Vlad_Empalador
CREADOR DE SUEÑOS
La falta de Presupuestos desde 2023 ha causado que Adif haya recibido la mitad de la inversión prometida por el Gobierno
En el caso de Adif Alta-Velocidad, las transferencias de la Administración General del Estado (AGE) solo han llegado al 46% del total comprometido.
Actualizada 30 octubre 2026 06:12h
Muestra de ello es que tan sólo ha recibido el 57% de los recursos comprometidos por el Ministerio de Transportes para realizar inversiones en el periodo 2021-2025.
En el caso de Adif-Alta Velocidad, las transferencias del Estado han representado apenas el 46% del total pactado, que equivale a 4.016 millones de euros.
La falta de inversión en la red ferroviaria vuelve a estar en el punto de mira después de la tragedia de Urda que hasta la fecha se ha cobrado 69 víctimas. Solo nueve meses después de la de Adamuz, que ya registró 46 personas fallecidas y en la misma vía de alta velocidad.
(imagen visible para usuarios registrados)
Adif reconoció 13 incidencias en las señales o la vía del tramo del accidente desde que Puente es ministro de Transportes
En este sentido, estas cifras reflejan deficiencias en la ejecución y la adjudicación de dinero ya comprometido con las dos sociedades que forman parte del operador ferroviario.
El convenio firmado en julio de 2021 cifra la aportación total de la Administración General del Estado (AGE) a Adif para el periodo 2021-2025 en 4.695 millones de euros, solo para inversiones.
Sin embargo, la limitación de unos Presupuestos prorrogados desde el año 2023 ha impedido que estas inversiones se cumplan. Las últimas cuentas de Adif reflejan que el Tesoro ha transferido al operador ferroviario 2.662 millones, poco más de la mitad del total.
Esto ha limitado las inversiones del operador a solo 3.516 millones, el 74% de lo que debería haber ejecutado. Dicho de otra manera, uno de cada tres euros comprometidos a mejorar y a ampliar la red no se ha utilizado.
(imagen visible para usuarios registrados)
La mala gestión política de la Alta Velocidad permitió que los trenes de Urda circularan sin sistemas de seguridad activos
Esta diferencia se explica porque Adif ha invertido por encima del dinero que le ha entregado el Estado ya que tarde o temprano recibirá todo el montante gastado. Aunque esta inyección sigue siendo insuficiente para cubrir los compromisos iniciales de inversión.
Estas limitaciones presupuestarias han obligado además a aprobar una prórroga de un año (adenda) para extender la vigencia del convenio y cubrir las necesidades del año 2026.
En ella, se han comprometido otros 943,1 millones de inversión, casi un 30% menos que el compromiso contraído para 2025 por el convenio que sigue en vigor, por no tener Presupuestos.
Según el plan en vigor, se han quedado sin usar 1.179 millones de la inversión comprometida por el Gobierno, una cifra que cobra especial relevancia si consideramos que existe un déficit de 3.600 millones en infraestructuras ferroviarias, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el departamento de estudios de la CEOE.
(imagen visible para usuarios registrados)
La Agencia de Seguridad Ferroviaria alertó de fallos de comunicación entre Adif y los maquinistas como los de Urda tras Adamuz
Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil cifra en más de 150 millones el déficit anual para el mantenimiento de las vías de alta velocidad.
Pero, ¿por qué los PGE prorrogados lastran la inversión en infraestructuras ferroviarias? Los economistas consultados coinciden en señalar que el corsé de unas cuentas obsoletas impide tener la libertad para actualizar anualmente las partidas de inversión comprometidas.
España funciona con estas prórrogas presupuestarias desde 2023, lo que implica la congelación de la mayoría de las partidas de unos PGE hechos en 2022.
Esto supone que España opera con un marco diseñado hace cuatro años, lo que restringe notablemente el margen de maniobra económica, como es el caso de la inversión en infraestructuras y especialmente en infraestructuras ferroviarias. Solo se salvan las necesidades más urgentes como las pensiones o la sanidad.
(imagen visible para usuarios registrados)
Iryo cuestiona la versión de Puente: su tren no había recibido la orden de reanudar la marcha en el accidente
La inversión de Adif se regula con el convenio 2021-2025 y con una proyección de aumentar la partida de inversión cada uno de estos años. Pero sin nuevas cuentas los techos de gasto se quedaron congelados en 2023.
Es así como Adif debe recibir más dinero para nuevas obras, pero el Ministerio de Transportes legalmente no puede transferir los incrementos planificados porque no tiene la cobertura de unos PGE actualizados que autoricen ese gasto extra.
Por ello, para cumplir con los compromisos con Adif (y con todas las administraciones), el Gobierno tiene que recurrir a la aprobación de créditos extraordinarios o modificaciones de partidas mediante reales decretos.
El Ministerio de Hacienda lleva casi tres años operando con prórrogas presupuestarias pero -según reconocen economistas con lo que ha hablado este diario- Adif no ha sido la prioridad en estas operaciones.
(imagen visible para usuarios registrados)
El CEO de Iryo alertó 23 días antes del accidente de Urda que los fallos del sistema LZB inmovilizaban a sus trenes
"La mayoría de los movimientos presupuestarios se han utilizado para gasto corriente y no para ajustar inversiones", dice Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket.
Aunque las cifras reflejan que sí se han hecho modificaciones a favor de Adif, la realidad indica que se han hecho muy por debajo de lo necesario para cubrir el déficit que se ha generado anualmente.
El Ejecutivo defiende que se han hecho reasignaciones puntuales utilizando incluso fondos europeos, pero los números indican que se han invertido 380 millones de euros menos, solo entre 2024 y 2025.
De hecho, tras la tragedia de Adamuz el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negó tajantemente que se redujera la inversión por culpa de no tener presupuestos.
Gasto en infraestructuras
Pero los economistas defienden que esta estrategia ofrece soluciones temporales y no la estabilidad, ni la agilidad de un presupuesto ordinario y unas cuentas actualizadas.Como los ministerios tienen que priorizar otros gastos fijos y obligatorios, como las pensiones o los sueldos públicos, la inversión en infraestructuras suele ser la partida que se congela o se reduce.
Para el economista Javier Santacruz, la falta de un presupuesto actualizado dificulta la periodificación de inversiones en infraestructuras y genera un claro problema de procedimiento administrativo.
"Al no existir el procedimiento ordinario de elaboración de los Presupuestos, los ministerios y sus organismos autónomos no comunican sus necesidades de financiación y para qué. Simplemente lo que hacen es luchar entre departamentos para que Hacienda les haga ampliaciones de crédito", indica.
'Next Generation'
Pero hay otro problema vinculado con los fondos europeos Next Generation. Al no disponer de unos Presupuestos generales actualizados que coordinen las subvenciones de la Unión Europea y el gasto corriente nacional, las transferencias estatales disminuyen, confiando casi todo el peso de la inversión en estos recursos.Las cuentas de Adif reflejan que durante la vigencia del convenio se han dotado 2.538 millones de los NextGen al operador entre 2021 y 2025, aunque en este caso no se entrega el detalle sobre su ejecución.
