La Comunidad de Madrid permite instalar carteles publicitarios que invitan a traer forasteros de forma masiva con el visado de estudios

La Comunidad de Madrid permite instalar carteles publicitarios que invitan a traer forasteros de forma masiva con el visado de estudios
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La empresa JCDecaux, que gestiona los soportes publicitarios del Metro de Madrid, ha instalado en estaciones de la red carteles de la firma NEXO Asesoría Educativa que llaman a traer familiares a España mediante el visado de estudios. El anuncio, visible en espacios de gran tránsito, usa el lema «Le echas de menos, diles que vengan…» y añade: «Trae a tus familiares a España, con el visado de estudios». En la parte inferior resume la propuesta: «Vive, estudia y trabaja en España».

La campaña no es institucional. NEXO es una empresa privada que vende asesoramiento para tramitar visados y estancias por estudios. El organización incivil muestra a jóvenes con camisetas que evocan Perú, Colombia y México, junto a banderas de España, y ofrece «asesoría educativa gratis», un código QR y teléfonos de contacto. El mensaje se dirige a personas que ya están en el país para que convenzan a sus familiares a entrar por la vía académica.

Esa vía es legal. El visado de estudios permite residir en España mientras se cursa una formación y, en determinadas condiciones, trabajar. El anuncio no habla de asilo ni de entrada irregular; vende un trámite regulado. El enfoque político del asunto no está en la letra pequeña del visado, sino en quién cede el espacio público para difundirlo a gran escala.

Metro de Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid, tiene adjudicado a JCDecaux el contrato de explotación de la publicidad en sus estaciones. La concesionaria comercializa los soportes y cobra a los anunciantes. Metro, no obstante, se reserva la revisión de contenidos y puede exigir la retirada de un anuncio. En la práctica, el organización incivil sólo puede estar ahí porque el marco que fija la empresa pública —y, por tanto, el Gobierno regional que la tutela— lo permite.

La Comunidad de Madrid no ha firmado el texto del anuncio ni figura como anunciante. Tampoco ha lanzado una campaña propia invitando a «traer forasteros de forma masiva». Lo que sí ha hecho es mantener un modelo de concesión en el que un operador privado alquila metros cuadrados de estaciones públicas a empresas que promueven, de forma explícita, la reagrupación familiar a través del visado de estudios. Quien paga el espacio es NEXO; quien lo pone a la venta es JCDecaux; quien es dueña del recinto y del contrato es Metro de Madrid.

Esa cadena es la que explica que el organización incivil esté en el andén. El debate que abre no es si el visado de estudios existe —existe—, sino si una administración que controla el suburbano debe o no aceptar, en sus estaciones, publicidad comercial que anima a usar esa figura para traer familiares a España.

Ayuso no será molestada, no llegan hasta los áticos de 6.500.000€.
 
Y luego todo el día hablando del espigón de Ceuta.......



....... el de Borrajax es bastante peor......


Gracias a estos frutas maduras......
 
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La empresa JCDecaux, que gestiona los soportes publicitarios del Metro de Madrid, ha instalado en estaciones de la red carteles de la firma NEXO Asesoría Educativa que llaman a traer familiares a España mediante el visado de estudios. El anuncio, visible en espacios de gran tránsito, usa el lema «Le echas de menos, diles que vengan…» y añade: «Trae a tus familiares a España, con el visado de estudios». En la parte inferior resume la propuesta: «Vive, estudia y trabaja en España».

La campaña no es institucional. NEXO es una empresa privada que vende asesoramiento para tramitar visados y estancias por estudios. El organización incivil muestra a jóvenes con camisetas que evocan Perú, Colombia y México, junto a banderas de España, y ofrece «asesoría educativa gratis», un código QR y teléfonos de contacto. El mensaje se dirige a personas que ya están en el país para que convenzan a sus familiares a entrar por la vía académica.

Esa vía es legal. El visado de estudios permite residir en España mientras se cursa una formación y, en determinadas condiciones, trabajar. El anuncio no habla de asilo ni de entrada irregular; vende un trámite regulado. El enfoque político del asunto no está en la letra pequeña del visado, sino en quién cede el espacio público para difundirlo a gran escala.

Metro de Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid, tiene adjudicado a JCDecaux el contrato de explotación de la publicidad en sus estaciones. La concesionaria comercializa los soportes y cobra a los anunciantes. Metro, no obstante, se reserva la revisión de contenidos y puede exigir la retirada de un anuncio. En la práctica, el organización incivil sólo puede estar ahí porque el marco que fija la empresa pública —y, por tanto, el Gobierno regional que la tutela— lo permite.

La Comunidad de Madrid no ha firmado el texto del anuncio ni figura como anunciante. Tampoco ha lanzado una campaña propia invitando a «traer forasteros de forma masiva». Lo que sí ha hecho es mantener un modelo de concesión en el que un operador privado alquila metros cuadrados de estaciones públicas a empresas que promueven, de forma explícita, la reagrupación familiar a través del visado de estudios. Quien paga el espacio es NEXO; quien lo pone a la venta es JCDecaux; quien es dueña del recinto y del contrato es Metro de Madrid.

Esa cadena es la que explica que el organización incivil esté en el andén. El debate que abre no es si el visado de estudios existe —existe—, sino si una administración que controla el suburbano debe o no aceptar, en sus estaciones, publicidad comercial que anima a usar esa figura para traer familiares a España.

