La Guardia Civil bajo fuego: el narcotráfico desafía al Estado
La gloria de un agente en un operativo antidroga ha reabierto la polémica sobre la respuesta policial. Mientras las redes claman por una acción contundente, la realidad sobre el terreno muestra una Guardia Civil que, según sus propios agentes, carece de respaldo político y de medios para plantar cara a unas mafias cada vez más armadas.
Un anuncio que no convence
El lema «vamos a ir a por todas» ha sido recibido con escepticismo. Hay quien recuerda que en el pasado se han anunciado operaciones especiales que no se tradujeron en resultados concretos. La crítica apunta a que los cuerpos de seguridad se limitan a labores cosméticas -redadas, controles- mientras los grandes golpes se quedan en nada.
La demanda de mano dura
Una corriente más radical exige medidas excepcionales: penas de cárcel mucho más duras, prisiones militarizadas al estilo Bukele y consecuencias para las familias de los narcos. También se señala a los consumidores como parte del problema. Sin embargo, esta postura choca con la legalidad vigente y con los estándares europeos de derechos humanos.
El factor político
El escepticismo no es solo ciudadano. Dentro de los propios cuerpos se sabe que sin un mandato político claro no se puede actuar con toda la contundencia. El «en 72 horas» que ya se oyó en otras ocasiones suena a excusa para calmar a la opinión pública.
La brecha entre el discurso de mano dura y lo que ocurre sobre el terreno sigue ahí. Mientras tanto, los narcos siguen operando. Y la próxima víctima puede estar ya en el punto de mira.