a eso, otra corriente señala que la comparación es tramposa. El caso de 2016 se convirtió en fenómeno informativo por razones que trascienden el hecho: la instrucción judicial, la acusación popular, la movilización social y un debate legislativo que acabó modificando el Código Penal. Ningún caso posterior ha tenido ese recorrido, con independencia de quién estuviera detenido.

El silencio de los partidos y el coste político de mirar a otro lado​

El foco se desplaza rápido hacia la clase política. Se pregunta por qué formaciones que en 2016 lideraron manifestaciones y comparecencias no han dicho esta boca es mía. La crítica se dirige a Podemos, a Bildu, al PSOE y a sus representantes institucionales en Navarra. El argumento que se repite: si el relato de la violencia sexual se activa o se desactiva según quién la cometa, entonces no es un relato sobre las víctimas, es un relato sobre el poder.

Hay quien apunta a una incomodidad estructural. La inmigración irregular y la delincuencia son un cruce de cables para determinadas coaliciones: negar el vínculo es negar un dato, reconocerlo es alimentar al adversario. La salida más barata es el silencio, y el silencio, en política, tiene fecha de caducidad.

Otros matizan que el silencio no es exclusivo de la izquierda. Se reprocha a la derecha y a la extrema derecha que conviertan cada caso en munición electoral antes de que exista sentencia, y que el interés por la víctima dure lo que dura el titular.

Lo que dice la ley y lo que dice el juzgado​

El caso tiene una particularidad procesal que conviene no perder de vista: será instruido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona, el primero que asume este tipo de delitos tras la entrada en vigor de la nueva ley a principios de octubre, que amplía la competencia de estos órganos judiciales a todos los delitos de índole sexual, además de los relacionados con la violencia de género.

Es decir, el primer caso que estrena el nuevo marco judicial es este. Y lo estrena con cuatro detenidos, una víctima semiinconsciente y una investigación que ha pasado de un sospechoso a cuatro en cuestión de días. La Policía Científica de la Policía Nacional realizó una inspección técnico policial entre la noche del viernes y la mañana del sábado y recogió vestigios para su análisis.

La instrucción está en marcha. No hay sentencia, no hay juicio, no hay condena. Cualquier afirmación sobre lo ocurrido más allá de lo que dice el atestado es, a día de hoy, especulación.

La trampa de la estadística selectiva​

En el fondo del asunto late una discusión más vieja: ¿se puede hablar de patrones sin caer en generalizaciones? Los datos de agresiones sexuales no distinguen por nacionalidad en las estadísticas oficiales, y cuando se cruzan origen y delito se entra en un terreno donde cada cifra se lee como un argumento político.

Una parte del análisis sostiene que ignorar la nacionalidad de los detenidos es una forma de manipulación. Otra responde que convertir cada caso en una prueba de una tesis general sobre un colectivo es precisamente lo que convierte el debate en algo irrespirable. Y en medio, la víctima: una joven universitaria que fue hallada semiinconsciente bajo un árbol y que ahora es el objeto de una pelea que no pidió.

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Queda la pregunta incómoda: si el eco mediático de una agresión sexual depende de quién la comete, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de violencia sexual?