La criminalidad sube en España con un aumento de homicidios (+10%) y de agresiones sensuales con peinetración (+3,8%)

Los homicidios se disparan un 10,6% pese al discurso oficial​

El Ministerio del Interior ha publicado el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2026 y la foto no es bonita. El número total de infracciones penales alcanzó las 595.240, un 1% más que en el mismo periodo de 2025. Pero lo que realmente salta es el repunte de los delitos más graves: los homicidios y asesinatos consumados aumentaron un 10,6% y las lesiones graves y riña tumultuaria, un 11,1%. Las agresiones sexuales con penetración también subieron, un 3,8%.

Una tendencia que choca con el relato oficial​

Los datos llegan solo unos meses después de que el ministro Marlaska asegurara que la criminalidad descendía. La realidad estadística dice lo contrario, al menos en los delitos de mayor impacto social. Algunos analistas sospechan que las cifras reales podrían ser aún peores, dado que los balances oficiales tienden a maquillar ciertos indicadores. El propio ministerio reconoce que el 79,4% de los delitos se concentran en la categoría de criminalidad convencional, aunque el informe se corta justo ahí.

El debate sobre las causas​

Las interpretaciones chocan. Por un lado, los que señalan a la inmigración como factor explicativo; por otro, quienes lo niegan por sistema y acusan de xenofobia. Lo cierto es que, a falta de un desglose por comunidades autónomas –que algunos piden para ver la correlación con zonas de mayor llegada de inmigrantes–, el dato agregado no permite atribuciones causales claras. Lo que sí está claro es que el miedo a sufrir un delito grave es cada vez más real: un cálculo rápido sitúa la tasa en 40 delitos por cada mil habitantes, lo que significa un delito cada 25 años de media.

Un contexto que invita a la cautela sobre los datos​

La fiabilidad de las estadísticas del Interior siempre ha estado bajo sospecha. Con este nuevo balance, las dudas se refuerzan. Si la tendencia se consolida, el impacto sobre la percepción de seguridad y, por extensión, sobre la economía –seguros, inversión inmobiliaria, turismo– será inevitable. Pero la pregunta que nadie responde es: ¿hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a reconocer el problema?

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