La Guardia Civil debe ser disuelta inmediatamente y deben ser juzgados por un tribunal militar

De la ofrenda floral en Montjuïc a disolver la Guardia Civil​

Un piquete, un coronel del Cuerpo, otro del Ejército y una ofrenda floral en Montjuïc. Con ese guion se ha reabierto una discusión que trasciende el acto en sí: si la Guardia Civil debe ser disuelta y sus mandos juzgados. El detonante es el homenaje al general Antonio Escobar Huertas, fusilado en 1940 tras un consejo de guerra que lo declaró culpable de «rebelión militar». Según dónde se ponga el foco, el homenajeado es un mártir de la legalidad republicana o un traidor condenado en vida.

Quién era Antonio Escobar y qué hizo el 18 de julio de 1936​

Según el relato que abre el asunto, Escobar era el segundo de la Guardia Civil de Barcelona cuando estalló el alzamiento. Permaneció junto a su jefe, el general Aranguren, a la expectativa hasta que la situación se decidió. Entonces se presentó al mando de 500 guardias en la Plaza de la Universidad, donde los sublevados resistían ya malamente. Al verle llegar, estos cesaron el fuego y prorrumpieron en gritos de bienvenida, convencidos de que el cuerpo se les unía. El comandante Gibert de la Cuesta se adelantó a saludarle y recibió, en lugar de un apretón de manos, un golpe con la empuñadura del bastón de mando que lo derribó al suelo. La confusión permitió desarmar y detener a los sublevados en pocos minutos, y el alzamiento en Barcelona quedó liquidado.

Después, apunta esa misma versión, Escobar se puso a las órdenes de Companys, alcanzó el grado de general y dirigió tropas en varios frentes hasta rendirse en Ciudad Real ante el general Yagüe. Renunció a huir. En 1940 fue fusilado.

El argumento de la «rebelión militar»​

Aquí está el nudo jurídico. Quienes defienden la condena sostienen que los alzados lo hicieron no contra la República, sino contra un gobierno del Frente Popular al que consideran ilegítimo por el pucherazo electoral de febrero de 1936; que el alzamiento se ajustó a leyes republicanas en vigor —la proclamación del estado de guerra, la Ley de Orden Público de 1933, la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, el Código de Justicia Militar de 1890—, y que Escobar, al no sumarse, incurrió precisamente en «rebelión militar». La consecuencia lógica de ese razonamiento, para quien lo sostiene, es que el homenajeado no fue un leal, sino un condenado justo.

La objeción no tarda en aparecer: un militar jura lealtad a un orden constitucional, no a un bando, y buena parte de la Guardia Civil permaneció a las órdenes de la República porque esa era, sencillamente, su obligación. El propio cuerpo había sido creado en 1843, según recuerdan otros, y su función era el orden público, no el alineamiento político.

Qué sostienen quienes piden disolver el cuerpo​

El argumento de la disolución no se apoya solo en el homenaje. Se apoya, sobre todo, en la ineficacia, el desvarío y la corrupción que se atribuyen al instituto armado, de lo que se afirma que se conoce «tan solo la punta del iceberg». A eso se añade el descrédito que, según esta corriente, supone que mandos y autoridades participen en un acto así, «confundiendo obediencia y disciplina con sumisión». Hay quien va más lejos y pide que esos mandos sean los primeros en ser juzgados.

Frente a eso, otra parte sostiene lo contrario: que la Guardia Civil es el último cuerpo con disciplina militar del país, que su declive se debe a la injerencia de cúpulas civiles y a la corrupción que contamina instituciones enteras, y que disolverla sería tirar el bebé con el agua. La crítica a la nueva directora del cuerpo —a quien se reprocha, sin más arma que la opinión, su falta de formación militar— aparece en varios mensajes, igual que la tesis de que los ceses de coroneles buscan apartar a quien incomoda.

De «me salvaron la vida» a la multa que enciende a cualquiera​

El asunto baja del plano institucional al personal en cuanto alguien cuenta su experiencia. Hay quien asegura que una patrulla le salvó la vida y quien dice haber sufrido detenciones, palizas y denuncias de las que salió absuelto. La estadística anímica no cuadra: conviven la gratitud, la resignación y una hostilidad que roza el desprecio. Para muchos, el problema es que el cuerpo se ha convertido en el brazo recaudador del Estado, con radares, controles y multas que alimentan un rechazo que va más allá de lo ideológico.

Frente a esa hostilidad, hay quien defiende al cuerpo a partir de su propia experiencia; lo que se discute es el encaje de un instituto armado en un Estado que ha multiplicado cuerpos y competencias hasta el solapamiento.

¿Qué implica el artículo 18 de la ley del cuerpo?​

La propia norma interna del instituto armado le exige neutralidad e imparcialidad y prohíbe a sus miembros afiliarse a partidos o sindicatos. De ahí que una parte del análisis se pregunte si un piquete uniformado puede rendir honores en un acto de marcado carácter político sin quebrar ese mandato. La respuesta, a la fecha de esta discusión, sigue abierta. No hay consenso ni siquiera sobre el diagnóstico: unos piden refundación completa y juicio de los mandos; otros, refundir el cuerpo en una policía única y suprimir de paso las policías autonómicas; unos terceros solo exigen cambiar la cúpula y devolver la dirección a mandos del propio cuerpo.

Y el dato que descoloca: según el relato que abre el asunto, Franco estuvo a un tris de disolver el cuerpo, y fue Camilo Alonso Vega quien lo impidió. Casi un siglo después, la disolución vuelve a pedirse desde el lado opuesto del tablero.