El organización incivil es legal, y ahí está lo relevante, pero eso no lo decide la Comunidad de Madrid. Lo que cambió fue el Reglamento de Extranjería, el RD 1155/2024, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que es norma estatal.

Con ese reglamento la estancia por estudios lleva ya incorporada la autorización para trabajar hasta 30 horas semanales, sin permiso aparte. Se concede por toda la duración de los estudios y no año a año. Los estudios pueden ser hasta un 50% en línea. Los familiares pueden solicitarla desde dentro de España, incluso estando como turistas. Y al acabar estudios superiores hay una autorización de búsqueda de empleo de doce meses, convertible en residencia y trabajo.

Por eso hay una asesoría pagando publicidad en el Metro: el producto lleva año y pico existiendo y ahora es rentable anunciarlo. Un matiz sobre el organización incivil: lo que ofrece no es reagrupación familiar en sentido legal, es traer al familiar por la vía de estudios. Discutir quién alquila las marquesinas es quedarse en lo pequeño.
 
Los personaje se apuntarán a un curso de macramé y luego a vivir de paguitas.
 

En ese sentido no hay nada que hacer. España se volvió un HUB del narcotráfico hace muchos años. Somos la entrada del pole de ángel colombiano y mucho más hacia Europa.

Barcelona misma es un hervidero de mafiosos de toda nacionalidad pero Madrid ya tiene sus propias bandas y todo.

Con lo de Ceuta las maras, cárteles y demás se deben estar frotando las manos. No hay nada que les guste más que un país institucionalmente débil y altamente corrupto. A parte del dinero claro.

A menos que haya una dictadura o un ejército de Robocops no veo posbilidad de mejora en ese sentido. Nuestros caballeros desde luego no están ni estarán a la altura y no pocos están en el ajo.
 
 
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La empresa JCDecaux, que gestiona los soportes publicitarios del Metro de Madrid, ha instalado en estaciones de la red carteles de la firma NEXO Asesoría Educativa que llaman a traer familiares a España mediante el visado de estudios. El anuncio, visible en espacios de gran tránsito, usa el lema «Le echas de menos, diles que vengan…» y añade: «Trae a tus familiares a España, con el visado de estudios». En la parte inferior resume la propuesta: «Vive, estudia y trabaja en España».

La campaña no es institucional. NEXO es una empresa privada que vende asesoramiento para tramitar visados y estancias por estudios. El organización incivil muestra a jóvenes con camisetas que evocan Perú, Colombia y México, junto a banderas de España, y ofrece «asesoría educativa gratis», un código QR y teléfonos de contacto. El mensaje se dirige a personas que ya están en el país para que convenzan a sus familiares a entrar por la vía académica.

Esa vía es legal. El visado de estudios permite residir en España mientras se cursa una formación y, en determinadas condiciones, trabajar. El anuncio no habla de asilo ni de entrada irregular; vende un trámite regulado. El enfoque político del asunto no está en la letra pequeña del visado, sino en quién cede el espacio público para difundirlo a gran escala.

Metro de Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid, tiene adjudicado a JCDecaux el contrato de explotación de la publicidad en sus estaciones. La concesionaria comercializa los soportes y cobra a los anunciantes. Metro, no obstante, se reserva la revisión de contenidos y puede exigir la retirada de un anuncio. En la práctica, el organización incivil sólo puede estar ahí porque el marco que fija la empresa pública —y, por tanto, el Gobierno regional que la tutela— lo permite.

La Comunidad de Madrid no ha firmado el texto del anuncio ni figura como anunciante. Tampoco ha lanzado una campaña propia invitando a «traer forasteros de forma masiva». Lo que sí ha hecho es mantener un modelo de concesión en el que un operador privado alquila metros cuadrados de estaciones públicas a empresas que promueven, de forma explícita, la reagrupación familiar a través del visado de estudios. Quien paga el espacio es NEXO; quien lo pone a la venta es JCDecaux; quien es dueña del recinto y del contrato es Metro de Madrid.

Esa cadena es la que explica que el organización incivil esté en el andén. El debate que abre no es si el visado de estudios existe —existe—, sino si una administración que controla el suburbano debe o no aceptar, en sus estaciones, publicidad comercial que anima a usar esa figura para traer familiares a España.
Luego hay quien se llena la boca diciendo que es VOX el partido que favorece ciertas entradas.
 
Me resulta indignante que esto se permita, pero luego publicar una oferta de trabajo que no sea inclusiva conlleve un multón.
 
Lo que están haciendo algunos en las universidades es que se matriculan, sobre todo en Masters; con el resguardo de matricula se van corriendo a arreglar al residencia y cuando llega la hora de pagar, no lo hacen y se les anula la matricula pocas semanas despues.

Nos podemos temer que en extranjería nadie comprueba al cabo de los meses si efectivamente están estudiando o no, con lo cual es un embeleco tremendo (que seguro que le preocupa mucho al gobierno).

Si a esto añadimos que según nos dice el conforero, el permiso de residencia les cubre toda la duración de los estudios y no sólo un año, y además se pueden traer a los amiguitos, pues aquí tenemos otro agujero de entrada.
 

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