La directora de Público cierra su twitter ante la inminente llegada del fascismo al poder

La directora de Público deja Twitter ante el pacto PP-Vox​

El 15 de junio de 2023, la cuenta que Virginia P. Alonso abrió en 2009 dejó de existir. No fue un hackeo ni una sanción: la cerró su dueña, directora del diario Público, en un artículo titulado «Llega Vox, toca cuidarse, digo adiós a Twitter». El motivo declarado es el acuerdo entre PP y Vox para gobernar el País Valencià, anunciado por el líder de los segundos en esa comunidad, un dirigente que, según el propio texto, acumula una condena previa por violencia machista. El gesto, en apariencia menor, condensa una tesis: si la ultraderecha entra en las instituciones, quien la ha combatido desde la primera línea pasa a estar en el punto de mira.

Qué promete Feijóo si llega a La Moncloa​

El artículo no se queda en la anécdota y enumera el programa que atribuye al PP. Feijóo, sostiene, quiere derogar la ley de memoria democrática, eliminar la ley trans, «ajustar» la ley de eutanasia y suprimir el Ministerio de Igualdad. Cuatro medidas con efectos medibles sobre cuatro colectivos concretos: memoria histórica, personas trans, enfermos terminales y políticas de igualdad.

A eso suma el diagnóstico de fondo. La normalización política y mediática de Vox ha sido tan veloz que recordarla ahora asusta, y su llegada se apoya en una ventaja histórica: que la institucionalidad española nunca se ha sentido cómoda llamando fascismo al régimen de Franco, pese a que, según el texto, la dictadura no habría sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. El PP es, siempre según el artículo, heredero directo de Alianza Popular, fundada por siete personas, seis de ellas exministros franquistas. Vox sería una escisión de los populares: de ahí la velocidad del hermanamiento.

¿Es Vox un partido anticonstitucionalista?​

El artículo lo da por hecho y apoya la acusación en una declaración de Santiago Abascal, que ha dicho en varias ocasiones que no quiere Estado autonómico. La objeción jurídica que se le opone en las réplicas es que la Constitución no obliga a que el Estado sea autonómico, de modo que rechazar ese modelo no equivale a situarse fuera del marco constitucional. No es una discusión menor, porque de ella depende si el adversario es un rival legítimo o una amenaza para el sistema. Ahí se juega la campaña.

Catorce años defendiendo Twitter como herramienta democrática​

La despedida no es un arrebato. La autora llegó a la red en 2009 y la describe como una especie de corrala de vecinos donde se conversaba, se discutía y se acababa conociendo a gente en persona. Cubrió el 15M a través de Twitter y lo califica de aprendizaje intenso. Presidió catorce años la Plataforma por la Libertad de Información y siete la Junta Ejecutiva del International Press Institute, defendiendo la red como instrumento de democracia participativa y de denuncia de abusos.

Ahora la define como un espacio hostil, donde apenas caben la reflexión y el sentido común, y anticipa que será peor. El cierre, dice, es una forma de cuidarse. La periodista Cristina Fallarás firma la frase que sobrevuela el texto: las revoluciones no se aplauden, se castigan. Y las últimas resoluciones del Tribunal Supremo relativas a Irene Montero son, para la autora, el ejemplo de ese castigo.

De gesto valiente a teatrillo: las dos lecturas​

Para una parte de las réplicas, el cierre es un gesto legítimo frente a lo que consideran un avance real de la ultraderecha. Para la mayoría, es lo contrario: una escenificación. Se sostiene que nadie la ha echado, que se va porque quiere y que le conviene presentarse como mártir; que la salida no mueve un solo escaño; y que la red que ahora llama hostil es la que le dio audiencia durante catorce años. La comparación más repetida tiene dos años: los que anunciaron que se mudarían de Madrid si ganaba Ayuso y siguen sin hacer la mudanza. Otra ocurrencia resume el tono: en otros tiempos se hacían huelgas de hambre; ahora se cierra una cuenta.

Hay un tercer eje, más prosaico y con la factura por delante. Aquí no se discute de libertades, se discute de quién paga. Una de las propuestas más repetidas pasa por eliminar las subvenciones a los medios y ver qué queda del paisaje editorial. En esa lectura, el cierre no responde al miedo a Vox sino al miedo a perder la caja.

El nuevo bloque y el argumento de la OTAN​

El texto mira a Polonia, Hungría y Estados Unidos para anticipar lo que viene. La réplica es geopolítica: Hungría y Polonia son aliados de la OTAN, de modo que la etiqueta de amenaza democrática choca con la foto oficial de la Alianza. Sobre el terreno, los pactos se cierran en ayuntamientos y comunidades, con Vox pidiendo poder en Educación, Agricultura, Familia y Asuntos Sociales y el PP sin problema aparente en cederlo. El artículo lo resume con una frase seca: no es un síntoma, es la enfermedad.

El detalle que descoloca no está ni en el programa ni en el pacto. Está en que la cuenta desaparece y el pacto sigue. Catorce años defendiendo la libertad de información y siete en la ejecutiva de un instituto internacional de prensa no impidieron que el gesto más visible de una directora de periódico fuera borrar su perfil. Los que celebran el cierre tampoco ganan nada con él. Celebran que alguien deje de hablar.